1 de mayo del 2002

Ya es hora de sacar
a la población civil del conflicto

En el marco de la creciente intensificación del conflicto colombiano, la población civil en Apartadó, departamento de Antioquia, se está convirtiendo cada vez más en el blanco de agresiones por parte de los actores armados, denunció hoy Amnistía Internacional. La organización condenó enérgicamente el asesinato a sangre fría de nueve trabajadores en una finca bananera en Apartadó el 26 de abril, presuntamente a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"De confirmarse la autoría de la masacre, ésta constituiría una gravísima violación por parte de las FARC de las normas del derecho internacional humanitario. Respetar estas normas es una obligación inderogable de todas las partes del conflicto," manifestó Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos insistió en que es fundamental llevar a cabo con urgencia una investigación exhaustiva e independiente para identificar a los responsables de la matanza y llevarlos ante la justicia, conforme con los estándares internacionales.

"Vivir en las áreas de combate se está volviendo cada día más riesgoso. Los civiles se encuentran atrapados en el juego estratégico y militar de las dos partes beligerantes, las cuales se niegan a reconocer el derecho inalienable de la población civil a no verse involucrada en el conflicto," recalcó Amnistía Internacional.

Recientemente, la organización ha recibido numerosas denuncias de asesinatos de miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó y de transportistas encargados de llevar pasajeros y víveres a dicha comunidad.

"Las denuncias indican que estos asesinatos habrían sido llevado a cabo por los grupos paramiliatres activos en la zona, que actúan con plena impunidad y frecuentemente gozan del apoyo directo o indirecto de las fuerzas de seguridad," señaló Amnistía Internacional.

La comunidad de paz de San José de Apartadó ha sido acusada por parte de los paramilitares de "colaborar" con la guerrilla, y por eso ha sido objeto de ataques, amenazas, acoso y bloqueos económicos. Desde 1997, año en el que San José se declaró "comunidad de paz", más de 90 de sus miembros han sido asesinados. Más del 95% de estos asesinatos fueron a manos de grupos paramilitares; los demás de la guerrilla.

"Ya es hora de tomar medidas urgentes para amparar a la población civil de los efectos del conflicto," declaró Amnistía Internacional instando una vez más a los grupos de oposición armadas, a las fuerzas de seguridad y a sus aliados paramilitares a que concluyan un acuerdo humanitario.

Asimismo, la organización expresó la esperanza de que el Consejo de Seguridad convocado en Apartadó para la semana próxima, en el cual según se informa participarían representantes del gobierno, tome todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de los miles de civiles afectados por el conflicto en la región.

"En particular, el Consejo de Seguridad debería deliberar acciones urgentes para contrastar las actividades de los grupos paramilitares y proteger a la población civil de las agresiones de los grupos armados, no sólo en la municipalidad de Apartadó, sino en toda la región de Urabá," concluyó Amnistía Internacional.

Información general

En varias ocasiones en el pasado, ambas partes en el conflicto han llevado a cabo masacres de trabajadores bananeros, a quienes cada grupo acusaba de "colaborar" con sus respectivos enemigos.

La región de Urabá abarca partes de los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, en el noroeste de Colombia.

 Amnistía Internacional, mayo del 2002.