Grave situación en la zona de Bellavista y Vigía del Fuerte

El Secretariado Internacional de la Organización Mundical Contra la Tortura (OMCT), ha sido informado de la muerte de cerca de un centenar de personas civiles, entre ellas cerca de 40 niños debido al impacto de un cilindro de gas explosivo (pipeta de gas) lanzada dentro de una iglesia católica en la que se protegían de los violentos enfrentamientos armados entre guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el municipio de Bojayá, en el Departamento del Chocó. Además como consecuencia de ello cerca de 80 personas se encuentran desaparecidas, y numerosos pobladores, la mayoría niños, fueron obligados a desplazarse provocando una grave crisis humanitaria.

De acuerdo con informaciones de fuentes confiables, el miercoles 1 de mayo del 2002 comenzaron los combates entre las AUC, quienes operaban desde " Bellavista ", zona urbana del municipio de Bojayá y las FARC quienes les respondían desde Vigía del Puerto, municipio localizado al frente del anterior. Según los informes, los combates sorprendieron a los habitantes de Bojayá quienes solo habían visto a algunos paramilitares que recorrían las calles del mencionado municipio. Al comenzar los combates decidieron encerrarse en sus casas para evitar ser el blanco de los disparos, pero al atardecer, escucharon el consejo de refugiarse dentro de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (ubicada a unos 500 metros de los combates), y aproximadamente 300 personas se ubicaron dentro de la misma, en donde los religiosos consiguieron algo de comida, particularmente para los niños.

De acuerdo con las informaciones, el jueves 2 de mayo del 2002, los combates se recrudecieron ya que las FARC habían llegado hasta una parte del sector dominado por los paramilitares. Hacia el mediodía se presentó la tragedia cuando un cilindro de gas, según los informes, lanzado por miembros de las FARC, explotó dentro de la iglesia, dejando no sólo cerca de 100 personas muertas, muchos de ellos niños, sino también por lo menos 105 heridos.

Los informes señalan que como consecuencia del terror, todos los habitantes salieron huyendo desde Bellavista (sin tener tiempo, ni medios para enterrar a los muertos) hacia el municipio de Vigía del Fuerte, en donde se encuentran acompañados de los religiosos, pero sin comida, ni abrigo, ni con qué curar los 15 heridos graves y otros 96 no tan graves. Algunos pobladores se pudieron embarcar en unos botes que sacaron a varias personas del caserío Puerto Conto, ubicado a 20 minutos de Bellavista y por este u otros medios lograron llegar hasta Quibdó, en donde permanecían en un albergue, 131 personas (30 familias): 27 hombres, 29 mujeres, 33 niños y 43 niñas. (Había 16 lactantes y una madre gestante). Sin embargo, los religiosos que están acompañando a los desplazados afirman que en la región habitan más de 45.000 personas entre campesinos e indígenas, los cuales se encuentran atrapados entre el fuego cruzado de los guerrilleros y los paramilitares.

Los informes señalan que las autoridades hicieron caso omiso de las alertas lanzadas por varias ONG, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, respecto del peligro que acechaba a los pobladores de Bojayá y de Vigía del Puerto debido a los movimientos de grupos armados en la región. Además miembros de la Iglesia manifestaron que temen mucho a las consecuencias que puedan dejar las operaciones militares en la zona, sobre todo, porque restringirán el ingreso de las misiones humanitarias y agregando que, "si la salida era militar, porque no la hicieron hace dos años cuando era de público conocimiento la presencia de los grupos armados, inclusive, en esas cabeceras municipales. "Tuvieron que esperar a que hubiera tanto muerto" ; " los combatientes huirán y, en cambio, la población civil permanecerá, como siempre, en medio del fuego cruzado, sin que se pueda hacer mucho por ella ".

La OMCT condena con firmeza estos nuevos hechos de extrema violencia, la persecución contra la población civil, la aparente impunidad de los autores y la omisión de medidas efectivas de protección por parte de las autoridades municipales, gubernamentales y nacionales para prevenir estos hechos ; comparte la denominación de este acto como "un crimen de guerra", y recuerda la prohibición del Derecho Internacional Humanitario de atacar las instalaciones religiosas.

Convenio

La Insignia – Rel - UITA

Equipo Nizkor, mayo 2002.