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La
regulación de las inversiones y el flujo de capitales son temas clave en las
negociaciones para instalar un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Las disposiciones sobre inversiones cuentan con su propio capítulo en los
borradores del ALCA, tal como se indicó en un anterior boletín de SIREL. En
este caso para profundizar en esta problemática se ofrece una breve revisión
sobre la marcha de la inversión en el sector agroalimentario, y sus
consecuencias referidas a la transnacionalización y extranjerización.
La
inversión está asociada a profundas modificaciones en el escenario productivo:
cambia la propiedad de las empresas, con una mayor presencia de compañías
extranjeras, y en especial de las transnacionales; a la vez, existe una
concentración en un número menor de firmas debido a fusiones y adquisiciones.
Las
empresas extranjeras, y en especial las que no son Latinoamericanas, aumentan su
presencia en el continente. Entre las 500 empresas más grandes de la región,
las compañías transnacionales aumentaron su participación del 27% (en 1990 a
1992) al 43% (en 1998-1999), según el reciente anuario sobre inversiones de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Mientras las empresas
privadas nacionales se mantuvieron aproximadamente en el 40% de la participación,
las estatales cayeron del 33% al 19%. Estos datos muestran claramente tanto un
proceso de transnacionalización como de privatización. Esto explica la
importancia que los ejecutivos de esas firmas otorgan a los acuerdos de
liberalización comercial, y en especial a que contengan cláusulas que aseguren
sus inversiones y la posibilidad de extraer sus ganancias.
Entre
las primeras 100 empresas transnacionales, el 50% de las ventas corresponde a
firmas europeas, mientras que un 43% a las de EE.UU. La presencia de estas
empresas está concentrada en Brasil, México y Argentina. El rubro más
representado es el automotriz (25% de las ventas), mientras que alimentos y
bebidas alcanzan un 11% (un poco por encima de las telecomunicaciones y petróleo,
con 10% cada uno), lo que deja en claro la importancia de ese sector. Esa
relevancia aumenta cuando se considera que en el rubro comercio (10% de las
ventas), incluye a empresas como Carrefour y Walmart, dedicada a los
supermercados.
En
efecto, entre las 100 empresas transnacionales con las mayores ventas en América
Latina, hay por lo menos 17 compañías del sector agroalimentario. Sus países
de origen son en primer lugar EE.UU., y le siguen Francia, Reino Unido, Italia,
Canadá, Suiza y Países Bajos. Los sectores específicos representados son la
alimentación, bebidas, tabacos y cadenas comerciales. Las cinco empresas más
importantes por sus ventas son Carrefour/Promodés (con ventas que casi llegan a
los mil millones de dólares), la cadena de supermercados Walmart, la compañía
suiza Nestlé, la empresa Unilever de los Países Bajos y el Reino Unido, y la
agrícola Cargill de EE.UU. Los principales países residentes de estas empresas
son Argentina, Brasil y México
El
peso de estas compañías extranjeras ha aumentado también por las sucesivas
adquisiciones y fusiones que se dan entre ellas. Ese proceso en buena medida
depende de la Inversión Extranjera Directa (IED). En ese sentido, la CEPAL
advierte que la fuerte inversión externa de la década de 1990 generó
“profundas transformaciones, tanto en la estructura competitiva de los países
y subregiones como en la estructura de la propiedad industrial”. En aquellos
casos donde la IED se orientó a sectores basados en recursos naturales, como el
agroalimentario, o al mercado local o regional, como la alimentación, no se
aumentó la competitividad.
Esto
a su vez se asocia a una homogeneización de los mercados, donde cada vez son
menos las empresas participantes, y también es menor la diversidad de
productos. Los resultados de esta tendencia son fácilmente advertibles
visitando los supermercados en las grandes ciudades de cada región: productos
iguales, estrategias de publicidad similares se repiten en las cadenas de ventas
en Buenos Aires, Santiago, Montevideo y Asunción; otro tanto sucede en Panamá,
San José y Tegucigalpa.
En
el sector alimentos, bebidas y tabacos han tenido lugar al menos 40 compras de
empresas privadas por inversionistas o fusiones entre empresas privadas; al
menos 13 de ellas tuvieron un valor mayor a 100 millones de dólares. Esas
compras totalizaron casi 4 mil millones de dólares. Entre las cinco más
importantes se encuentran la compra de Arisco Industrial Ltda. (Brasil) por
Bestfood (EE.UU.), Habanos de Cuba por Alliance Tabac Distribution (España),
Molinos Río de la Plata (Argentina) adquirida por el Grupo Pérez Companc
(Argentina), Frigorífico Chapecó (Brasil) por el Grupo Macri (Argentina) y
Canale (Argentina) por Terrabusi (Argentina). Estos casos, así como otros,
muestran que además de las adquisiciones por empresas transnacionales también
han operado importantes compras por empresas Latinoamericanas, especialmente
argentinas.
