URUGUAY

Maude Barlow

es canadiense, escritora, crítica política y militante por el derecho al agua. Es presidenta honoraria del Council of Canadians (Consejo de los Canadienses), una asociación de interés público sin fines de lucro, no partidaria, apoyada por 100.000 miembros en ese país. Ha escrito 13 libros, entre ellos Oro azul, referido al agua.

- Formo parte de un movimiento social preocupado porque unas pocas empresas se están apropiando de la poca agua potable que hay en el mundo. Quizás en este país se pueda tener la sensación de que hay mucha agua disponible, pero debemos saber que existe una crisis mundial por escasez de agua dulce. Ya sabemos que en 2025, dos tercios de la humanidad no tendrán acceso al agua. En esta perspectiva, todos los pueblos y los gobiernos del mundo deberíamos unirnos para declarar una crisis ambiental global y tomar decisiones para proteger este recurso tan escaso y necesario.

Lamentablemente hemos descubierto este problema en el mismo momento en el cual se impone la idea del libre comercio, del mercado libre lo que favorece la apropiación por esas empresas de los recursos básicos. En el llamado “Consenso de Washington”, acordado entre las corporaciones.

Se adoptó la estrategia de privatizar todos los recursos naturales como el agua y hasta el aire, de los servicios públicos incluyendo la educación. Todo aquello que pertenecía a la comunidad, que era público, hoy está amenazado por las privatizaciones.

Antes de que nosotros nos diéramos cuenta de esta crisis del agua, las corporaciones transnacionales ya lo habían previsto y formaron un cártel para apropiarse del agua. Estas poderosas alianzas tienen capacidad de influir enormemente en instituciones multilaterales como el Banco Mundial y en los bancos regionales de desarrollo. Es sabido, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional está presionando a los países que padecen una crisis monetaria y económica para que -entre otras cosas- privaticen el agua como condición para liberar los créditos. También tienen una gran influencia en la definición de los acuerdos internacionales de comercio como la proyectada Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), o la Organización Mundial de Comercio (OMC) para que sus pretensiones queden incluidas en esos acuerdos.

El ALCA está calcado en gran parte del Nafta, que instauró el libre comercio en América del Norte. Es nuestra experiencia en Canadá que si ustedes ingresan en un acuerdo de este tipo perderán completamente el control de sus recursos naturales. Las corporaciones están cambiando la presentación en sociedad de su rapiña privatizadora, y ahora le llaman “iniciativa de asociación pública y privada”. Esta nueva modalidad es inclusive mejor para ellas, porque les garantiza que durante 30, 50 o 100 años estarán asociadas, por ejemplo, con un gobierno municipal y se podrán mantener en esa posición aun cuando no ofrezcan un buen servicio, cuando la calidad del agua sea mala.

Otra peculiaridad de este modelo privatizador asociado, es que las empresas corporativas cotizan en bolsa, y por lo tanto las nuevas empresas de agua que se generen también lo harán. Si las corporaciones se manejan mal y pierden en la Bolsa, quienes deberán pagar los costos serán los ciudadanos asociados a ellas por intermedio de sus gobiernos nacionales o locales.

Todas las instituciones multilaterales de crédito, del comercio y de las finanzas estaban presentes en la Cumbre Mundial del Desarrollo Sustentable celebrada el pasado año. En esa oportunidad lograron desnaturalizar la agenda prevista para esa ocasión e impusieron su orden del día, con los puntos que le interesan a la OMC. En marzo se celebrará en Kyoto el Foro Mundial del Agua. Es seguro que también allí estarán muy activas y que se producirá un debate muy activo entre quienes consideran que el agua es una necesidad y quienes consideramos que es un derecho humano esencial, inclusive para todas las formas de vida. Por eso estamos construyendo un movimiento social a escala mundial que involucra a campesinos, indígenas, ambientalistas, organizaciones de derechos humanos, sindicalistas, uniéndose en defensa del agua, para impedir que las corporaciones se apropien del recurso agua. Debemos impedir que se lucre, se contamine y se discrimine con el agua, porque si se privatiza es seguro que sólo tendrán acceso a ella quienes la puedan pagar.

