Según la radio británica BBC, más de 100 personas murieron el pasado 30 de mayo después de que una comitiva de la Liga Nacional por la Democracia (LND) fuera atacada por grupos afines al gobierno, 600 kilómetros al norte de Rangún, capital de Birmania (Myanmar si se utiliza el nombre oficial adoptado por la junta militar). El balance se completa con más de 100 heridos y la detención junto con 18 miembros de su partido de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y líder de la oposición democrática a la junta militar birmana. Los asaltantes eran soldados y policías ayudados por presidiarios y miembros de la Unión por la Solidaridad y el Desarrollo (USD), organización de masas afín al gobierno creada en 1994. La ofensiva contra el movimiento democrático se completó con el cierre de todas sus sedes y la clausura de las escasas universidades del país.

La situación empeora cada día. La presencia del enviado especial de Naciones Unidas, el malasio Razali Ismail, no ha surtido ningún efecto sobre el gobierno de Rangún. Después de semanas de negociaciones y presiones, el representante de la ONU ha podido tener un breve encuentro con la líder de la LND y comprobar que su estado de salud es óptimo. Aung San Suu Kyi es hija del general Aung San, líder de la independencia birmana, asesinado junto con sus colaboradores en 1947. Líder histórica de la oposición democrática, Suu Kyi ha sufrido ya otros períodos de arresto domiciliario y fue liberada por última vez en mayo de 2000. La LND se encuentra en el punto de mira del aparato represivo militar desde que obtuviese el 82 por ciento de los votos en las elecciones libres celebradas en mayo de 1990. El resultado no fue reconocido por una junta militar que gobierna el país desde 1988, después de derrocar al general Ne Win, en el poder desde 1962. Un triunvirato de generales controla un ejército inmenso y omnipresente, y constituyen la parte visible de una pequeña elite militar que se reparte las riquezas y el poder del país.

Birmania constituye el paradigma de estado fallido: pobre, sin libertades, controlado por pequeñas mafias, invadido por el narcotráfico y el esclavismo, corrupto y aislado. Desde 2002 la inflación ha depreciado la moneda nacional y ha terminado de hundir la economía de un país en el que la inmensa mayoría de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Más de 1.600 presos políticos se encuentran encerrados en las cárceles de todo el país y, según Reporteros Sin Fronteras, Birmania es uno de los cinco países del mundo donde más se coarta la libertad de expresión. Además, la brutal represión militar, destinada especialmente a las minorías no birmanas, ha provocado más de tres millones de desplazados y cientos de miles de exiliados. En este contexto la violación de mujeres y la utilización de niños soldado se han convertido en armas cotidianas para el ejército birmano. Según el Informe “My gun was as tall as me: Child Soldiers in Burma” (publicado por la ONG Human Rights Watch en octubre de 2002), de los 300.000 niños soldado que existen en todo el mundo más de 60.000 se encuentran en Birmania. A través de las políticas de reclutamiento forzoso, el ejército birmano separa a los niños de sus familias y les engancha a las drogas para emplearles después en el combate. Según Human Rights, la media de edad no supera los 12 años. Cualquier resistencia o intento de huida se paga con un fuerte castigo e incluso con la muerte.

Por otro lado, Myanmar es uno de los primeros exportadores mundiales de drogas y el segundo productor global de opio. Sólo en Tailandia entran cada año, según las autoridades de Bangkok, entre 700 y 800 millones de pastillas fabricadas en el país vecino. Dirigido por el ejército, el narcotráfico genera ingentes beneficios y se ha convertido en la actividad industrial nacional. Así, según recogen André y Louis Boucaud en su artículo “La Birmanie feint le changement” (Le Monde Diplomatique, febrero de 2003) las principales empresas de Birmania son entidades que se dedican al blanqueo de dinero.

Sin embargo, aquello que ha hecho tristemente célebre a la junta militar es la utilización de mano de obra esclava. Los trabajadores en condiciones de esclavitud se utilizan para la construcción de obras públicas y privadas, canteras y factorías. Siempre, por supuesto, bajo la vigilancia y supervisión del ejército y con la colaboración y el beneplácito de las empresas occidentales beneficiadas. Así, la empresa estadounidense Unocal se enfrenta a diversos procesos judiciales después de que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos concluyera que la multinacional ha colaborado con el régimen militar birmano en la violación de los derechos humanos de la población civil. Es más, la empresa ha utilizado para la construcción del oleoducto de Yadana mano de obra proporcionada por el gobierno birmano que, al mismo tiempo, ha garantizado la protección de las instalaciones de la empresa.

Pero no son éstos los únicos colaboradores con el régimen militar de Rangún. Las potencias regionales prefieren mirar a otro lado y mantener las alianzas con este país. Por ejemplo, China ha cerrado sus fronteras y de esta manera ha impedido la huida de miles de opositores perseguidos, y Japón, primer socio comercial de Birmania, ha reforzado su colaboración con la dictadura militar al tiempo que realiza tímidas críticas ante la violación continua de los derechos humanos.

Por su parte, la Unión Europea ha reforzado las sanciones y ha iniciado una presión diplomática orientada a debilitar el régimen militar y frenar las violaciones de los derechos elementales de los birmanos.

Sin embargo, por el momento, nadie adopta una postura decisiva y enérgica contra un país convertido en una enorme cárcel para sus ciudadanos. Mientras, cada día, la vida de Aung San Suu Kyi y cientos de miles de sus compatriotas sigue amenazada ante el silencio y la indiferencia de parte importante de la comunidad internacional.

Juan Carlos Galindo

Agencia de Información Solidaria

brot32@yahoo.es

26 de junio de 2003