En derechos humanos
reprueba América Latina |
Amnistía Internacional asegura que la población civil sigue siendo
víctima directa de la impunidad
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LONDRES
(EFE)
- El informe de Amnistía Internacional (AI)
2003 pone de manifiesto que persisten graves deficiencias en los estados
latinoamericanos para garantizar el respeto a los derechos humanos, por lo
que la población civil sigue pagando un elevado precio.
El
documento insta a los gobiernos y a quienes ejercen la autoridad en los
países donde se cometen abusos a que se realicen investigaciones
independientes y eficaces y se ponga a los responsables a disposición de
la justicia.
AI
dedica en su introducción al informe mundial por países una mención
particular al conflicto colombiano, que califica de “tragedia” en los
derechos humanos que ha merecido escasa atención internacional.
Subraya
que desde 1985 han muerto más de 60 mil personas, el 80% de ellas civiles,
y centenares de miles se han visto obligadas a desplazarse, han sido
torturadas o han desaparecido, por lo que advierte que “todas las partes
implicadas en el conflicto deben asumir su responsabilidad en la
perpetuación del ciclo de la violencia en ese país”.
La
organización internacional acusó a las autoridades de Cuba de seguir
aplicando “medidas drásticas para reprimir la posible disidencia interna”
y destacó que más de 50 personas estaban condenadas a muerte a final del
año pasado.
Pero
también advierte que el embargo impuesto hace más de 40 años por Estados
Unidos a la isla contribuyó a crear un clima de negación del ejercicio de
los derechos humanos fundamentales.
El informe
de AI afirma
que la violencia policial, la impunidad, las torturas y malos tratos en
cárceles y comisarías, así como la persecución de campesinos e indios
continuaron en Brasil, pese a las leyes sobre derechos humanos aprobadas
durante el pasado gobierno.
Denuncia
la organización que continuaron las graves violaciones de derechos humanos
debido a la “impunidad generalizada y a la incapacidad del gobierno
federal de garantizar que las autoridades estatales (regionales) acataran
la legislación nacional e internacional relativa a esos derechos”.
La
violencia, la polarización política y los rumores de un golpe militar
aumentaron la inestabilidad en Venezuela y amenazaron con ocasionar más
abusos graves contra los derechos humanos, según el informe.
Además, la
organización recibió “informes generalizados sobre homicidios cometidos
por la policía en varios estados” y denuncias sobre torturas.
Respecto a
Perú, denuncia la vigencia de la legislación antiterrorista y la privación
de libertad de presos “falsamente” acusados en el pasado de delitos
relacionados con el terrorismo.
Agrega que
hubo informes sobre tortura y malos tratos y que los casos de miembros de
las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos
seguían transfiriéndose a tribunales militares.
En México,
Amnistía Internacional considera que las fuerzas de seguridad, la fiscalía
y la judicatura continúan recurriendo de forma generalizada a las
detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura y los malos tratos,
pese al compromiso del gobierno con la promoción y el respeto a los
derechos humanos.
La
organización dice que en Argentina centenares de personas fueron detenidas
durante las protestas generalizadas a lo largo del pasado año, motivadas
por la crisis económica, donde “la policía dio muerte a manifestantes en
circunstancias que hacían pensar que habían sido ejecutados
extrajudicialmente”.
Amenazas a
defensores de los derechos humanos, persecuciones a homosexuales y la
parcialidad en los juicios contra agentes de las fuerzas de seguridad
acusados de cometer violaciones de esos derechos son algunas de las
denuncias que hace AI
en su informe sobre Ecuador.
Un
agravamiento en la situación de la región de El Chapare que provocó
sangrientos enfrentamientos entre campesinos y las fuerzas de seguridad es
lo más destacado en el capítulo dedicado a la situación de derechos
humanos de Bolivia en el informe de
AI.
En
Uruguay, AI
destaca las muertes de presos en cárceles de ese país tras un motín y
apunta que siguen sin ser esclarecidos casos relacionados con el Plan
Cóndor de la década de los años 70.
