La peor tragedia humanitaria del hemisferio occidental. Así es como las agencias internacionales de ayuda que trabajan en Colombia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entre ellas, han calificado el drama que viven más de dos millones de desplazados debido a un conflicto interno que dura ya 38 años, y al nuevo estallido de violencia posterior a la ruptura de las negociaciones de paz en febrero de 2002. Según la Red de Solidaridad Social, organización que trabaja en el cuidado y el regreso de los desplazados, el número de colombianos que abandonó su hogar el pasado año dobló su cifra hasta alcanzar los 250 mil. El destino de estos desplazados forzosos, mujeres, niños y minorías étnicas en su mayoría, los conduce a la cuerda fronteriza que los separa de Venezuela, Ecuador o Panamá, países que siguen sin contribuir para que esta crisis deje de ser invisible incluso para la propia sociedad colombiana.

El pasado mes de febrero, Naciones Unidas hizo un llamamiento a la comunidad de donantes para que cumpliera con los 50 millones de dólares que restan del presupuesto aprobado en el Plan de Acción Humanitaria para Colombia. Un plan que, gracias al trabajo de ACNUR y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), pretende "asegurar el respeto a los derechos humanos para la población afectada por la crisis humanitaria, así como fortalecer las instituciones del Estado y el imperio de la ley". Sin embargo, los fondos no llegan y la ayuda es aún insuficiente.

Es por este motivo por el que más de 350 agricultores, que cambiaron sus tierras en Catatumbo por La Gabarra, en Tibú, amenazados por los combates entre autodefensas y guerrilleros, dirigieron una carta al Presidente Álvaro Uribe solicitando nueva asistencia y la puesta en marcha de programas de desarrollo para la región. Una vez que la ayuda se acaba, los campesinos son capaces de aguantar el sufrimiento que provoca el hambre y la nostalgia antes de intentar volver para cultivar sus tierras. "No podemos salir –afirma un agricultor–, porque el que sale, no regresa". Este agricultor huyó aterrorizado por la llegada a su casa de grupos armados. Temía que sus cinco hijos fueran alistados a la fuerza o simplemente asesinados. "Por eso dejé abandonada mi casa. Teníamos plátano, yuca, maíz, animales, lo dejamos todo. No se puede recuperar a menos que uno entre con miedo, trabaje un poco y luego salga".

Con ese mismo miedo es con el que han regresado, de la mano de la Red de Solidaridad Social y el Batallón Colombia del Ejército, un grupo de 2.800 campesinos de la vereda Lagunas de Viotá, días después de que hubieran abandonado sus casas alertados de la incursión armada de autodefensas. Para su salvaguardia contarán ahora con el despliegue de 250 soldados contraguerrilla. A pesar de la protección de estos soldados, los desplazados siguen resistiéndose a volver por temor a convertirse en objetivo militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de los paramilitares o del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De hecho y según informa Codhes, la Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento con sede en Bogotá, tan sólo el 2% de los desplazados regresa a sus tierras.

Miles de estos colombianos cruzan la frontera de Panamá, Venezuela o Ecuador para esquivar la sombra de una crisis que viaja a sus espaldas. Y es así, no sólo porque los enfrentamientos estén empezando a salpicar a países vecinos, sino porque estos países pasan por encima del respeto a los derechos que refugiados y desplazados tienen con carácter especial. El pasado 21 de abril, 109 colombianos, entre los que se encontraban 63 niños, fueron forzados a dejar Panamá y obligados a firmar su retorno voluntario a la tierra de la que también a la fuerza habían huido. Según ACNUR, "estas acciones tienen graves implicaciones para la protección de refugiados, solicitantes de asilo y otras personas que huyen del conflicto en Colombia". Y lo que resulta más grave, rompe con el acuerdo firmado entre ambos países, según el cual ACNUR debe ser siempre informado sobre acciones de repatriación para cumplir en todo caso con los principios básicos de voluntariedad, seguridad y dignidad.

En Venezuela, el drama de los casi 2.000 colombianos desplazados y huidos de los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares en la zona fronteriza, ha permanecido archivado junto a las peticiones de asilo. Parece ser que ahora y sólo después de la reunión que mantuvieron el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el colombiano, Álvaro Uribe, en Puerto Ordaz, se empezará a hablar de desplazados gracias al memorando para la cooperación que firmaron los cancilleres de ambos países. Este memorando coincide también con la puesta en funcionamiento de una nueva oficina nacional para los refugiados en suelo venezolano que, en palabras de la representante de ACNUR, María Trimarco, tendrá como objetivo "determinar quién es y quién no es refugiado".

Ante la duda sobre el estatus de estos desplazados, lo más vulnerables –campesinos, mujeres, niños, indígenas y afrocolombianos– siguen padeciendo las altas tasas de mortalidad provocadas por la falta de agua, alimentos o saneamiento. Su éxodo continúa marcado por la aparición de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, desnutrición crónica, malaria, dengue... Los menores de edad, más de la mitad del contingente que forman los desplazados, se ven sometidos a los trabajos forzados, la prostitución y al absentismo escolar. La solución debe sentar a gobierno y guerrilla de nuevo para empezar a hablar. Están en juego los derechos humanos y la vida de más de 2 millones de personas.

Óscar Gutiérrez

Periodista

Agencia de Información Solidaria

oskiguti@hotmail.com

20 de mayo de 2003