Tony Clark

es director del Instituto Polaris, de Canadá, que ayuda a organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a desarrollar nuevas capacidades y herramientas para el cambio social democrático.

- Hay un grupo de corporaciones que controla el agua a escala mundial. Es un negocio muy lucrativo que representa una enorme cantidad de dinero. Este negocio está controlado por tres corporaciones transnacionales: Suez Lyonnaise des Eaux y Vivendi, ambas de Francia, y la tercera es RWE, de Alemania. Las dos primeras controlan en la actualidad los dos tercios del mercado mundial del agua, aunque por ahora sólo entre el 5 y el 7 por ciento de los servicios de agua ha sido privatizado, el resto permanece en manos públicas. Las corporaciones apuntan a invertir completamente esta relación. Una vez que ellas toman el control de los servicios de agua establecen un modelo de producción cuyo único objetivo es la obtención del máximo lucro. Hemos visto que en general la privatización del agua conduce a una pérdida muy apreciable en la calidad del servicio. En la ciudad argentina de Tucumán, por ejemplo, donde la empresa responsable es Vivendi, hemos recogido testimonios que relata que el agua era de color marrón y que muchas personas contrajeron enfermedades por consumirla. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la empresa Suez-Lyonnaise adquirió los servicios de agua y de saneamiento. Como consecuencia de una falta de mantenimiento adecuado en la red cloacal, los efluentes fueron a parar al río sin ningún tratamiento provocando una importante contaminación.

Otro de los casos que hemos analizado es el de Puerto Rico, donde la corporación Vivendi beneficiaria de la privatización dejó de cumplir con muchas de las cláusulas del acuerdo inicial. Esto provocó que se le formularan más de 3 mil cargos por incumplimiento de contrato.

En la estrategia de expansión planetaria de estas corporaciones, los organismos multilaterales de comercio como la OMC ocupan un papel clave. En el texto del ALCA, inclusive, existen artículos cuyo único fin es facilitar el ingreso de las corporaciones transnacionales a las economías de todos los países miembros. En los sistemas de libre comercio el agua es considerada de tres maneras distintas: por un lado es un bien que puede ser negociada, exportada, por otro lado es un servicio, y por eso los servicios están incluidos en los acuerdos de libre comercio, y además es considerada como “inversión”. Si se aprueban los acuerdos internacionales como están propuestos, los gobiernos nacionales deberán fundamentar, demostrar, probar que tienen razones por las cuales no puede privatizar el agua, porque de lo contrario los países pueden ser sancionados por la OMC. Existe un comité ante el cual un país puede presentar una queja contra otro por no respetar los acuerdos de libre comercio, y si este comité entiende que la queja es justa se pueden imponer sanciones económicas contra el país trasgresor.

En el caso del ALCA, se está incluyendo un status de “inversor” que les permitirá a las corporaciones y empresas privadas entablar juicios contra los Estados si consideran que estos están violando las normas de libre comercio. Como se ve, son en realidad las propias corporaciones transnacionales las que están redactando estas normas y lo hacen por intermedio de coaliciones empresariales.

Se pretende que estos acuerdos estén definitivamente adoptados en 2005, por lo que tenemos poco tiempo para oponernos a los abusos allí contenidos.

Winohah Hauter

es estadounidense, integra Public Citizen (organización de defensa de los derechos del consumidor) como directora del Programa de Energía y Medio Ambiente, que tiene proyectos vinculados a desechos nucleares, seguridad nuclear, desregulación de la electricidad, agua, inocuidad de los alimentos e irradiación de alimentos.

- Mientras que el gobierno de Estados Unidos está promoviendo activamente la política de privatizaciones y desregulaciones en todo el mundo, los ciudadanos estadounidenses padecemos su aplicación internamente.