En el sector comercio existieron 12 compras, casi todas involucrando cadenas de supermercados especialmente por los grupos Disco (Argentina), y Casino (Francia), totalizando unos U$S 4000 millones. Los montos de estas transacciones son más elevados que en el sector alimentos y bebidas, y también envuelven a varias empresas Latinoamericanas.
Las
operaciones en el sector alimentos y bebidas tienen la particularidad de estar
muy asociadas a ciertas condiciones que aseguran el consumo. Por ello, las
operaciones en ese sector se han concentrado casi exclusivamente en Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay, con fuertes estrategias de marketing y publicidad
orientadas hacia los consumidores de medios y altos ingresos.
Finalmente
debe subrayarse que la compra del 100% del paquete accionario de Arisco por
Bestfood (por un valor de $ 752 millones de dólares), fue la compra más
importante para todo el sector
manufacturero. Esto deja en claro la creciente importancia del sector alimentación,
así como la caída concomitante de las viejas industrias Latinoamericanas, como
las metalúrgicas. En realidad, el mayor volumen de fusiones y adquisiciones han
tenido lugar en el sector servicios (con más de $ 67 mil millones de dólares).
El proceso de concentración, sea por empresas extranjeras o nacionales, termina generando varios impactos negativos en los trabajadores de las propias empresas, como en sectores asociados de las economías nacionales, especialmente en los rubros agropecuarios y alimentarios. La tendencia hacia la concentración usualmente está asociada a procesos llamados de "re-ingeniería" de las empresas, que en realidad significan ajustes de los costos por medio de medidas tales como la reducción de puestos de trabajo, ampliación de las horas de trabajo, precarización del empleo (con caída en las coberturas sociales, pérdida de beneficios de las horas extras, etc.). El impacto de estos procedimientos sobre los empleados y obreros es enorme, y ha sido denunciado en varios países.
El
proceso de deterioro también incluyen otros aspectos que finalmente impactan
sobre los trabajadores, aunque a veces pasan desapercibidos. En especial se
deben mencionar los mercados oligopólicos, donde la concentración otorga
enorme poder. De esta manera unas pocas firmas logran imponer nuevas condiciones
en la compra de productos como alimentos, hortalizas, frutas, etc., afectando
negativamente a pequeñas y medianas empresas, así como a los productores
rurales. Sus márgenes de rentabilidad se reducen, deteriorando las condiciones
de trabajo en esas empresas. A ello se suma que las grandes compañías
transnacionales pueden instalar sus propios circuitos de exportación-importación,
de donde la búsqueda de los productos más baratos se realiza también más allá
de fronteras.
Las
intervenciones gubernamentales en cualquiera de estos problemas corren el riesgo
de ser calificadas como "expropiaciones indebidas" bajo el propuesto
acuerdo del ALCA. Ello puede suceder tanto con exigencias que atiendan a las
condiciones de trabajo, como con requisitos de sellos sobre la calidad de los
alimentos. Estas y otras medidas podrán ser refutadas por las empresas,
entablando acciones contra los gobiernos.
Los
gobiernos de América Latina en los últimos años han fomentado el ingreso de
inversiones extranjeras. Han simplificado las regulaciones para invertir, se ha
otorgado condiciones de trato nacional (en algunos incluso reciben un
tratamiento preferencial por medio de exoneraciones y otros beneficios, en
particular fiscales), prácticamente se han desmontado las regulaciones para
retirar ganancias, se simplificaron los sistemas tributarios, y se han reducido
muchas regulaciones laborales y de otro tipo. Tímidas medidas que sobre todo
apuntaban a los capitales especulativos están en proceso de ser desmontadas, o
ya lo han sido (en Chile, Brasil y Colombia). Vivimos la paradoja que los países
compiten por atraer inversores.
En caso de aprobarse el actual borrador sobre inversiones del ALCA, estas
tendencias se reforzarían.
Frente
a esta situación es indispensable volver a estudiar regulaciones sobre el flujo
de capitales. Este ha sido un fuerte reclamo de muchas organizaciones
ciudadanas, y apuntan especialmente hacia los capitales especulativos, pero
también a lograr que las condiciones laborales o ambientales mantengan su
vigencia. Uno de los mecanismos que se mencionan con frecuencia es la Tasa
Tobin ha imponer sobre flujos de capital. Sin embargo resulta evidente que sea
ese u otro tipo de regulación, aquel país que la llevara a la práctica corre
el riesgo de ser abandonado por los inversores. En efecto, esos capitales se
moverían allí donde las restricciones y controles fueran menores. La mejor
manera de superar este problema es coordinar esas medidas entre las naciones, de
donde queda en claro que es necesario un proceso de integración, aunque
orientado en un sentido muy distinto a la actual propuesta del ALCA.
Autor:
Eduardo Gudynas
Centro
Latino Americano de Ecología Social (CLAES)
claes@adinet.com.uy
www.ambiental.net/claes
©
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