Poner fin

a la impunidad

Apertura de Irene Khan,

Secretaria General de Amnistia Internacional

Buenas noches. Quisiera comenzar pidiéndoles que observemos un minuto de silencio en memoria de los civiles muertos en estos últimos días en Bojayá, departamento de Chocó, y de todas las víctimas de la crisis humanitaria y de derechos humanos de Colombia. Quisiera asimismo agradecerles a todos que hayan aceptado la invitación de Amnistía Internacional para tomar parte en el debate de esta noche sobre los derechos humanos en Colombia, y a la Comisión Colombiana de juristas por su ayuda en organizar este evento. Y en particular, agradezco a los candidatos a la presidencia que han aceptado participar con nosotros en un diálogo sobre el tema crucial que afecta actualmente a Colombia: cómo garantizar la seguridad sin sacrificar los derechos humanos. Antes de comenzar el debate, deseo señalar que una de las invitadas a él, Ingrid Betancourt, está impedida de estar aquí. La señora Betancourt lleva tres meses secuestrada por las FARC. Como muchos otros colombianos políticos, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, periodistas Ingrid Betancourt está pagando un alto precio por su compromiso con la sociedad civil. Al igual que todos los rehenes civiles actualmente en manos de grupos armados, debe ser liberada inmediatamente.

Colombia está en una encrucijada. El país vive uno de los periodos más críticos de su historia reciente. Tras el fracaso del proceso de paz con las FARC en febrero pasado, el conflicto se ha intensificado, la seguridad está debilitada, la crisis de derechos humanos en todo el país se ha agravado. Todos ustedes conocen las cifras: en este conflicto mueren diariamente unas 20 personas, y desde 1985 han muerto más de 60.000. Un 80 por ciento de las víctimas son civiles, muertos fuera de combate. Miles de civiles más viven con miedo a que los secuestren, los ejecuten o los hagan desaparecer. Centenares de miles han sido obligados a huir de sus hogares, sus tierras, sus medios de vida cuando los grupos armados se niegan a garantizar su seguridad y su derecho a no verse involucrados en el conflicto. Los grupos paramilitares continúan matando, amenazando, hostigando y desplazando a la población. Su actuación es tolerada, cuando no apoyada, por las fuerzas armadas, las mismas que se supone que tienen el deber de proteger a la población. Las prácticas de las organizaciones guerrilleras han generado violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario. Las leyes antiterroristas y los planes propuestos para suprimir las condiciones de derechos humanos sobre el uso de la ayuda militar extranjera amenazan con poner aún más en peligro los derechos fundamentales de los civiles que viven en las zonas de conflicto.

Y no obstante, aunque la crisis es profunda, aún hay esperanza. Las próximas elecciones presidenciales ofrecen una oportunidad única para cambiar, una oportunidad para adoptar las medidas valientes que este país lleva esperando tanto tiempo: medidas para terminar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos; medidas para hacer frente, aislar y desmantelar a los grupos paramilitares responsables de tantas de estas violaciones; medidas para proteger a quienes están dedicados a la defensa de los derechos humanos y a los que más peligro corren: indígenas, desplazados (especialmente mujeres y niños) y comunidades afrocolombianas. Y lo más urgente de todo, medidas para llegar a un acuerdo humanitario inmediato entre el gobierno y los grupos armados de oposición a fin de retirar a la población civil del conflicto.

También se abre una ventana de oportunidad para que la comunidad internacional alente al nuevo gobierno colombiano a que respete y ponga en práctica las recomendaciones repetidamente formuladas por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con el fin de encarar la crisis humanitaria y de derechos humanos. Los gobiernos extranjeros sólo deberían proporcionar ayuda militar poniendo condiciones claras y exigiendo pruebas concretas de que las fuerzas de seguridad están tomando medidas contra la impunidad, combatiendo y desmantelando los grupos paramilitares y respetando los derechos humanos y el estado de derecho. De faltar estas condiciones y pruebas, la ayuda militar, lejos de fortalecer la seguridad, acabará exacerbando la crisis de derechos humanos y enviando un mensaje peligroso de que se puede seguir cometiendo violaciones de derechos humanos con impunidad.

Ningún gobierno colombiano ha tomado las medidas consideradas cruciales para resolver la crisis y que han recomendadas una y otra vez por las Naciones Unidas y por muy diversas organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional.

