Invitados por el Senador de la República, Jaime Dussan Calderón, presidente del Partido Socialdemócrata Colombiano (PSOC), asistimos a la instalación del debate sobre las fumigaciones aéreas. En los primeros días del presente mes, una delegación integrada por los congresistas Rafael Orduz y Gustavo Petro y los gobernadores de los departamentos del Cauca y Nariño, Floro Tunubalá y Parmenio Cuéllar, estuvieron en Washington donde presentaron pruebas documentales sobre la problemática originada por las fumigaciones con glifosato. Una fotografía publicada por la revista Cambio¹, donde aparece una niña con heridas en el cuerpo, produjo opiniones encontradas en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos sobre la política de fumigación aérea auspiciada por ese país y que hace parte de los 1.300 millones de dólares aprobados para el Plan Colombia.

El congresista demócrata John Conyers, del comité judicial de la Cámara de Representantes, dijo que “es terrible lo que estamos haciendo al pueblo colombiano con la fumigación, ya que en vez de ayudar estamos fomentando el conflicto interno”. El representante se comprometió a hacer lo necesario para que los estadounidenses conozcan cómo se gastan los impuestos de los contribuyentes.

El artículo publicado en la citada revista, informa además que la delegación colombiana sustentó su posición en algunos estudios que concluían que la política antinarcóticos no era para nada eficaz, dado que después de 10 años de fumigaciones el área de cultivo continúa en crecimiento. “Si se erradica en una zona, los sembradores se desplazan a otras y tanto la siembra como la producción continúan”, señaló el senador Orduz. Cambio reveló recientemente que aunque en el 2000 fueron fumigadas 60.000 hectáreas, los cultivos de coca crecieron 60 por ciento.

A todo esto, Ann Patterson, la embajadora de Estados Unidos en Colombia, advirtió en una entrevista para el diario El Tiempo, acerca de las consecuencias negativas de la suspensión de las fumigaciones, debido a que el Plan Colombia tiene un componente importante en la erradicación de los cultivos. “Estados Unidos aprobó la financiación del Plan Colombia en estos términos. Si esos términos hubieran de cambiar, entonces nosotros tendríamos que cuestionar todas las bases de nuestro apoyo”, afirmó la diplomática.

Un recurso de tutela presentado el 18 de julio por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, suspendió las fumigaciones en los resguardos indígenas de los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guainía y Guaviare, porque se amenazaban los derechos a la vida y al medio ambiente de sus habitantes. El lunes 23 de julio, Gilberto Reyes Delgado, juez civil del Circuito 15, emitió una orden preventiva de suspender las fumigaciones con glifosato en todo el país, pero la Dirección Nacional de Estupefacientes le hizo caer en la cuenta de que la tutela sólo se refería a los resguardos indígenas de seis departamentos. Tres días más tarde, el jueves 26, el juez modificó su decisión inicial y limitó la orden de suspensión a los resguardos de los seis departamentos que presentaron la tutela.

Al debate sobre las fumigaciones en el Senado de la República, asistió un grupo del resguardo indígena Inga de Aponte, (Nariño). Allí viven 717 familias, unos 4.000 habitantes. Consultados por

sobre las consecuencias de las fumigaciones aéreas, respondieron:

En el Programa La Noche, emitido por Radio Cadena Nacional Televisión (RCN-TV) el 15 de agosto, se informó que las fumigaciones con glifosato realizadas en el resguardo indígena Inga de Aponte, han causado muchos daños. Fotos y conceptos médicos de las repercusiones de las fumigaciones sobre la piel de sus niños, sustentaron la siguiente denuncia:

“Con estas fotografías la comunidad Inga, quiere demostrarle al mundo que sus niños han sufrido en carne propia las fumigaciones. Aponte ha sido fumigado tres veces, el resultado: casos de intoxicación, fiebre, diarrea, infecciones oculares, afecciones en la piel y vías respiratorias.”

Asimismo, el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, indicó que bajo la lluvia de glifosato han quedado también algunos programas del Plan del Putumayo (sur de Bolívar), que abarcan once proyectos de sustitución promovidos por países amigos. “La falta de un plan de manejo ambiental, ha llevado a que fueran fumigadas de manera indiscriminada, inclusive cultivos lícitos y once proyectos financiados por gobiernos extranjeros y el propio gobierno nacional.” El caso más crítico según la defensoría, se produjo en diciembre pasado cuando fueron fumigadas 45 hectáreas de bosques de los indígenas del Putumayo, un proyecto de sustitución auspiciado por las Naciones Unidas. El glifosato también afectó galpones con gallinas y potreros que iban a ser utilizados en ganadería. La defensoría pidió al gobierno que suspenda las fumigaciones y el Plan Colombia, y que responda por los daños causados en las comunidades comprometidas en la sustitución de cultivos.

