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La Agenda Agropecuaria en el ALCA
Los
gobiernos de las Américas en sus negociaciones sobre el ALCA (Area de Libre
Comercio de las Americas) acordaron importantes pasos sobre los temas
agropecuarios. En la Cumbre Presidencial de Quebec (Canadá), se aprobó un capítulo
sobre desarrollo rural en el Plan de Acción, con un contenido muy modesto y
volcado a las agroindustrias, las resoluciones más importantes tuvieron lugar
en Buenos Aires (Argentina). Allí se habían reunido días antes los
viceministros encargados de asuntos comerciales de los 34 países del hemisferio
que vienen negociando la liberalización comercial.
En
la capital argentina, tal como se indicó en un SIREL anterior, se llegaron a
acuerdos sobre la agenda y tiempos de la negociación. Esos acuerdos incluyeron
un capítulo completo dedicado al comercio agropecuario, así como otros
referidos a temas como subsidios, inversiones, etc., y que tienen fuertes
implicancias para el desarrollo rural.
El
temario agrícola
Como
parte de las negociaciones dentro del ALCA existe un grupo específico para
temas agrícolas. Este, conocido como Grupo de Negociaciones en Agricultura,
recibió una agenda ambiciosa y un calendario muy corto. Deberán abordar una
enorme lista de temas, acordar recomendaciones y el
1 de abril del 2002, con el propósito de ser evaluadas un mes más tarde por el
ámbito inmediatamente superior, donde convergen los resultados de cada uno de
los grupos temáticos. Esto quiere decir que en más o menos un año se deberán
acordar los puntos de partida, los temas y prioridades, así como buena parte de
las metodologías de la subsiguiente negociación comercial.
Los
temas que se deben acordar en agricultura son los siguientes:
recomendaciones
sobre métodos y modalidades para la negociación arancelaria; el alcance y
metodología para la eliminación de los subsidios a las exportaciones que
afectan el comercio de productos agrícolas; tipos de medida y metodologías
para el desarrollo de las disciplinas a adoptar para el tratamiento de todas
las prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas,
incluyendo aquellas que tienen efecto equivalente a los subsidios a las
exportaciones agrícolas (estas recomendaciones no tendrán limitación, y
podrán abordar todos los elementos y temas que los gobiernos consideren
necesarios);
identificación
de las medidas no arancelarias, incluyendo un primer inventario de ellas a
fin de establecer una metodología, incluyendo un cronograma, cuando fuera
apropiado, para la eliminación, reducción, definición, redefinición,
reordenamiento y / o prevención de las barreras no arancelarias;
establecer un proceso de notificación y contranotificación de medidas sanitarias y fitosanitarias; y las formas de evitar que estas medidas se constituyan en obstáculos injustificados al comercio. Como es obvio, el contenido temático es enorme y afecta prácticamente todos los campos del comercio exterior agrícola.
A
esto se suma que en otros grupos de negociación también abordarán cuestiones
directamente relacionadas con el sector agrícola, y entre ellos se destaca el
de Accesos a Mercados. Finalmente, las propias resoluciones de Buenos Aires
indican que se podrán sumar otros temas.
Muchos
temas en poco tiempo
Frente
a estas tareas se pueden adelantar algunas reflexiones sobre sus implicancias y
consecuencias para los trabajadores rurales y sus familias. En primer lugar, se
debe tener en claro que los temas en negociación poseen la potencialidad de
afectar drásticamente toda la producción agropecuaria Latinoamericana.
Recordemos que una parte importante de esa producción está orientada a la
exportación, así es que cualquier medida en ese campo afectará a los
campesinos, las empresas del sector, y sus trabajadores. De la misma manera, en
América Latina también se vive un aumento constante de la importación de
agroalimentos, de donde las medidas de comercio exterior también afectarán ese
flujo, con consecuencias especialmente en el sector alimentos.
En
segundo lugar, el tiempo que se dispone para las recomendaciones es muy
limitado. Son justificadas las dudas que se elevan sobre la capacidad de los
ministerios de agricultura como de las cancillerías para abordar esta enorme
agenda con sus recursos humanos y financieros acotados. Se corre el riesgo que
muchos temas claves pasen desapercibidos, que se pierdan las chances de
conseguir mejores condiciones de negociación, e incluso que se acepten medidas
que después resulten negativas.
En
ese sentido, y en tercer lugar, cobran enorme prioridad la forma en que se
negociarán los balances entre protección y liberalización comercial en el
sector agropecuario. No olvidemos que los gobiernos Latinoamericanos critican ácidamente
las prácticas proteccionistas de Estados Unidos y Canadá, reclamando la
liberalización comercial inmediata. Sin embargo, esas medidas no necesariamente
auguran bonanzas económicas, ni reducir los problemas económicos en el medio
rural, como lo atestiguan la crisis que viven los pequeños granjeros de Estados
Unidos. En realidad, en las negociaciones se deberían contemplar medidas de
salvaguarda social, laboral y ambiental para remontar la pobreza rural en todo
el continente, pero los gobiernos de la región se oponen tenazmente a
considerarlas.
