Funcionarios municipales en la línea del fuego

La decisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de considerar alcaldes y concejales del departamento de Caquetá como objetivos militares si no renuncian a sus funciones, es totalmente inaceptable, declaró hoy Amnistía Internacional, condenando el asesinato ayer del alcalde de Solita, Caquetá, supuestamente a manos de las FARC.

La organización de derechos humanos volvió a instar al grupo guerrillero a que respete la vida de todos los civiles en las áreas de conflicto y su derecho a no verse involucrados en las hostilidades.

"De acuerdo al derecho internacional humanitario, cuyas normas rigen la conducta de los conflictos armados, los ataques contra la población civil están prohibidos," añadió Amnistía Internacional. "No cabe ninguna duda de que, mientras no participen en el conflicto, los funcionarios municipales son civiles y, como tales, deben gozar de protección bajo el derecho internacional humanitario."

Amnistía Internacional ve con honda preocupación la reciente oleada de amenazas contra alcaldes y concejales en varias municipalidades del departamento de Caquetá, entre ellas las que conformaban la antigua zona desmilitarizada creada para facilitar las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. En los últimos días, en San Vicente del Caguán, varios concejales se han visto obligados a abandonar el área por su seguridad.

"El acoso, secuestro e incluso homicidio de funcionarios municipales no son nada nuevo," señaló Amnistía Internacional, recordando numerosos episodios de este tipo, tanto a manos de los grupos guerrilleros como de los grupos paramilitares, los cuales han recientemente aumentado sus amenazas contra alcaldes y han llevado a cabo asesinatos de funcionarios municipales en varias partes del país.

"Es imperativo que las partes en conflicto respeten la vida de todos los civiles, incluyendo a los que ejercitan funciones oficiales en la administración civil, y que las autoridades colombianas tomen todas aquellas medidas necesarias para garantizar su seguridad," concluyó la organización.

Amnistía Internacional,

junio del 2002.