Ningún gobierno colombiano ha reconocido que las autoridades tienen la obligación especial de hacer respetar y proteger los derechos humanos, y que nunca pueden abdicar de esta responsabilidad, ni siquiera en momentos de extrema dificultad, amenaza o guerra.

Ningún gobierno ha aceptado la existencia de vínculos entre los grupos paramilitares y las fuerzas públicas, ni siquiera ante pruebas bien documentadas de diversos organismos, como las Naciones Unidas, el sistema interamericano, la Fiscalía General de la Nación y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional.

Y por último, ningún gobierno colombiano ha dejado de utilizar el argumento de la seguridad para justificar su inacción. De hecho los gobiernos colombianos no han sido los únicos en hacerlo. Los gobiernos de todo el mundo sostienen (y más aún desde los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos) que la seguridad es un valor absoluto que debe protegerse a cualquier precio, aunque el precio sea sacrificar los derechos inherentes al ser humano. Es un argumento peligroso. La dicotomía entre seguridad y derechos humanos es falsa. La pregunta que tenemos que ponernos es "a quién tiene que garantizar el gobierno la seguridad?" La seguridad consiste en proteger a toda la gente para que no le hagan daño, y en esto también consisten las normas internacionales de derechos humanos. Los derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, no son más que otra forma de expresar la idea de la seguridad que la gente espera que sus gobiernos le garanticen. Los derechos humanos no son un obstáculo para la seguridad, la paz o la prosperidad. Por el contrario, son la clave para lograr estos objetivos. Una seguridad verdadera sólo se consigue si se hacen respetar los derechos humanos y el Estado de derecho. Los derechos humanos son la base para crear un Estado fuerte y responsable, sin el cual no puede haber estabilidad, seguridad ni paz.

La Corte Constitucional colombiana ha dado recientemente un importantísimo paso adelante al reconocer que los derechos humanos no pueden sacrificarse por consideraciones de seguridad, al declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Nacional, que concedía facultades especiales al ejército y podría haber tenido como consecuencia la violación de los derechos más básicos de la población civil en las zonas de conflicto. Amnistía Internacional espera que el espíritu de esta sentencia se traduzca en medidas concretas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de todos los colombianos.

Dentro de pocos meses, una de las personas que esta noche comparten conmigo la mesa tomará posesión como presidente de la República. Espero que nuestro debate contribuya a elevar los temas de derechos humanos hasta un lugar prioritario de la agenda política de todos los candidatos y que, sea quien sea el que gane las elecciones dentro de dos semanas, tenga el valor y la visión política de aceptar el desafío de los derechos humanos. Es un desafío difícil, pero puede y debe ganarse. Para enfrentarse a este desafío, Colombia necesita un gobierno valiente, comprometido y con voluntad política. Un gobierno que no eluda sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Y para ello es fundamental, merece la pena repetirlo para combatir la impunidad generalizada que protege a los responsables de violaciones de derechos humanos, tomar medidas contra los grupos paramilitares y cortar sus vínculos con las fuerzas armadas y proteger a todos los civiles de sufrir violaciones a manos de todas las partes en conflicto.

Les agradezco de nuevo su presencia aquí esta noche y cedo la palabra a nuestra moderadora.

Conclusiones de Irene Khan,

Hemos escuchado con interés a los señores candidatos y candidatas a la presidencia. Es lamenteble que en un país como Colombia, la temática de los derechos humanos haya quedado excluída hasta hoy de la agenda de la campaña electoral. Esperamos que este debate haya contribuido a llamar atención a estos temas tan importantes.

Nuestra expectativa ahora es que los candidatos a la presidencia no se limiten a adoptar la retórica de los derechos humanos, sino que se comprometan a tomar medidas concretas para poner plenamente en práctica las recomendaciones repetidamente formuladas por las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, Amnistía Intenacional y otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. El nuevo gobierno tendrá que poner fin a la impunidad, romper los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares, y garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y de los demás grupos vulnerables de la población civil.

Amnistía Internacional seguirá con atención si el nuevo presidente, o presidenta, se mantiene a la altura de sus obligaciones humanitarias y de derechos humanos, y tenemos la firme intención de continuar este diálogo con la nueva administración.

Autor:

Amnistía Internacional

mayo del 2002.