El uso
excesivo de la fuerza contra manifestantes y el maltrato o la tortura a
detenidos en Paraguay fueron denunciados por
Amnistía Internacional
en su informe.
En el caso
de Chile, se destaca las duras condiciones de reclusión y los malos
tratos, así como enfrentamientos entre la policía y comunidades indígenas.
AI
se refiere además a otras violaciones de los derechos humanos cometidas en
el pasado, como las actuaciones vinculadas a la Caravana de la Muerte,
operación militar en 1973 que causó la muerte a 75 personas.
En
Honduras, aseguró que “decenas” de niños murieron en presuntas ejecuciones
extrajudiciales durante el pasado año y que continuaron los abusos contra
defensores de los derechos humanos en ese país.
Expresó
asimismo su preocupación por la impunidad en que se encuentran algunos
responsables de violaciones de derechos humanos en El Salvador en 2002, 10
años después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a una
cruenta guerra civil.
En
Guatemala, la situación de los derechos humanos ha empeorado, los abusos
aumentaron y permaneció la impunidad, aunque se han producido “lentos
avances” en el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1996 que terminaron
con 30 años de guerra civil, asegura el informe.
Los
intentos por perseguir la corrupción en Nicaragua originaron una crisis
política, durante la cual fueron asesinados, agredidos o amenazados
defensores de los derechos humanos y autoridades públicas.
Los
homicidios cometidos por la policía y el Ejército de República Dominicana
descendieron ligeramente, aunque continuaron produciéndose víctimas
abatidas a tiros durante manifestaciones y en “presuntos tiroteos con las
fuerzas de seguridad”, destaca el documento.
En Puerto
Rico, AI
menciona que la Marina de Estados Unidos usó grandes cantidades de gas
pimienta en varias manifestaciones de protesta contra la base militar
norteamericana de Vieques.
Críticas a Estados Unidos
LONDRES
(AP/AFP)
- La “guerra contra el terrorismo” encabezada por Estados Unidos ha hecho
al mundo más peligroso y dejado a la gente sintiéndose más insegura,
aseveró Amnistía Internacional
(AI) en su
informe anual.
La
organización de defensa de los derechos humanos dijo que los derechos
humanos han sido amenazados, las leyes internacionales han sido socavadas
y los gobiernos han sido protegidos de escrutinio, todo en nombre de la
causa de combatir el terrorismo.
Kate Allen,
directora en Gran Bretaña de
Amnistía Internacional, dijo que la campaña contra el
terrorismo ha tenido “un abrumador impacto” a nivel mundial.
En tanto,
la atención del mundo se concentraba en Irak, hubo “un fuerte costo en
derechos humanos y en vidas” en sitios que incluyen Costa de Marfil,
Colombia, Burundi, Chechenia y Nepal, dijo.
“El mayor
desafío que enfrentamos en la actualidad es llamar la atención sobre las
crisis ‘ocultas’ y los derechos de las ‘víctimas olvidadas’, dijo Allen.
“Existe un
riesgo real de que Irak corra el destino de Afganistán”, añadió.
Por su
parte, Estados Unidos rechazó la mayoría de las críticas presentadas en su
contra por AI,
pero declaró que respeta el rol de contralor en informar los abusos que se
dan alrededor del mundo.
La Casa
Blanca rechazó los cargos de que las tropas estadounidenses que se
encuentran en Irak violaron los derechos humanos de los iraquíes y declaró
que las acusaciones de que los prisioneros de la guerra en Afganistán
están siendo maltratados “no tienen mérito”.
El
portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, sugirió que la organización,
con base en Londres, debería invertir sus recursos en detallar los abusos
a los derechos humanos en Irak antes de que Sadam Husein fuera depuesto
por la invasión estadounidense al país.
“Creo que
el mundo está regocijado por el hecho de que gracias a los esfuerzos de la
coalición, millones de personas que estaban en prisión ahora están
libres”, declaró Fleischer a los periodistas.
La
Opinión Digital
California
- EE.UU.
15 de
agosto de 2003 |