SAN FRANCISCO, California. Antes del 11 de septiembre del 2001, podían verse en todos lados, con sombreros de seguridad en lugares de construcción, integrando grupos de jardineros o arreglando las fachadas de casas en ciudades y pueblos.

Hoy en día, estos inmigrantes que ofrecen su mano de obra, quienes hacen de todo -desde poner ladrillos hasta podar rosas- están batallando bajo una economía en problemas y la mirada dura y vigilante del creciente aparato de seguridad.

Los jornaleros, junto a otros nuevos inmigrantes, constituyen la mitad de los que ingresaron al mercado laboral durante los 90s.

A lo largo de la costa oeste, el empleo para estos trabajadores declinó a la mitad. Mientras que el número exacto es difícil de establecer, la Oficina General de Contabilidad -el brazo investigador del Congreso- reportó que este año hay 260.000 jornaleros en el país.

“El trabajo está escaseando”, dijo el jornalero Daniel Rosas Romero, de 42 años y residente en San Francisco. Y agrega que aunque muchos desistieron y decidieron regresar a sus países, nuevos inmigrantes desempleados aparecen cada día.

Y ahora, con la seguridad como tema dominante del gobierno, ciudadanos comunes ven a estos trabajadores con desconfianza. “Ahora sentimos el racismo por todos lados”, incluso por parte de patrones reacios y residentes que se sienten envalentonados para lanzarse contra los jornaleros, explicó Rosas, quien llegó ilegalmente al país en el 2001.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), quien afirma haber aumentado los procedimientos de “remoción” desde el 11 de septiembre, 314.000 inmigrantes indocumentados están en proceso de deportación. De este número, el 90 por ciento son mexicanos, seguido por hondureños, salvadoreños y dominicanos. Los jornaleros provienen de este mosaico de nacionalidades.

Envuelto en una mullida chamarra, Rosas permanece parado en una esquina y mira correr a otros jornaleros detrás de una camioneta que se detiene para levantar su carga humana.

A diferencia de muchos indocumentados que tratan de no llamar la atención, los jornaleros tienen que ser visibles para encontrar trabajo. A lo largo de la calle César Chávez de San Francisco, estos trabajadores aparecen al amanecer, habitualmente estirando sus brazos doloridos después de dormir bajo puentes o en refugios.

En el área de Los Ángeles, después del 11 de septiembre, la policía reporta un aumento de pedidos para alejar a los jornaleros, según Pablo Alvarado, coordinador de la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros, con base en Los Ángeles.

En Long Island y Chicago, grupos latinos acusan a la policía de usar leyes contra la vagancia para conducir redadas contra trabajadores, dijo Alvarado. Una vez detenidos, muchos son vulnerables. La mayoría incluso carecen de certificados de nacimiento necesarios para obtener identificaciones consulares de México.

El vocero del INS de Los Ángeles, Francisco Arcaute, dijo que los agentes de inmigración aumentaron su cooperación con las policías locales y participaron en acciones contra jornaleros.

Este tipo de acciones aumentarán bajo el nuevo Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “Confiamos en que tendremos un mayor impacto en el caso de los indocumentados, incluido los jornaleros”.

Estas duras medidas han enfriado la acción organizativa, haciendo que los trabajadores eviten participar en reuniones y conferencias. “Estamos percibiendo el miedo”, dijo Alvarado.

En junio, tres trabajadores que iban a una conferencia sindical en Nueva York, fueron detenidos cuando estaban cambiando una goma pinchada de su auto. Un policía de Pennsylvania los entregó al INS. Uno fue deportado y los otros dos están en proceso de deportación, incluyendo Julieta Bolívar, de 33 años, quien podría ser deportada a Bolivia después de vivir 17 años en Estados Unidos. Sus tres hijos son ciudadanos norteamericanos.

En Maryland, un importante centro laboral para jornaleros, cerró durante la época del francotirador de Washington, por temor a que los trabajadores fueran baleados o detenidos durante la investigación.

El congresista Luis Gutiérrez -Demócrata de Illinois- presentó en septiembre una propuesta de ley para protección de los jornaleros, pero observadores estiman que no tiene chances en un Congreso Republicano. Este año, el Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación, ganó sendas demandas contra leyes anti-jornalero en dos ciudades de California.

Ahora, algunos jornaleros de San Francisco están recibiendo advertencias y hasta infracciones por parte de la policía, quien argumenta que interrumpen el tránsito.

Renee Saucedo, un abogado de la organización no lucrativa Centro Legal La Raza, que administra el Programa Laboral Jornalero, sugiere que el racismo está en pleno. “Creo que se busca un chivo expiatorio en una comunidad que se percibe vulnerable”.

La ciudad congeló los fondos para el programa, argumentando que su pobre administración afecta en lugar de ayudar a los trabajadores.

Algunos comerciantes y dueños de casa dicen que la presencia de los jornaleros alejan clientes y deprecian el valor de las propiedades.

Francisco Miranda, de 37 años, un residente legal, fue despedido de United Parcel Service (UPS) y ahora busca trabajo en puntos de contacto laboral. El afirma que antes era suficiente tener una dirección y un número de seguro social para encontrar trabajo, pero ahora los empleadores son reacios a contratar latinos. “En estos tiempos de guerra y terrorismo, tienes que decirle todo… La situación está dura”.

 Autor:

Marcelo Ballve

ballve@hotmail.com

Colaborador de Pacific News Service,

reportó para Associated Press en Brasil y el Caribe.

Traducción:

Eduardo Stanley

  27 de febrero de 2003