¿Qué seguridad?

Ante la noticia de que las Naciones Unidas están considerando qué papel podrían desempeñar en un futuro proceso de paz colombiano, según lo sugirió el presidente electo de la República Álvaro Uribe, Amnistía Internacional reiteró hoy la necesidad imperante de que un acuerdo humanitario que aparte a la población civil de la guerra constituya la piedra angular de cualquier negociación.

"Cada día en las áreas de conflicto, centenares de hombres, mujeres y niños, sufren gravísimas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario," señaló Amnistía Internacional, añadiendo que "tragedias como la ocurrida recientemente en Bojayá, Chocó, en la que perdieron la vida 119 civiles inermes a raiz del uso de un cilindro de gas por parte de las FARC, ponen de manifiesto la urgencia de garantizar la plena protección de la vida y los derechos humanos de todos los civiles."

En este sentido, es motivo de profunda preocupación para Amnistía Internacional el proyecto presentado por el presidente electo Uribe de crear una red de un millón de informantes para apoyar a las fuerzas armadas en la guerra contra las organizaciones alzadas en armas.

"Esto acabaría por aumentar el involucramiento en el conflicto de la población civil, quitándole así la protección que le corresponde bajo el derecho internacional humanitario. "La propuesta no sólo ignora el derecho de la población civil a no ser involucrada en situaciones de conflicto, sino que también conlleva el riesgo de que se repita la historia de la evolución del paramilitarismo en Colombia y de que estas estructuras terminen por complementar la estrategia paramilitar."

La organización insistió en la importancia de combatir el fenómeno del paramilitarismo, y expresó su preocupación ante el hecho de que el presidente electo, al proponer negociaciones con la guerrilla y los grupos paramilitares, no esté reconociendo los vínculos entre las fuerzas armadas y los paramilitares, y de tal forma no esté poniendo énfasis en la necesidad de combatir y desmantelar estos grupos, y romper sus vínculos con la fuerza pública.

"Un verdadero proceso de paz requiere que todos los responsables de las violaciones y abusos de derechos humanos, sean guerrilleros, paramilitares, o miembros de la fuerza pública, sean llevados ante la justicia," enfatizó la organización.

En la primera semana de mayo, Amnistía Internacional sostuvo un debate con el futuro presidente Uribe y los demás candidatos a la Presidencia, sobre el tema de los derechos humanos.

"Consideramos positivas las declaraciones hechas por Álvaro Uribe sobre su compromiso con las obligaciones internacionales contraídas por Colombia en materia de derechos humanos, y esperamos continuar un diálogo constructivo con él sobre este tema," manifestó la organización.

"Sin embargo, instamos desde ahora al futuro Presidente de Colombia a que coloque los derechos humanos de todos sus conciudadanos en el centro de sus programas y actuaciones políticas, y a que no permita que éstos resulten sacrificados en el altar de la seguridad," continuó Amnistía Internacional, que en su informe anual publicado ayer expresó la firme convicción de que no existe dicotomía entre seguridad y derechos humanos, y que sólo a través de la plena vigencia de éstos se puede garantizar una seguridad verdadera y duradera.

"Asimismo instamos al futuro gobierno de Colombia a que tome medidas concretas y urgentes para encarar enérgicamente el problema de la impunidad que hasta ahora ha amparado a los responsables de las graves y repetidas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el país, lo cual ha creado un ambiente favorable para la perpetración de más abusos," agregó la organización.

Amnistía Internacional expresó también su inquietud frente a la propuesta del presidente electo Uribe de adoptar una legislación antiterrorista que otorgue, entre otras cosas, poderes de policía judicial a las fuerzas de seguridad.

"Esto iría en contra del espíritu del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales medidas similares contenidas en la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, y conllevaría un riesgo de fortalecer los mecanismos que hasta ahora han garantizado la impunidad, a través del encubrimiento de las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos cometidas, bien por las fuerzas armadas, bien por los grupos paramilitares vinculados con ellas," enfatizó la organización.

Autor:

Amnistía Internacional

mayo del 2002.