La difusión ayer de un vídeo en el que aparece la ex candidata a la Presidencia Ingrid Betancourt, secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 23 de febrero de 2002, recordó al mundo la tragedia olvidada de los más de 1.500 civiles colombianos secuestrados cada año por los grupos guerrilleros y grupos paramilitares aliados con la fuerza pública, señaló hoy Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos hizo un perentorio llamado a todos los grupos armados colombianos a que liberen de forma inmediata e incondicional a todos los civiles que estén en su poder. "La toma de rehenes y los secuestros constituyen una flagrante violación del derecho internacional humanitario, que rige la conducta de los conflictos armados," declaró Amnistía Internacional, reiterando su condena a esta práctica execrable.

"El uso de la vida humana para adelantar intereses políticos es totalmente inaceptable. La población civil no se puede ni se debe convertir en un instrumento de trueque," continuó la organización, instando a los actores armados a que respeten el derecho a la vida y a la integridad física de todos los rehenes en sus manos.

"El fenómeno del secuestro y la toma de rehenes ha alcanzado en Colombia dimensiones extremamente preocupantes," manifestó Amnistía Internacional, destacando que durante el 2001 se registraron en Colombia unos 3.000 secuestros.

Se calcula que los grupos guerrilleros fueron responsables de aproximadamente un 60 por ciento de éstos, mientras aproximadamente el 8 por ciento fue atribuído a grupos paramilitares, quienes intensificaron su recurso a la toma de rehenes. Según fuentes periodísticas, al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad colombianas están implicados en el secuestro del empresario venezolano Richard Boulton a manos del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Richard Boulton fue liberado la semansa pasada, después de dos años de cautiverio.

"Ya es hora que todos los actores armados en el conflicto colombiano cesen esta práctica gravemente violatoria de los derechos humanos fundamentales de la persona y acaten plenamente las normas del derecho internacional humanitario sobre la protección de la población civil," concluyó Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional, julio del 2002.

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