Argentina

El 8 de noviembre casi diez mil niños llegaban a Plaza de Mayo en una caravana –iniciada dos semanas antes en la provincia de Misiones– en reclamo de una vida digna para todos; mientras ya eran más de 550 los niños muertos por desnutrición en todo el país en lo que va de 2002. El Movimiento Nacional de los Chico del Pueblo –ligado a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)- había iniciado la Marcha de la Dignidad el 26 de octubre en medio de la indiferencia oficial y de los medios de prensa que sólo atinaron a reaccionar cuando la muerte golpeó a la puerta de los hogares tucumanos. Apenas se supo de los primeros seis casos, la autocrítica oficial corrió descarnada por cuenta de Aníbal Fernández, el ministro de la Producción de Eduardo Duhalde. “Los chicos se mueren por culpa de los hijos de puta que estamos gobernando y yo me incluyo”, se golpeó el pecho. La denuncia de la grave situación social hace varios años que corre por cuenta de la CTA, de los trabajadores desocupados y de los piqueteros. Sin embargo, en una absurda puja política cuyo costo son vidas humanas, el gobierno nacional sólo reacciona con fuegos de artificio cuando los medios se deciden a mostrar con crudeza casos puntuales.

El hambre avanza en Argentina aunque la campaña electoral se entretenga con fuegos de artificio entre candidatos. El Congreso estuvo paralizado durante cinco semanas mientras duhaldistas, menemistas y radicales buscaban el consenso para modificar el cronograma electoral del año próximo y el gobierno se deshacía en promesas al FMI para cerrar un acuerdo a esta altura utópico. Recién el pasado miércoles los legisladores fueron al recinto para refrendar lo acordado entre bambalinas: las elecciones presidenciales se realizarán el 27 de abril. Mientras tanto, los proyectos y pedidos de informes sobre el destino de más de 350 millones de pesos asignados en el presupuesto nacional para 2003 a programas sociales, siguen cajoneados.

Desempleo y Hambre

Los muertos por hambre no son una novedad en el país aunque el exitismo de los medios de comunicación lo haya instalado como tema en las últimas semanas. Cifras oficiales ubican a Argentina con una mortalidad infantil del 29 por mil anual, cifra que se agudiza en las provincias del norte con picos de hasta el 30,4 por mil en Chaco.

Según datos de la consultora Equipos de Investigación Social Equis, conducida por el sociólogo Artemio López, “unos 17.500 argentinos por día cayeron en la pobreza durante los últimos seis meses debido a los efectos del desempleo y la inflación, que reduce el poder adquisitivo de los salarios”. “El gobierno de Duhalde devaluó el peso de enero, lo que produjo la pérdida del 70 por ciento en el valor de la moneda hasta la fecha y la aparición de un brote inflacionario del 21,1 por ciento en el primer cuatrimestre del año.

En el lapso que va de octubre de 2001 a abril de 2002 se sumaron al universo de pobreza 3,2 millones de personas en el semestre o 17.500 personas por día, producto del efecto combinado del aumento del desempleo, la caída de ingresos de los ocupados y el impacto diferencial de la inflación sobre la canasta básica de bienes y servicios”, continúa el informe de Equis. En la provincia de Buenos Aires, según informes de la CTA, “al 48 por ciento de los menores de 2 años les falta hierro en la sangre y pueden sufrir retrasos en su desarrollo. En los niños de esa edad la enfermedad provoca bajos resultados en las pruebas de desarrollo intelectual, mientras que en los adolescentes y adultos causa apatía y menor capacidad para el trabajo físico”. UNICEF Argentina denunció que “más de 11 mil chicos menores de un año murieron durante 2000 a causa de enfermedades evitables como pulmonía, diarrea, rubéola, paludismo o malnutrición”, según el coordinador de los programas de salud de la institución, Julio Hurtado. Se queda corto según las mismas cifras oficiales actualizadas.

Desigualdades

En Tucumán gobierna el sindicalista petrolero Julio Miranda, electo en los comicios de 1999 por el peronismo. Miranda era la única carta de triunfo que podía desbancar al dictador Domingo Bussi, “el carnicero”, como lo recuerdan los tucumanos desde que se hizo cargo del gobierno provincial tras el golpe militar de 1976, cuando torturaba personalmente a sus víctimas en los campos de detención. Bussi fue vencido en 1991 por Palito Ortega, el otrora candidato peronista, pero en 1995 volvió a la carga y obtuvo el favor de los tucumanos. En 1999 el peronismo aprovechó el desgaste del militar, decidió presentar una docena de candidatos y gracias a la ley de lemas un impensado Julio Miranda se hizo del botín político.

Cuando explotó en los medios la muerte de niños en su provincia, Miranda salió al cruce. “Ocurre que en Tucumán aumentó la población en los últimos años. Y tengo los datos precisos: hay 56 habitantes por metro cuadrado (sic)”. Cuando el periodista le demostró lo ridículo del razonamiento, Miranda retrucó “tiene razón, en realidad, son muchos los tucumanos que viven en un metro cuadrado”, deslizó sin precisiones y quizá recordando la máxima de su jefe político, Juan Domingo Perón: “Del ridículo no se vuelve”.

