5 de mayo del 2002

El exterminio del sindicalismo colombiano

Área de Derechos Humanos y Laborales
de la Escuela Nacional Sindical. Medellín (Colombia), 1 de mayo

El año pasado, por estos días, registrábamos en un comunicado que titulábamos "Emergencia humanitaria del sindicalismo colombiano" el aumento del 400% en el número de homicidios de sindicalistas frente al mismo periodo del año 2000 (enero - abril) cuando pasamos de 8 a 35 víctimas.

Hoy, un año y doscientas muertes después, en el marco de la conmemoración del Día internacional del trabajo no podemos dejar de constatar y hacer pública nuevamente la aterradora realidad que está padeciendo el sindicalismo colombiano, de condenarla de manera radical, de exigir otra vez protección y respeto a la vida e integridad de los hombres y mujeres del sindicalismo, que a pesar de tenerlo todo en contra siguen ahí, con terquedad, defendiendo con su vida y con su sangre al mayor y más antiguo movimiento civil organizado de Colombia.

Los últimos hechos en contra de los sindicalistas colombianos no dejan duda de la barbarie de las estrategias y los métodos que los guerreros de este país, de todas las banderas y de todos los colores desarrollan para hacer realidad sus proyectos totalitarios. Las Autodefensas Unidas de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y demás ejércitos ilegales pretenden exterminar al sindicalismo que no siga sus ordenes perentorias e indiscutibles.

En estos cuatro meses de barbarie debemos registrar con dolor la muerte de 52 sindicalistas, de los cuales 18 eran dirigentes sindicales, la muerte de siete mujeres afiliadas al movimiento sindical, 25 casos de amenazas, 6 atentados, 4 desapariciones y 8 secuestros.

Una muestra de esos métodos y de sus bárbaras consecuencias es lo que le espera a los trabajadores y dirigentes de Sintrainagro ante una eventual ofensiva guerrillera en Urabá luego de la masacre cometida por las FARC en la finca Villa Lucía del municipio de Apartado el 26 de abril en la que fueron asesinadas nueve personas indefensas y desarmadas. De las cuales siete eran miembros del sindicato bananero.

Ante este panorama desolador debemos insistir en condenar sin excepción todos los casos de violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos, vengan de donde vinieren y sea quien haya sido la víctima. La agitación de cualquier ideología política o social o la lucha por imponer algún credo político no justifican, en ningún caso, para su logro la violación sistemática o individual de los Derechos Humanos o del Derechos Internacional Humanitario. Es indudable que esta campaña de exterminio limita de manera esencial el ejercicio del derecho de asociación para cualquier trabajador colombiano.

Debemos condenar de nuevo la incapacidad y la falta de voluntad del Estado colombiano, sin excepción, para proteger la vida y la integridad del sindicalismo, es en especial ineficaz el papel de la dirección de DDHH del Ministerio del Interior, encargado del Programa de protección de líderes sindicales, carente de recursos y de voluntad mínimos que le permita atender de alguna manera a la oleada creciente de amenazados, desplazados y perseguidos sindicales.

Igual que el año anterior queremos insistir sobre la necesidad de adelantar acciones contundentes por parte del movimiento de derechos humanos y el sindicalismo internacional que ya tanto ha hecho por sus hermanos y hermanas de Colombia. Algunas de ellas podrían ser:

1.   Es imprescindible establecer una misión permanente en el país de observación, monitoreo y acompañamiento del sindicalismo colombiano por parte de las confederaciones y secretariados internacionales, hay que crear urgentemente un protectorado sindical internacional sobre Colombia.

2.   Pese a las buenas intenciones de la OIT, que en todas sus instancias ha debatido sobre esta difícil situación, la verdad es que la financiación del Programa de cooperación técnica no se ha conseguido, aunque han pasado más de diez meses desde su aprobación por parte del Consejo de Administración. El Programa de cooperación técnica debe acompañarse de una Misión permanente de la OIT en Colombia con un amplio mandato que el permita hacer monitoreo, asistencia técnica y pronunciamientos públicos sobre el cumplimiento por parte del gobierno colombiano de las recomendaciones de los Órganos de control y del Consejo de Administración. Esta misión debe contribuir igualmente a generar un ambiente de respeto a la dirigencia y a la actividad del sindicalismo colombiano.

3.   La persistencia en la estrategia de aniquilamiento del sindicalismo colombiano, en especial de su dirigencia, se ha agudizado en los dos últimos años, al pasar de un promedio anual de 32 dirigentes sindicales asesinados en la última década a 63 el año pasado. Esta tendencia se mantiene en los primeros cuatro meses del año 2002 al registrarse 18 dirigentes sindicales asesinados. Esto hace necesario insistir en la discusión sobre le establecimiento de la Comisión de encuesta para Colombia, a pesar de las condiciones económicas y políticas que esgrime el actual gobierno y los gremios empresariales.

4.   Es necesario igualmente insistir en que se evalúe la gestión del Programa de protección a dirigentes sindicales y que esa evaluación tenga efectos reales en el mejoramiento en la atención de tantas víctimas.

5.   La impunidad de todos estos crímenes sigue siendo total. Queremos insistir en la necesidad de que una comisión mixta, nacional e internacional, de expertos pueda conocer al detalle el estado de los proceso judiciales contra los autores de violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas, pueda recomendar acciones para su esclarecimiento y monitorear el estado de la investigaciones por esos crímenes.

6.   Por último creemos indispensable que las distintas organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, los candidatos presidenciales y los gremios empresariales se pronuncien categóricamente en contra de esta campaña de exterminio contra el sindicalismo colombiano.