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El
derecho a la
alimentación
La
Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó, el pasado 21 de abril, una
resolución histórica sobre el Derecho a la alimentación. Este Derecho será
entendido, a partir de ahora, como uno de los Derechos fundamentales del ser
humano, y se considerará al hambre como un "ultraje
y una violación de la dignidad humana".
A
nadie se le escapa que el derecho a tener una alimentación básica para llevar
una vida plena, es un derecho esencial. Sin embargo, la aprobación de esta
resolución no contó con el voto favorable de la primera potencia mundial, los
Estados Unidos.
La
resolución aprobada por 52 votos de los 53 miembros de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, exige la adopción de "medidas
urgentes a nivel nacional, regional e internacional" para erradicar el
hambre en el mundo. Entre esas medidas está incluida el alivio de la deuda
externa de los países en desarrollo
"a fin de reforzar las actividades nacionales para aplicar políticas en
pro de una seguridad alimentaria sostenible". Sin duda este párrafo es
el que ha llevado a Washington a su oposición frontal. La condonación de la
deuda externa por parte de este país a los Estados no industrializados, es una
utopía.
EE.UU.,
además, justificó su voto por una referencia a un artículo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en el que se afirma
que "el derecho a una alimentación
adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente a la persona y
es inseparable de la justicia social". Según el representante
estadounidense, estas palabras podían interpretarse como el reconocimiento del
derecho del ciudadano a recibir alimentos de su Gobierno y a plantear recursos
jurídicos de carácter nacional o internacional si se le negase tal derecho. Ya
en la Cumbre de Roma contra el Hambre, celebrada en noviembre de 1996, EE.UU.
afirmó su oposición a la constitución del Derecho de toda persona a tener
acceso a alimentos sanos, porque dicho objetivo "debía ser realizado progresivamente, y no podía ser una obligación
internacional".
Lo
que podría entenderse como uno de los mayores avances de los últimos años en
materia de legislación social (incluso a nivel mundial), es para el Gobierno
estadounidense motivo de miedo y alarma. ¿Por qué? ¿Por qué un país que ha
abanderado la intervención militar en muy distintos Estados, defendiendo el
derecho de "injerencia
humanitaria", decide oponerse a un derecho tan "humanitario" como es el Derecho a la alimentación?
Y
mientras esto se discute en Ginebra, según la FAO (Agencia de la ONU para la
Alimentación y la Agricultura), 826 millones de personas en todo el mundo pasan
hambre, de ellas 34 millones padecen desnutrición crónica en países
considerados ricos, y el 34% de los habitantes de la vasta región del África
subsahariana sufren desnutrición o "hambre
extrema".
El
último informe de la FAO, publicado en octubre y titulado "Estado de la inseguridad alimenticia mundial", indicaba
que no se podrá alcanzar el objetivo de la Cumbre de Roma de 1996 que pretendía
reducir en 400 millones el número de personas desnutridas en el mundo para el año
2015.
El
informe señalaba también que, desde el último censo realizado, no ha habido
ningún progreso en la disminución de la población hambrienta. En los años
noventa, los avances han sido muy limitados. Si traducimos esta situación a
datos, estamos hablando de que, en los últimos treinta años, el número de
hambrientos sólo se ha reducido en un 14%.
Las
zonas más afectadas por el hambre, son Asia, con un 25% de la población
desnutrida (es decir, 515 millones de personas), y sobre todo, el África
subsahariana. Esta última región, azotada por "guerras
sin audiencia", (como la del Congo, la de Sudán, la de Angola, Sierra
Leona, Somalia, etc.), por el Sida y otras enfermedades, por la inexistente
industrialización, la corrupción, las catástrofes naturales, la sequía,…
es un campo de cultivo perfecto para el hambre estructural, y la dificultad de
llevar a cabo políticas para erradicarla. El producto interior bruto per cápita
del Africa subsahariana podría haber alcanzado un nivel de 3.500 dólares en
1990, si no hubiera existido un estado de desnutrición generalizada. La cifra
se ha mantenido en 800 dólares.
La
solución al hambre reside en la ayuda internacional, en políticas de
desarrollo básico y en la toma de "medidas
enérgicas", tal y como señala la FAO. Sin embargo, la oposición de
EE.UU. a algo tan básico como reconocer el Derecho a la alimentación (o a
la vida, porque estamos hablando de lo mismo), supone un lastre demasiado pesado
para actuar con fuerza. Al menos el resto de las naciones miran hacia delante; sólo
cabe esperar que caminen con paso firme y solidario.
Autor:
Miguel
Jiménez
Periodista
Centro de Colaboraciones Solidarias
8-5-01
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