Con Víctor Vaillant

El próximo 7 de diciembre, en referendo popular, los uruguayos deberán optar por mantener o derogar la llamada ley de desmonopolización y asociación de ANCAP(1) que habilita al ente estatal a asociarse con privados para importar, producir y comercializar combustibles. Víctor Vaillant(2) expuso al SIREL las razones por las cuales, en su opinión, hay que votar la papeleta rosada con el SI a la derogación.

- ¿Por qué hay que votar SI?

- Porque esta ley de asociación de ANCAP es muy mala para los intereses de los uruguayos. No sólo es mala: es parte de un proceso mentiroso. Quiero explicar por qué. La ley se gestó a partir de un proceso de coincidencia entre todos los partidos políticos que incluyó a nuestra fuerza política, el Encuentro Progresista (EP). Todas las fuerzas políticas coincidimos en la necesidad de crear una asociación estratégica para ANCAP que permita al ente asociarse con una multinacional del petróleo con un objetivo único: bajar los precios de los combustibles.

Pero ocurre que cuando se crea el instrumento que posibilita al Poder Ejecutivo crear esa asociación, cuando se sanciona la ley, nos encontramos que su texto no condice con los objetivos enunciados. No es una ley que permita una asociación que efectivamente baje el precio de los combustibles sino que es una ley que tiene como único objetivo permitir al actual gobierno recaudar por el valor del 49 por ciento de las acciones que quedarán en manos del socio privado.

Nos damos cuenta de esto claramente si prestamos atención a las condiciones que la ley pone para elegir al socio. Si el objetivo de la ley fuera bajar el precio de los combustibles tendría que establecer que el mecanismo para elegir al socio es aquel que nos permita seleccionarlo entre los que hagan la mejor oferta en la disminución del precio de la materia prima: el petróleo. Porque la única forma de bajar efectivamente el precio de los combustibles es bajando el costo de la materia prima o bajando los impuestos. Para bajar los impuestos no hace falta ninguna asociación; es una decisión política que puede adoptar hoy el gobierno mediante decreto. Por lo tanto: la única forma en que una asociación estratégica -con un socio multinacional del petróleo- puede bajar los precios, es en la medida en que ese socio, a cambio de participar en un negocio que factura mil millones de dólares anuales, aporte materia prima, petróleo crudo, con descuento sobre los precios internacionales.

- ¿Por qué?

- Porque el precio del crudo incide en más del 40 por ciento en el precio final del combustible. En lugar de exigir al socio una disminución de los precios la ley exige otra cosa: dice que va a elegir al socio entre quienes hagan la mejor oferta por el valor del 49 por ciento de las acciones. Aquí aparece claramente que el objetivo de la asociación, y el único resultado posible, por lo tanto, no es bajar el precio de los combustibles sino permitir al gobierno actual, antes de retirarse, recaudar 200 o 300 millones de dólares, que es lo que se estima será la oferta de la competencia por asociarse con ANCAP.

- Quienes impulsan el NO sostienen que la asociación con una empresa extranjera fuerte es necesaria pues, de lo contrario, ANCAP morirá en la libre competencia con las grandes transnacionales del petróleo.

- Si hablamos de la libre competencia en el mercado uruguayo de los combustibles tenemos que pensar en dos cosas: que esa competencia se da en la refinación, es decir que otro pueda refinar combustibles en Uruguay o que otros puedan importar combustibles refinados. Sobre el primer aspecto, la refinación, no hay ni va a haber libre competencia. Porque en el Uruguay hay una sola refinería y no hay mercado para dos. Y esa única refinería es hoy propiedad de ANCAP. Por lo tanto hay monopolio por la vía de los hechos.

A partir de la ley, por más que esta diga que desmonopoliza, en la medida en que la misma ley entrega la refinería a una nueva empresa multinacional que va a ser el socio de ANCAP, esa refinería será la única que esté produciendo combustibles destilados y, por lo tanto, el monopolio se va a mantener. El monopolio de ANCAP va a pasar a ser de una asociación que tendrá el usufructo por 30 años de la única refinería existente y que estará bajo la dirección de una multinacional. Ahí, entonces, no hay libre competencia. Puede haberla en la importación de combustibles. Esto es, que más de una empresa pueda estar interesada en la importación de combustibles refinados.

- ¿Es posible importar combustible más barato?

- Bien, supongamos que se logra importar combustible a un precio tan bajo, pero tan bajo, que fuera similar al precio de la materia prima... A ver si nos entendemos: en la hipótesis -absurda- de que fuera posible importar nafta y gasoil al mismo precio que el petróleo crudo -que sería lo mismo que importar los zapatos al precio del cuero o el pan al precio de la harina-, el precio de los combustibles podría bajar apenas menos del 7 por ciento, porque ese es el porcentaje en que el costo de la refinación en Uruguay incide en el precio final de los combustibles.