En el mencionado programa de televisión se citaron las declaraciones del segundo comandante del ejército, Sergio Ramírez, quien el 19 de julio dijo: “quienes se oponen a las fumigaciones están defendiendo los intereses de los narcotraficantes. Todos los amigos de la delincuencia, gente comprometida obviamente atacan esta actividad”. Ante ello, el Senador Orduz manifestó: “...por una parte le hace poco honor a la capacidad de argumentación, y sus declaraciones son difamatorias. Se trata de un debate mundial, y lo que estamos viviendo aquí en Colombia es apenas una expresión local de ese gran debate que pretende cambiar la política antidrogas que no ha sido exitosa.” Por su parte el gobernador de Nariño, Parmenio Cuellar, al respecto señaló. “a mi me parece muy irresponsable esa afirmación, no solamente por lo que manifestó el senador Orduz, sino porque trata de poner en la picota pública a quienes hemos tenido una conducta vertical frente al narcotráfico. Todos, absolutamente todos, los que nos oponemos a las fumigaciones, somos enemigos del narcotráfico, y somos partidarios de la erradicación de los cultivos, pero discrepamos en el método en la forma de hacerlo. Porque las fumigaciones han sacado a flote una cosa importante que aquí no se ha dicho. Aquí se habla de los efectos sobre el medio ambiente, pero no se quiere decir que aquí hay un problema social, que es la crisis del sector agropecuario, especialmente en los departamentos que viven de las pequeñas parcelas.”

Durante el debate, el senador Orduz, indicó que los cultivadores sólo quedan con el uno por ciento del multimillonario negocio que mueve en el mundo 400.000 millones de dólares al año. Un kilo de base de coca vale 860 dólares, su refinación cuesta 1.500 dólares y como cocaína se vende a 110.000 dólares. Los intentos de erradicación mediante la represión, argumentó Orduz, han provocado el efecto de la gota de mercurio golpeada con un martillo: se dispersa, más no desaparece.

En el diario El Espectador², se cita que Orduz cuestionó con dureza la indolencia de los gobernantes colombianos, en particular la de los ministros de Salud, Sara Ordóñez, y de Medio Ambiente, Juan Mayr, al permitir que la mezcla de glifosato y sus coadyuvantes –que cuadruplican su efecto– caigan sobre campesinos e indígenas indefensos, sus cultivos y animales, como ocurrió la semana pasada en la comunidad del resguardo Inga de Aponte. “Ahí están, véanlos, ellos son sus compatriotas, señores ministros. Se han pasado por la faja los planes de manejo ambiental. Lo que ha faltado es que digan que (el Roundup) se puede comer con corn flackes. Si era desconocida la mezcla, también se desconocen sus efectos. ¿Dónde estaban ustedes, señores ministros de Salud y Medio Ambiente”, preguntó el senador.

Por su parte el ministro de Justicia y Derecho, Rómulo González, señaló que recientemente se realizaron estudios sobre los efectos en la piel humana de un shampoo para niños, el herbicida Roundup y un detergente limpiador de loza. El estudio, según González, detectó que el shampoo y el herbicida no eran nocivos, pero que el detergente produce irritaciones en la piel.³

Frente a estas insólitas y cínicas declaraciones cabe preguntarse: ¿Quién realizó ese estudio? ¿Cuál es la marca de ese detergente y cuál es el nombre del shampoo?, elemental advertencia para que nadie más lo utilice. Además, ¿el Sr. ministro González lava su cabeza con Roundup? ¿Será por ello que está calvo y brinda estos argumentos tan malucos?

Entre la información que Orduz manejó en su presentación, citó el caso del fiscal de Nueva York, quien obligó a la multinacional Monsanto, productora del glifosato, a retirar de la etiqueta las palabras “biodegradable y ambientalmente seguro”.

El debate en el Senado de la República no fue muy diferente al que asistimos generalmente en relación al tema transgénicos. Allí se escucharon similares argumentos y los que defienden las fumigaciones evidenciaron el mismo desprecio por la vida, intolerancia y soberbia, que los defensores del nuevo paradigma basado en la biotecnología.

Por último, fue muy grato saber que Elsa Nivia, de RAPALMIRA, e integrante de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RA-PAL), fue quien brindó el apoyo técnico al senador Orduz, quien lo reconoció públicamente.

En su presentación el Senador Orduz, leyó la proposición número 56 del Acta Plenaria de la sesión ordinaria del 5 de febrero de 1992 que dice: “El Senado de la República recomienda al Gobierno Nacional, revisar la decisión tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes del 31 de enero, en la que se aprueba el uso de Glifosato mediante aplicación aérea para erradicar los cultivos ilícitos en nuestro país. Una decisión de tal naturaleza no puede tomarse, sin el correspondiente estudio de impacto ambiental y los efectos sobre la salud humana, la flora y la fauna. Así lo recomendó esta Corporación mediante proposición aprobada por unanimidad el día 19 de diciembre de 1991. Si tal decisión fue aprobada por el voto en blanco del Ministerio de Educación y el Procurador de la Nación y también con el voto negativo del Ministerio de Salud, merece ser estudiada con mayor detenimiento, analizando alternativas que no deterioren el ecosistema ni afecten la paz social y ecológica”. Entre otros senadores, figura la firma del entonces senador Andrés Pastrana Arango, hoy presidente de la República.

Seguidamente Orduz citó un comentario realizado por el senador Pastrana: “...no se conocen cuáles son los resultados que pueda tener el uso del glifosato en la salud de las mujeres, o en el feto, o los efectos secundarios, por lo tanto lo que recomienda la misiva es que se abstenga de estos elementos...” ¿Qué tal?