Estoy muy impresionada con la democracia que existe en Uruguay, y con la participación de organizaciones sociales, de sindicatos, en estos temas.

En Estados Unidos la democracia está muy debilitada por los sobornos que se producen en las campañas electorales mediante la modalidad de aportes de las empresas o grupos de interés a los diferentes políticos y partidos. Esta es una de las principales razones de que la gente asuma una actitud cínica y no esté interesada en votar. Eso provoca que menos de la mitad de las personas habilitadas participen en la elección del Presidente.

A pesar de lo que afirmen las propagandas, lo que muestren los gobiernos o las películas, las privatizaciones y desregulaciones de los servicios no han sido positivas en ningún servicio de Estados Unidos. Las aerolíneas privatizadas están en crisis continuamente y la segunda en importancia en todo el país está en quiebra. A partir de la desregulación del servicio de trenes, se han perdido miles de kilómetros de líneas activas, y por lo tanto del servicio que ellas brindaban al público. La desregulación de las telecomunicaciones implicó que los teléfonos celulares sólo son accesibles para las personas ricas o con muy buenos ingresos, y que la gente más pobre no tenga acceso al servicio en ninguna de sus modalidades individuales o familiares. Los pobres de Estados Unidos usan los teléfonos públicos o algún servicio de contestador, pero las empresas están dejando de instalar o reponer teléfonos callejeros porque son menos rentables que los otros. La privatización de la energía eléctrica ha sido un desastre porque implicó aumentos de tarifas y servicios de mala calidad. Muchos de los estados que desregularon el sector energético están revisando esa política para retomar el control de ese servicio estratégico.

Después de cometer estos atentados contra nuestros servicios públicos, ahora quieren privatizar nuestra agua. En la actualidad el 85 por ciento de los servicios de agua de Estados Unidos son provistos por los municipios. El mayor proyecto de privatización del agua concretado hasta ahora es el de la ciudad de Atlanta, y se ha revelado como un verdadero desastre. En agosto pasado, el intendente de la ciudad advirtió a la corporación Suez-Lyonnaise que si no mejoraba el servicio el contrato sería anulado. Los habitantes de Atlanta reciben a menudo agua marrón, en los barrios ricos se hierve el agua. Una investigación de las causas de estas deficiencias permitió establecer que las exageradas reducciones de personal que había ejecutado la empresa había perjudicado la calidad del producto.

A partir de esta experiencia se han iniciado muchas campañas de la sociedad civil en Estados Unidos para defender el agua.

En Nueva Orleans, Vivendi ya estaba operando el sistema de saneamiento e intentó apoderarse del agua por intermedio de sus subsidiarias. Pero esta empresa tenía grandes fallas en su servicio, y mientras desarrollaba su campaña para alcanzar el agua se produjo un gran derrame de efluentes contaminantes del sistema de saneamiento al río Mississippi. Más de 90 organizaciones sociales, desde las iglesias hasta ambientalistas, se unieron para luchar contra la privatización del agua en Nueva Orleáns, y hasta ahora vienen teniendo éxito.

Otro caso relevante ha sido el de la ciudad de Detroit, en Michigan, cuya planta urbana albergó una gran cantidad de industrias que ahora ha perdido, lo que implicó la desaparición de numerosos puestos de trabajo. La mayor parte de esas industrias se trasladaron a otras partes del mundo para aprovechar la liberalización comercial. Detroit tiene una de las poblaciones más pobres de Estados Unidos debido a la combinación de la desocupación con las débiles políticas sociales que está aplicando el gobierno en beneficio del presupuesto militar. La brecha entre ricos y pobres es cada día mayor. En este contexto, se está preparando la privatización del sistema de agua que actualmente es municipal mediante el procedimiento de bajar la calidad del servicio. Así, más de 40 mil hogares de la franja de población más pobre han sido privados de agua, simplemente se les cortó el servicio. Esto ha provocado el surgimiento de organizaciones vecinales que se oponen a los cortes de agua.