En ese precio más del 40 por ciento es costo de materia prima, alrededor de otro 40 por ciento son impuestos y la distribución representa entre 10 y 12 por ciento del total. Por tanto, si fuera posible eliminar el costo de la refinación, sólo se podrían bajar los precios en aproximadamente un 7 por ciento. Para que ello fuera posible los trabajadores de ANCAP tendrían que trabajar gratis, no se tendrían que pagar sueldos ni cargas sociales, deberíamos recibir tecnología gratuita y el mantenimiento de la empresa debería tener costo cero. Todo lo cual demuestra que es absurdo pretender bajar el precio de los combustibles por esta vía.

Pero además se da otro fenómeno. Para terminar con los monopolios no sólo es necesario aprobar una ley que diga que desmonopoliza sino que tendrían que concurrir varias empresas en la competencia. En ese caso tendrían que ser varias las empresas que importaran y distribuyeran combustible. Para poder importar combustible refinado hay que poseer toda una infraestructura que hoy tiene propietario: la boya petrolera para poder recibir los combustibles, el oleoducto para transportarlos y los tanques para depositarlos. Todos esos elementos están hoy en manos de ANCAP y por obra de esta ley pasarán a manos de la nueva asociación que será la única que pueda utilizarlos. Y finalmente las propias estaciones de servicio, que son las bocas de venta al público, de las cuales aproximadamente el 50 por ciento pertenece a ANCAP. Para que se entienda: si don José tiene mucha plata y se le ocurre importar combustible no lo va a poder almacenar en el fondo de la casa en un tanque de dolmenit.

- ¿Entonces?

- Entonces, por estas razones -y no son las únicas- la ley es absolutamente mala, porque no sólo no va a traer como consecuencia la baja de los precios de los combustibles sino que su consecuencia lógica será la suba de los precios, porque el socio que ponga 200 o 300 millones de dólares para pagar el valor del 49 por ciento de las acciones lo hará con un objetivo de lucro y, por tanto, va a tener que aumentar la rentabilidad de la empresa para recuperar la inversión, para tener tasa de retorno, y hay una sola manera de lograrlo en tanto no es posible bajar los costos trayendo materia prima más barata: sencillamente aumentarán los precios de venta al público.

- Los defensores de la ley prometen lo contrario...

- Esa es la gran farsa a que me refería al principio: en realidad este gobierno no quiere bajar el precio de los combustibles. Aquí uno tiene que preguntarse cuál es la fuerza política que tiene real interés en que bajen los precios de los combustibles: ¿aquella que tiene un modelo de país basado en la plaza financiera y de fomento de las importaciones de productos extranjeros -y que por tanto no necesita un combustible más barato para su modelo económico, pues los bancos no funcionan a combustible y los importadores tampoco-, o aquella que propugna un modelo basado en el desarrollo productivo y que por eso le resulta vital en su gobierno tener combustible más barato? Es clarísimo que el Encuentro Progresista está realmente interesado en bajar el precio de los combustibles y si esta ley generara esa expectativa, aunque fuese en forma mínima, no cabe ninguna duda que el EP la apoyaría. No lo hace porque no es así.

En segundo lugar: ¿quien tiene que estar más interesado en bajar el precio de los combustibles? ¿El gobierno que se va, que inexorablemente se va dentro de un año y poco, o el gobierno que viene, el que se va a instalar en la conducción del país a partir del 1° de marzo de 2005? Sin lugar a dudas, es el gobierno que viene y el que necesita, para el éxito de su gestión, bajar el precio de los combustibles. Nadie puede pensar que se encontraron una mañana en un acto de ternura los doctores (Jorge) Batlle, (Julio María) Sanguinetti y (Luis Alberto) Lacalle(3) para ponerse de acuerdo en ver cómo hacían para dejarle combustible barato al futuro gobierno del doctor Tabaré Vázquez.

Washington Fernández

© Rel-UITA

4 de noviembre de 2003

NOTAS

(1)  La estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland monopoliza la importación de crudo, refina los combustibles y fija los precios de comercialización. La distribución es compartida por cuatro empresas: Ducsa, Texaco, Shell y Esso.

(2)  Víctor Vaillant es líder del Movimiento Claveles Rojos, agrupación política que integra la coalición centroizquierdista Encuentro Progresista desde marzo del año 2000.  En los primeros años de la década del 80, todavía en dictadura, fue fundador de la Comisión Nacional de Derechos Sindicales (CNDS), que diera lugar a la Comisión de Estudios Económicos, Sociales y Sindicales (CEES), la cual tuvo a la Rel-UITA como sede, y desarrolló una labor protagónica en la reorganización del movimiento obrero uruguayo.

(3)  Los dos primeros son los principales líderes del Partido Colorado. Jorge Batlle es el actual presidente de la República y Julio María Sanguinetti lo fue durante los períodos 1985-1990 y 1995-2000, en tanto Luis Alberto Lacalle, líder del Partido Nacional, fue presidente de la República en los años 1990-1995. El Partido Nacional se retiró de la coalición de gobierno en octubre de 2002, pero habitualmente apoya las iniciativas oficialistas.