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Agricultura: dobles
estándares y pobreza
Más razones para
decirle
NO al ALCA
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La pobreza, desigualdad y
concentración de la riqueza, siguen siendo una constante en América Latina y el
Caribe, se vienen promoviendo acuerdos comerciales y de inversión que limitan
seriamente las posibilidades de desarrollo y erradicación de la pobreza en los
países de la región. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) pretende
sellar un acuerdo que privilegia los intereses de las grandes corporaciones por
encima de los derechos de la población de las Américas. |
La agricultura es una fuente crucial
para los medios de subsistencia en América Latina y el Caribe, y un catalizador
potencial clave para las estrategias de reducción de la pobreza y el desarrollo
en la región. La agricultura es también una de las industrias más grandes del
mundo, aunque su alcance internacional es más limitado de lo que inicialmente
puede aparentar, dado que apenas el 10% de la producción agraria se comercia
internacionalmente. Sin embargo, la región encara una crisis crónica de
seguridad alimentaria y de crecimiento de la pobreza en las áreas rurales.
En toda América Latina y el Caribe, 54
millones de personas sufren de desnutrición (11% de la población total), en su
mayoría mujeres y niños, debido en gran parte a los flagrantes dobles estándares
en las políticas de liberalización del comercio agrícola –que mantienen
subsidios y protección en los países ricos y obligan a una liberalización en los
países en desarrollo, combinado con el retiro de la inversión pública en los
países en desarrollo y la caída de los precios e ingresos.
Alrededor de 123 millones de personas
viven en las áreas rurales (25% del total de la población) y dependen directa o
indirectamente de la agricultura. De estos, 77 millones (63.7%) viven en la
pobreza, 47 millones de ellos en extrema pobreza. En los EE.UU. y Canadá también
existe un gran número de pequeños productores que vive en la pobreza. En EE.UU.
el 14.2% de la población rural es pobre, y más de 500 pequeñas empresas
agrícolas van a la quiebra cada semana.
La actual política y práctica de
comercio agrícola y la acelerada liberalización propuesta bajo las reglas del
ALCA, ignoran esta dimensión importante de la agricultura, actúan en favor de la
producción a gran escala para la exportación, e incrementan en los países de
América Latina y el Caribe la dependencia de alimentos importados.
Los dobles estándares de la
liberalización comercial
Las políticas de liberalización agrícola
representan un evidente ejemplo de los dobles estándares en el comercio
internacional. Mientras que los Estados Unidos (EE.UU.), el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) promueven la liberalización
indiscriminada de los mercados agrícolas en los países en desarrollo, en los
países ricos se mantienen políticas de subsidio y protección. Tanto los EE.UU.
como la Unión Europea, continúan otorgando volúmenes masivos de pagos directos a
los agricultores.
En América Latina y el Caribe, la
liberalización comercial comenzó con el mandato del FMI de implementar programas
de ajuste estructural a mediados de los años 80. Al final de la Ronda Uruguay de
negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus
siglas en inglés), en 1994, justo cuando estaba a punto de crearse la OMC, todos
los países de la región ya habían recortado significativamente sus aranceles y
eliminado muchas de las barreras no arancelarias a las importaciones. Comparada
con otras regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe tienen los
aranceles más bajos. El límite promedio del arancel agrícola para todos los
países en desarrollo es de 59%, para la región es de 40% (desde 25% en Chile
hasta 52% en Colombia). El promedio del arancel agrícola aplicado –que es el
arancel que se implementa en la práctica– para todos los países en desarrollo es
de 21%; mientras que para la región es de 14% (desde 9.8% en Chile a 20% en
República Dominicana).
La mayoría de los gobiernos de la región
también han eliminado las medidas no arancelarias, tales como los permisos de
importación, cuotas y precios mínimos, que les permitían mecanismos para manejar
los niveles de importación.
Las políticas de apoyo interno a la
agricultura en América Latina y el Caribe también han sido socavadas. Los mismos
programas de ajuste estructural que buscaban equilibrar los presupuestos
exigieron el desmantelamiento del crédito rural e instituciones de
comercialización y otros servicios estatales de apoyo, de los cuales dependían
los pequeños agricultores, así como la reducción de la inversión pública en
infraestructura rural. En Bolivia, la inversión pública agrícola cayó
drásticamente de un 10% del total de la inversión pública nacional en 1989 a
sólo un 4.45% en 1997, durante los años cruciales de aplicación del ajuste.
Particularmente, el desmantelamiento de las estructuras crediticias y de
comercialización, ha perjudicado a las mujeres rurales, que por tener menos
garantías y titulación sobre la tierra, han perdido acceso a recursos claves
para su desarrollo.
Estos dobles estándares han llevado a
resultados predecibles: un incremento en el dumping agrícola con la caída de
precios y deterioro de los medios de vida de las y los pequeños agricultores a
lo largo del continente, un creciente control corporativo de la agricultura y
concentración de la riqueza, y un aumento en la pobreza y la desnutrición en las
áreas rurales.
El dumping agrícola
Una de las causas más importantes de
pérdida de medios de subsistencia rural en América Latina y el Caribe es el
dumping por parte de las transnacionales de los EE.UU., esto es, la exportación
de productos por debajo del costo de producción, que compiten injustamente con
los productores locales y fuerzan a la baja de manera artificial los precios
mundiales. Los EE.UU. exportan trigo a un 46% por debajo del costo de producción
y maíz a un quinto por debajo del mismo costo. Y, cuando los países pobres
adoptan las políticas de mercados abiertos, como lo han hecho en mayor o menor
medida todos los de América Latina y el Caribe excepto Cuba, el precio mundial
se convierte en el precio local y los agricultores locales son privados del
acceso a sus propios mercados nacionales con efectos devastadores sobre sus
ingresos.
El ALCA y la agricultura
Las posibilidades de que el ALCA pueda
ordenar estas injustas prácticas de comercio, están mitigadas por la increíble
asimetría de poder entre los países que toman parte en sus negociaciones.
Significativamente, el borrador del
capítulo sobre agricultura del ALCA perpetúa esta asimetría al plantear una
acelerada eliminación de aranceles, impuestos y otras herramientas de la
política agrícola nacional; la no utilización de la salvaguarda existente en la
OMC; y el mantenimiento de los programas de crédito para la exportación (las
cuales contribuyen al dumping). El tratamiento especial y diferenciado sólo es
considerado para ofrecer un plazo más largo para la eliminación de los subsidios
en los países en desarrollo y permitir la no derogación de los derechos de apoyo
interno que los países más pequeños de la región reciben en la OMC.
Así las cosas, la propuesta del ALCA es
incompatible con la promoción del desarrollo sostenible en las Américas. Por eso
resulta necesario una propuesta integral y radicalmente distinta, que brinde la
flexibilidad política requerida para que los gobiernos de los países en
desarrollo de la región, protejan y promuevan los intereses de sus agricultores,
trabajadores, mujeres, pueblos indígenas y ciudadanos, y de esta manera,
restaurar su capacidad de elegir sus políticas de desarrollo y reducción de la
pobreza.
Convenio Diario "La
Juventud" - Rel-UITA
30 de mayo de 2003
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