Presionado por los escándalos de las megaestafas realizadas por gigantescas empresas transnacionales como Enron, WorldCom, Xerox, Tyco, Adelphia, el presidente estadounidense George W. Bush ha convocado una cumbre económica interna para ver cómo atenúa los costos políticos de esta debacle.

Las pérdidas son inmensas y los principales perjudicados son pensionistas y pequeños y medianos ahorristas que han visto esfumarse los ahorros de toda su vida. Las acciones de WorldCom, que controla el 50% del tráfico de Internet, que se cotizaban a 62 dólares c/u hoy sólo valen 14 centavos, dando una pérdida total de 119.720 millones de dólares, es decir dos veces el PBI anual del Perú.

Estos fraudes fueron posibles gracias a la complicidad de tres tipos de empresas, que también han actuado en el Perú. Las auditoras encargadas de avalar ante los organismos de control del gobierno de EEUU los estados contables y financieros de dichas empresas transnacionales; los bancos de inversión que han jugado un doble papel: asesoraban a las empresas transnacionales y al mismo tiempo recomendaban al público la adquisición de acciones de aquellas empresas, a sabiendas que los estados contables no reflejaban la real situación (el JP Morgan entre ellos); y las empresas que manejaban fondos de pensiones y fondos mutuos de inversión (que agrupan a pequeños y medianos ahorristas).

Esta situación va más allá de cuestionar el fracaso del que se creía el mejor sistema de control empresarial del mundo, pues lo que refleja es en esencia que el neoliberalismo no tiene moral. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos ha manifestado que la "falsificación y el fraude destruyen al capitalismo", y Bush tratando de domar al potro salvaje ha incluido como temas de la cumbre: responsabilidad empresarial, protección de fondos de pensión y retiro, innovación y tecnología y seguro de salud.

Desde la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros CIDEF del Congreso denunciamos similares hechos delictivos. Alertamos al gobierno y al país de lo que ahora se ratifica, a mayor escala, en los Estados Unidos, donde operaron algunos actores comunes como Arthur Andersen y JP Morgan. En el Perú también se han notado grandes fallas en los organismos nacionales encargados de la supervisión y control, como lo señalamos en las conclusiones de la Comisión Investigadora. Aquí también se aprecia que las AFP, que administran millonarios fondos de pensiones de trabajadores, están vinculadas estrechamente con grupos financieros (lo cual inicialmente estaba prohibido) y realizan inversiones teniendo en cuenta los intereses del grupo antes que el de los pensionistas.

El sistema es perfecto: las sanciones para quienes realizan estas megaestafas son mínimas, aquí y en Estados Unidos. Allá la propuesta es que se amplíe de 4 a 20 años de cárcel a los directivos acusados de fraude empresarial; aquí los poderosos siempre salen libres.

Pero el problema no es sólo meterlos en la cárcel, sino impedir que se imponga la lógica y la amoralidad del gran capital. Éste no debe dominar la escena política y las instituciones públicas. Urge construir una verdadera economía social de mercado con un Estado regulador, controlador, democrático y participativo.

Autor:

Javier Diez Canseco

La República. Perú, 14 de agosto.

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