En 1999, cuando Miranda llegó al gobierno, los legisladores cobraban un sueldo de 15 mil pesos mensuales, equivalentes en ese momento a una suma igual en dólares. Sólo la devaluación de enero pasado trastocó los bolsillos de los diputados, que de todas maneras prefirieron no aumentarse sus salarios previendo la hecatombe en el horizonte.

Ahora Duhalde decidió intervenir socialmente la provincia. La idea es dejar en pie el aparato político del Estado pero auditar las cuentas de los planes sociales con los funcionarios de confianza de Hilda “Chiche” Duhalde, la esposa del presidente e inventora de las “manzaneras” bonaerenses dedicadas a la beneficencia social en los años en que su marido era gobernador bonaerense. “La plata sale de las arcas del Estado nacional pero no llega a Tucumán como debería. No acuso a nadie pero quiero ver qué pasa”, aseguró Chiche. Para el lunes 25 de noviembre el gobierno nacional anunció la puesta en marcha del “Operativo Rescate”, un nuevo programa a implementarse en todo el país para detectar los casos de desnutrición más severa y atenderlos. Será comandado personalmente por Chiche Duhalde en Tucumán y contará con apoyo del ejército y algunos estudiantes para censar casa por casa las necesidades alimentarias.

La provincia de Tucumán muestra, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que depende del Ministerio de Economía, una desocupación del 23 por ciento, la pobreza asciende a 27,2 por ciento y el índice de tucumanos con necesidades básicas insatisfechas está por encima del 30 por ciento, esto es seres humanos que no cuentan con trabajo ni asistencia social, y apenas una comida por día. En ese marco la morbilidad infantil llega al 21,2 por mil.

Pero si Tucumán sacudió a la opinión pública, el resto de las provincias padecen situaciones similares o peores. Misiones tiene en poblaciones fronterizas como Guaraní, El Dorado, o Apóstoles un 90 por ciento de su población bajo la línea de pobreza, que sobrevive apenas del cultivo de la yerba mate, el té y la tala de árboles. La miseria obliga a los peones de los aserraderos a cobrar en bonos que sólo pueden canjear en la tienda del pueblo y a construir sus precarias casas con los restos de madera que el aserradero para el que trabajan desecha. Sólo en Guaraní, con una población de 2 mil habitantes, cien niños están desnutridos y padecen algún grado de discapacidad.

En diálogo con BRECHA, el doctor Hugo Gómez Demaio, pediatra y ex jefe de guardia del Hospital Pediátrico de Posadas, estimó que “no solo la miseria lleva a la desnutrición. El mal uso de los agroquímicos en la provincia genera discapacidades diversas. Los cálculos más optimistas nos indican que en treinta años estos dos factores sumados van a dejarnos un 50 por ciento de la población discapacitada”.

En Salta hay 2 mil niños menores de seis años desnutridos, fundamentalmente entre las comunidades aborígenes tobas y wichi. Según las autoridades del hospital de la localidad de San Martín, muchos niños sobreviven una semana solamente tomando agua.

Burocracia de Muerte

Argentina tiene en vigor más de 220 planes sociales nacionales que se superponen con la madeja de programas elaborados por las 25 provincias y los casi 800 municipios de todo el país. En esa maraña se queda buena parte de los fondos destinados a paliar la crítica situación de hambre y desempleo de 22 millones de argentinos. Ni siquiera existen cifras concretas de cuántos empleados manejan esos programas, ni cuánto dinero se destina a la ayuda propiamente dicha y cuánto va a la maquinaria burocrática que los sostiene.

En los dos últimos años créditos por más de doscientos millones de dólares tramitados ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fueron suspendidos primero por la variable situación política argentina y luego por la falta de auditorias confiables para verificar el destino de los fondos solicitados.

“A golpe de efecto resulta difícil implementar una política sanitaria, educativa y en este caso alimentaria”, razona para BRECHA el sociólogo Juan Villareal, especialista en demografía y docente de la Universidad de General Sarmiento. “Esta situación viene en aumento desde que en 1989 la hiperinflación y el desempleo generado por las privatizaciones comenzaron a expulsar sin destino trabajadores de las empresas públicas, y se fue profundizando con las crisis que cerró toda la industria pequeña y mediana del país. Ahora estalló una bomba que se vino armando desde hace más de doce años con sus políticas de ajuste sin contrapartida social”, asegura.

De todos modos soy pesimista. Creo que lo peor aún no llegó. Sin políticas de fondo que empiecen a recoger a los excluidos que día a día se suman a la vida marginal, sin empleo y sin su dignidad de ciudadanos, no se puede pensar una futura salida para toda la región.”

Fabián Kovacic

Semanario Brecha (Uruguay)

22 de noviembre de 2002