Veo que acá empiezan a llegar emisarios, empresas, empresarios, diplomáticos que quieren aplicar la misma política que en mi país. Créanme, antes de aceptarla, hablen con otros estadounidenses o intenten ver por ustedes mismos nuestra experiencia desastrosa. Las privatizaciones significan precios más altos, mala calidad del agua, deficiente gestión ambiental, instauración de monopolios sin ningún tipo de regulación y la pérdida de control por la ciudadanía de un recurso esencial.

Harry Mondaca

es boliviano, integrante de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba, que recientemente protagonizó con éxito y repercusión internacional una consecuente lucha popular contra la corporación Vivendi.

- El presidente Sánchez de Losada llevó adelante un proceso radical de privatizaciones: el petróleo, la línea aérea nacional, los ferrocarriles y las telecomunicaciones. A modo de experiencia piloto se privatizó el agua en la ciudad de Cochabamba. La metodología fue la concesión a una empresa, Aguas del Tunari, que pretendió comenzar a cobrar diversas tasas antes de ocuparse realmente del agua. La actuación de este consorcio fantasma provocó la oposición de la sociedad civil de Cochabamba dando lugar a lo que se llamó “La guerra del agua”. El criterio para cobrar las tasas era completamente injusto, porque pagaba lo mismo el pobre campesino que el rico comerciante de la ciudad, inclusive querían cobrarle a quienes ni siquiera están conectados a la red de agua potable pero tienen pozos surgentes o semisurgentes. Pero la gota que desbordó el vaso fue cuando intentaron imponer un pago a quienes almacenan agua de lluvia. Cuando las instituciones nacionales y locales firmaron el contrato con Aguas del Tunari, nuestras organizaciones sociales convocaron a un cabildo del cual surgió la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. Realizamos una consulta popular que demostró que el 80 por ciento de la población estaba en contra de la privatización del agua. Entonces ya era presidente Hugo Banzer, quien mandó concentrar fuerzas policiales en Cochabamba y declaró el estado de sitio, pero la población desconoció la orden presidencial y miles de jóvenes -denominados “Los guerreros del agua”- amas de casa, ancianos, niños y personas de todas las clases sociales se unieron para enfrentar el autoritarismo. Se llegó incluso a controlar el edificio de la Prefectura y hacer retroceder a la Policía. La Coordinadora no era reconocida por el gobierno local ni por el nacional porque no teníamos personería jurídica. Un mero formulismo que desconocía nuestra legitimidad como portavoces del pueblo. Finalmente se logró una instancia de diálogo en la cual participó como garante la iglesia católica. Pero nos engañaron, porque una vez que estuvimos reunidos esperando a los representantes oficiales y empresariales, llegó la Policía y nos metieron presos a todos menos al arzobispo.

La movilización duró ocho días continuos. Hubo otras manipulaciones, traiciones, amenazas, represión. La indignación popular fue creciendo hasta que finalmente, la presión del pueblo movilizado fue tan fuerte que se logró expulsar a Aguas del Tunari de Cochabamba. Esta movilización marcó un hito en nuestra historia. Con nuestra agua hemos recuperado nuestra palabra, nuestro coraje.

Autor:

Carlos Amorin

© Rel-UITA

05/03/03

 NOTA

(1) Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida está integrada por:

• Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE);

• Redes, Amigos de la Tierra;

• PIT-CNT;

• Rel-UITA;

• Uruguay Sustentable;

• Comisión en Defensa del Agua y Saneamiento de la Costa (CONOSUR),

• MADUR;

• Centro Viticultores Joanicó;

• Asociación de Remitentes de CONAPROLE;

• Comisión Nacionalista;

• Unidad Temática Recurso Agua EP-FA;

• Liga de Fomento de Manantiales.