Desde su fundación, sus críticos se quejan de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) está concebida para despojar a las naciones de su soberanía, hurtando al control democrático decisiones de política pública fundamentales.

Puede que el mundo esté entrando en una era en la que esas preocupaciones abstractas se concreten en formas que indignarán a millones de personas, al mismo tiempo que harán peligrar los esfuerzos para proteger la salud humana y el medio ambiente.

El mes pasado, Estados Unidos anunció su intención de denunciar a la Unión Europea ante la OMC por la suspensión que ha impuesto de hecho a la aprobación de productos agrícolas modificados genéticamente. Desde finales de 1998, la Unión Europea no ha dado la aprobación reglamentaria a ningún producto nuevo de biotecnología. Esta suspensión de hecho de la UE impide la entrada en la Unión de todas las semillas transgénicas que venden Monsanto y otros proveedores de “Frankenfoods” (alimentos Frankenstein), sean de Estados Unidos, Europa o de cualquier otro lugar.

Al anunciar su intención de formular la demanda, Robert Zoellick y Ann Veneman, representante de Comercio y secretaria de Agricultura estadounidenses, respectivamente, cantaron las excelencias y maravillas de la biotecnología. Pero si Estados Unidos sigue adelante con la demanda, no dependerá de los méritos de la biotecnología (lo que les viene muy bien a los defensores de la biotecnología, porque no tienen pruebas sólidas que respalden la mayoría de sus afirmaciones. Para una deconstrucción exhaustiva de las afirmaciones de los propagandistas de la biotecnología, lean el número de enero y febrero del 2000 de Multinational Monitor y los libros y grupos que se enumeran en la sección de recursos.

El argumento jurídico que esgrimirá Estados Unidos ante la OMC, si sigue adelante, será algo parecido a esto: las normas de la OMC exigen que los países acepten productos alimentarios a menos que puedan demostrar que son peligrosos con un elevado grado de certidumbre científica, incluso si sus normas reguladoras se aplican por igual a productos extranjeros y nacionales. Y no existen pruebas científicas concluyentes de que los alimentos de biotecnología sean peligrosos.

Lo sorprendente es que las normas de la OMC impongan la carga de la prueba a los reguladores, que deben demostrar que algo es peligroso.

Estas normas le dan la vuelta al principio de precaución, que impone la carga de la prueba a la entidad que introduce un nuevo producto en el medio ambiente o en el suministro alimentario, que debe demostrar que es seguro. El principio de precaución se inclina a pecar por seguridad y no por imprudencia. Posiblemente es el concepto más importante para guiar al mundo hacia un futuro sostenible.

Hay todo un trasfondo en el cuestionamiento por Estados Unidos de la suspensión de la Unión Europea: está la lucha dentro de la UE sobre si hay que levantar la suspensión. Están las normas de la UE sobre etiquetado de alimentos de biotecnología –que exigen que en las etiquetas se especifique que el alimento tiene un contenido genéticamente modificado a menos que el seguimiento de todos los ingredientes hasta su origen demuestre que están libres de dichas modificaciones– a las que se opone Estados Unidos en nombre de la industria de la biotecnología. Está el ojo por ojo de una demanda de la UE ante la OMC contra ciertas normas fiscales estadounidenses. Está la tensión procedente de las grietas abiertas por la guerra en Irak. Está el problema creciente que afrontan los agricultores estadounidenses, que se están encontrando con países que no están dispuestos a importar sus productos agrícolas genéticamente modificados. Y mucho más.

Pero una pieza crucial es el esfuerzo para acabar con el principio de precaución, articulado en un informe de mayo del Consejo Nacional de Comercio Exterior, una agrupación empresarial que viene siendo sumamente eficaz para fijar la agenda de las grandes empresas en las cuestiones relativas al comercio y convertir después la agenda en ley y política.

“Algunas sociedades, como las que engloba la Unión Europea, tienen la mentalidad de la precaución –se queja el Consejo–, y presumen que un producto es gravemente peligroso hasta que se demuestre su “seguridad”, lo que exige de hecho la prueba del “riesgo cero”. Por el contrario, otras sociedades, como la de Estados Unidos, no se basan en un supuesto tan general.” En Estados Unidos, “salvo que se demuestre que un determinado producto es “peligroso”, se considera que es seguro, reconociendo así que hay cierta cantidad de riesgo inevitable en la vida cotidiana.”

Aunque esta caracterización exagera la tendencia a la seguridad del principio de precaución, que no exige la certeza ni el riesgo cero, ni niega que cierta cantidad de riesgo es inevitable en la vida, sí retrata con relativa exactitud la dicotomía básica.

Las normas de la UE sobre biotecnología son sólo las normas de precaución más destacadas que, según el Consejo Nacional de Comercio Exterior estadounidense, entran en conflicto con las normas de la OMC. Otras normas que el Consejo dice que violan las disposiciones de la OMC incluyen las normas de la UE que exigen a los fabricantes de electrónica que asuman la responsabilidad legal de los productos al final de su vida útil, una estrategia química de la UE (conocida como “REACH”) que exigirá a los fabricantes de productos químicos que prueben la seguridad de sus productos antes de comercializarlos, y una directiva que prohíbe el uso en cosmética de sustancias cancerígenas o mutágenas.

El cuestionamiento por Estados Unidos de la suspensión impuesta por la Unión Europea a la biotecnología está concebido para invocar las normas de la OMC para decir a la UE que ha cedido su derecho a perseguir estas medidas de precaución. Lo mismo se aplica al resto del mundo, e incluso al propio Estados Unidos, pese a que estas medidas de precaución empiezan a señalar la ruta hacia un mundo sostenible.

Russell Mokhiber y Robert Weissman (*)

Focus on the Corporation. EEUU, abril del 2003.

Traducción para La insignia: Berna Wang

25 de junio de 2003

(*) Russell Mokhiber es editor de Corporate Crime Reporter, con sede en Washington D.C. Robert Weissman es editor de Multinational Monitor, con sede en Washington, D.C. Ambos son coautores de Corporate Predators: The Hunt for MegaProfits and the Attack on Democracy (Monroe, Maine, Common Courage Press, 1999).