La
experiencia de México dentro del Tratado de Libre Comercio de Norte América
(conocido como NAFTA o TLCAN), ofrece ejemplos de lo que podría suceder en el
resto del continente. Ese país sufrió una verdadera invasión de productos
agroalimentarios desde EE.UU., especialmente maíz, sin cumplir las propias
cuotas de salvaguardas que se había establecido en el acuerdo para proteger a
los campesinos mexicanos. El resultado fue un drástico impacto sobre los pequeños
y medianos productores rurales, diezmando la generación alimentaria local de México,
y limitando todavía más su soberanía alimentaria. Esa experiencia deja en
claro que se deberán establecer muy claras medidas de salvaguardia y protección
del sector agropecuario, y que su cumplimiento no puede estar únicamente en
manos de los gobiernos, sino que deben tomar parte las propias organizaciones de
productores y trabajadores rurales.
Asimismo,
se deberá analizar cuáles medidas de apoyo al sector agropecuario pueden ser
consideradas legítimas (en el sentido de reducir las distorsiones de precios,
asegurar la calidad de los productos, proteger a los consumidores y el ambiente)
y cuáles son espúreas (incluyendo prácticas como alterar los precios o
reducir la calidad de los productos). No es un tema menor que Estados Unidos y
Canadá vienen modificando sus prácticas de apoyo agrícola, abandonando
medidas proteccionistas evidentes, como los subsidios a las exportaciones, hacia
formas de asistencia diversificadas. Muchas de esas medidas entran en la categoría
de la "caja verde" y son autorizadas por la Organización Mundial de
Comercio (OMC). Varios de esos instrumentos seguramente son legítimos (como el
apoyo en caso de desastres naturales o en reconversión tecnológica), pero
muchos otros no lo son, y antes que apoyar a los propios productores de esos países
terminan beneficiando a las grandes corporaciones.
Plataforma
rural latinoamericana ante la integración
Una
de las respuestas ante el programa gubernamental de liberalización
agropecuaria, fue discutida en un encuentro paralelo a la reunión ministerial
de Buenos Aires. En efecto, convocados por la Secretaría Regional
Latinoamericana de la UITA, junto a UATRE de Argentina, y ONGs del área
agropecuaria y ambiental (como el Grupo de Reflexión Rural –GRR– y el
Centro Latino Americano de Ecología Social –CLAES–), tuvo lugar un taller
para analizar ante los efectos del ALCA sobre la agropecuaria, la familia rural
y los trabajadores rurales. En esa reunión se lanzaron una serie de apuntes
para una Plataforma Rural Latinoamericana
frente a la Integración, que viene siendo analizada por diferentes
instituciones del continente.
La
finalidad de la Plataforma es ofrecer
guías para construir respuestas alternativas a los actuales acuerdos
comerciales regionales. Es una declaración de principios pero especialmente un
marco para respuestas y acciones. La plataforma da cabida a propuestas diversas,
su construcción continuará en el tiempo, y ofrece variadas posibilidades de
acción.
La
plataforma parte de la necesidad de recuperar
la autonomía como una reacción a la imposición de estilos de desarrollo,
sea directamente por medio del Estado y empresas, o por medios indirectos, como
las condicionantes y ajustes económicos. La autonomía implica la capacidad de
las naciones de decidir por sus propios medios democráticos los estilos de
desarrollo. Se busca generar un nuevo
desarrollo agropecuario donde se pone en primer lugar la calidad de vida de
la familia rural, la conservación de la base ecológica de la producción
agropecuaria, nuevos usos productivos que permitan obtener productos
agroalimentarios de alta calidad.
A
diferencia de otros programas que postulan una “reducción” de la pobreza,
consideramos que se la debe “erradicar” completamente. En especial los
componentes de insuficiencia alimentaria no tienen sentido en un continente que
genera enormes excedentes de producción. La calidad de vida de la familia rural
también es un objetivo básico, asegurando adecuados niveles de alimentación,
cobertura de salud, calidad de la vivienda y acceso a la educación.
La
producción agropecuaria también debe generar empleo rural y condiciones para
la permanencia de la familia rural en el campo. La calidad de ese empleo es
parte de la calidad de vida, y debe ser asegurada, tanto por el Estado como por
los empleadores; no es una variable de ajuste para lograr metas económicas.
Esta meta incluye además erradicar los empleos precarios, y mantener los
derechos y beneficios logrados por las organizaciones de asalariados rurales.
La
Plataforma Rural incluye además aspectos sobre la calidad ambiental, un alerta
sobre el uso de agrotóxicos, la defensa de la soberanía alimentaria, y un
nuevo papel estatal en la defensa del desarrollo agropecuario. Otros temas
incluyen la democratización de las políticas agropecuarias, asegurar un acceso
equitativo a la tierra y los recursos, promover productos que sean sanos y
socialmente justos, enfrentar la globalización, promover una nueva integración
política y la articulación productiva, apelar al comercio justo y contar con
un apoyo comprometido de la ciencia y la tecnología.
La Plataforma se encuentra en proceso de discusión y análisis por las organizaciones sociales del continente, recibiéndose adhesiones y apoyos. A los convocantes iniciales se han sumado CEUTA (Centro Uruguayo Tecnologías Apropiadas de Uruguay), ICEPH (Instituto Cordillerano de Promoción Humana de Argentina) y la AOPEB (Asociación de Productores Orgánicos de Bolivia). Por las adhesiones o comentarios dirigirse directamente a UITA (uita@rel-uita.org).
Autor:
Eduardo Gudynas
Centro
Latino Americano de Ecología Social (CLAES)
claes@adinet.com.uy
www.ambiental.net/claes
©
Rel-UITA
