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09.01.02
Éxodo Interno en Colombia
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODEES) entre enero y junio de 2001, 270.000 personas se desplazaron forzosamente en el interior de Colombia. Se calcula que, desde 1985, se han producido dos millones de desplazados. No hay datos anteriores a esa fecha: el Gobierno no contabilizaba movimientos migratorios internos. Hasta 1985, oficialmente, no existían.
La pobreza, el enfrentamiento armado entre guerrillas y paramilitares y ejército y el Plan Colombia son las principales causas de estas migraciones. Según la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) son los responsables del 71 por ciento de los desplazamientos. Poco hace el ejército colombiano por impedirlo. Es más, las organizaciones humanitarias denuncian cierta connivencia entre militares y las fuerzas dirigidas por Carlos Castaño.
Los grandes éxodos internos son el resultado de un conflicto que dura ya casi cuatro décadas. El enfrentamiento entre el estado colombiano y las guerrillas tiene en la población civil de Colombia su principal víctima. Paramilitares y guerrilleros utilizan y reprimen a la población civil. Resultado lógico: búsqueda de un lugar donde no esté garantizada la muerte.
Los más afectados por estos desplazamientos son niños, mujeres, indígenas y población negra. El 57 por ciento de los desplazados son mujeres y niños (de los que el 40 por ciento no acuden a la escuela) y más de un tercio son indígenas y población, aún cuando sólo constituyen el 11 por ciento de la población colombiana. El desplazamiento forzoso significa la miseria para quienes antes ya malvivían. En las bolsas de pobreza de las grandes ciudades de nada sirven las habilidades de los campesinos y artesanos que llegan de las zonas rurales. Antes del éxodo el 6% eran desempleados; después del desplazamiento el 31% se encuentra sin empleo. Peor aún son las condiciones de vida: el 42% de las personas desplazadas no tiene ningún ingreso, el 19% percibe ingresos iguales o inferiores a la mitad del salario mínimo y el 75, 5 por ciento de los desplazados no tiene acceso a los servicios de salud.
Según el Sistema de Información de Hogares Desplazados por Violencia y Derechos Humanos (SISDE) durante el primer cuatrimestre del año 2001 se desplazaron de manera forzosa 91.166 personas. Es decir, 34.000 más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, la acción del Estado colombiano ante el problema de los desplazamientos es escasa, mal orientada, descoordinada e incluso contraproducente. A medida que aumenta el número de desplazados disminuye la efectividad de las políticas gubernamentales. El "Programa Nacional de Atención Integral para Población Desplazada" aprobado en 1995 ha sido un fracaso. El dinero no llega (en 1997 tan sólo le fueron asignados $1.666 millones apenas el 16% de lo planeado en el documento Conpes 2804/95) y las medidas que se aplican no atienden a las peculiaridades de cada caso. El Estado delega sus funciones en las ONG pero luego no les dota de los medios adecuados. Como consecuencia, nadie protege a la población desplazada. En caso de que exista algún tipo de atención estatal, esta no va más allá, nunca, de la atención de emergencia. Es decir, justo después de que se produzca el desplazamiento. Ninguna medida preventiva que garantice las condiciones mínimas a los desplazados. Nada. Ni a corto ni a medio plazo. Según el CODHES, tres cuartas partes de los desplazados no reciben ningún tipo de atención.
Las políticas estatales para el regreso de las víctimas son igual de ineficientes. En algunas ocasiones se realizan por la fuerza, sin ninguna garantía de seguridad, sin planes para el desarrollo, sin atención, sin financiación. Nada. Ni aún cuando quienes se han visto obligados a desplazarse regresan con un plan para convertirse en "comunidades de paz" en las que se dé cierto desarrollo social y se garantice la convivencia pacífica.
No parece que sea mejor la situación de aquellos que se encuentran en las zonas fronterizas. Venezuela, Ecuador, Brasil y Panamá temen que las migraciones masivas provoquen una extensión del conflicto. Las repatriaciones se hacen sin respetar los derechos mínimos de los ciudadanos y prácticamente no se conceden visados de refugiados.
El estado colombiano ha de afrontar de manera definitiva y enérgica el problema de los desplazamientos. No se puede, sin embargo, atacar el problema sin ir a la raíz, sin intentar acabar con el conflicto, sin garantizar los derechos mínimos a toda la población. Es necesario iniciar un plan para evitar los desplazamientos y, en caso de que se produzcan, garantizar la asistencia a todos los ciudadanos afectados. Y procurar su regreso digno y en condiciones que permitan el desarrollo social y la convivencia pacífica. Ha de completar, al fin, el esfuerzo que ya ha iniciado la población civil; no dejar solas a estas víctimas sin rostro.
Autor:
Periodista
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