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Jorge Riechmann
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Notas acerca
de la revisión
a medio plazo
de la Política
Agraria
Comunitaria
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Este
texto forma parte del capítulo 13 de mi libro
"Cuidar la T(t)ierra
-
Políticas agrarias y agroalimentarias sostenibles para entrar en
el siglo XXI"
-, de próxima
publicación.
Llamo la
atención sobre el importante manifiesto POR UN FUTURO PARA EL
MEDIO RURAL de diciembre de 2002, reproducido en un recuadro
dentro del texto, que recoge la posición común de prácticamente
todas las organizaciones sociales críticas españolas que trabajan
en pro del medio rural.
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Nuevas
perspectivas:
Las propuestas de
la Comisión para la reforma
de la PAC en el
verano de 2002
La
modificación a medio plazo de la PAC (Política Agraria Comunitaria) era
uno de los compromisos adquiridos por Bruselas en 1999 con la aprobación
de la Agenda 2000. Pero la propuesta de reforma de la PAC que presentó la
Comisión Europea en el verano de 2002 (a través del Comisario de
Agricultura y Pesca, Franz Fischler), lejos de ser -como se esperaba- una
ligera revisión a mitad de camino del actual periodo financiero
(2000-2006), era muy profunda. Ese plan preveía desvincular de la
producción la mayoría de las ayudas directas, lo que reduciría la
agricultura intensiva y los excedentes, y recortar progresivamente (un 3%
anual durante siete años) hasta el 20% esas ayudas, que hoy suponen el 67%
de la PAC. Ese dinero iría a parar al desarrollo rural, el gran
beneficiado del cambio. Se introducían elementos de mucho interés, como
son la ecocondicionalidad y la modulación obligatoria de las ayudas:
- El sistema
actual de ayudas directas (una treintena de primas agrícolas diversas)
subvenciona la producción sin exigir contrapartidas. En la nueva
propuesta las ayudas directas, en lugar de referirse a la producción, lo
harían a la hectárea y el método de producción. La Comisión querría
condicionar las ayudas a estándares ecológicos y de calidad de los
productos (además de tener en cuenta el bienestar animal), lo que se
haría en principio con una serie de productos hasta ampliar la medida a
la mayoría.
- Además, se
limitarían las ayudas a las explotaciones grandes. La propuesta concreta
era reducir en un 20% (de forma escalonada al ritmo de un 3% anual) las
ayudas directas a todas las explotaciones que perciben más de 5.000
euros anuales de subvención comunitaria. Se establecía, además, por
primera vez, un techo de 300.000 euros de subvención anual por
explotación(1).
El dinero que se detraería de este capítulo sería redistribuido en la UE
para el desarrollo rural.
Abandonar la
referencia a la producción crearía un estímulo para desintensificar, y
evitaría el peligro de los cultivadores de ayudas (o “cazaprimas”) y los
excedentes (pues los agricultores podrían optar libremente por los
productos en función de la situación del mercado y no en función de las
primas). La modulación obligatoria favorece en principio al modelo de
agricultura familiar, que es el predominante en España.
LAS PROPUESTAS DE
LA COMISIÓN
PARA LA REFORMA
DE LA PAC
(verano de 2002)
-
Desacoplamiento de las ayudas.
Las ayudas directas a la agricultura (29.000 millones de euros en 2001)
se otorgan hoy en forma de primas vinculadas a la producción. Eso genera
sobreproducción y una intensificación excesiva, sobre todo en el ganado
vacuno, donde se adjudican las primas por cabeza. A partir de 2004-2005,
ese dinero se otorgaría en un solo pago por explotación totalmente
desvinculado de la producción, lo que podría redundar en la calidad de
lo producido.
-
Base histórica.
El primer año, las explotaciones percibirían sus subsidios en base al
pago histórico recibido. Más adelante se condicionarían los pagos a
criterios medioambientales, de bienestar animal y calidad alimentaria. A
cambio, el agricultor elegiría qué productos cultivar y vender,
basándose en las reglas de mercado, no en función de las primas
comunitarias.
-
Reducción paulatina de las ayudas directas y fortalecimiento del
“segundo pilar” de la PAC, el desarrollo rural.
Recorte de un 20% de las ayudas directas a un ritmo de un 3% anual
durante siete años, logrando un ahorro de 500-600 millones de euros ya
el primer año (en 2005), que iría a parar a programas de desarrollo
rural, un capítulo que se aplica bajo la fórmula de la cofinanciación
(fondos europeos y fondos nacionales). El documento que ha elaborado el
comisario Fischler, sin embargo, hace una salvedad a este respecto: en
el dinero que se desvíe para el desarrollo rural, los países podrán
aplicar de forma flexible la cofinanciación e incluso no poner dinero
suplementario con lo que sobre del recorte de las ayudas. Bruselas
asegura que no hay recorte global alguno y que sus propuestas consiguen
mantener y legitimar el dinero de la PAC. En 2001, las ayudas directas
sumaron 29.000 millones de euros, que quedarán reducidos a
aproximadamente 25.000 en siete años, pero la suma global seguirá
quedando en el campo. En total, la PAC debería mantenerse al menos hasta
finales de 2006 en casi 44.000 millones de euros (el 45% del presupuesto
comunitario).
-
Incorporación progresiva.
En una primera etapa quedarían desvinculados de la producción los
productos del régimen COP (cereales, aceitunas y legumbres),
leguminosas, fécula de patata y ganado vacuno y ovino. Se incorporarían
después la práctica mayoría de los cultivos.
-
Fin a la maraña de primas.
Hoy hay hasta treinta primas
diferentes. Desaparecerían la mayoría de ellas y se haría un solo pago
por explotación, lo que reduciría trámites burocráticos.
-
Auditorías obligatorias por explotación.
A cambio de un pago más automático, las explotaciones tendrán que
disponer de auditorías para las cuales Bruselas promete un apoyo
suplementario. Al principio serían obligatorias sólo en las que perciben
más de 5.000 euros anuales en ayudas directas, un tercio del total; en
el futuro, en todos los casos.
-
Recorte para las grandes explotaciones.
El recorte del 20% de las ayudas directas sólo afectará a las
explotaciones que perciban más de 5.000 euros anuales en ayudas
directas.
-
Tope de 300.000 euros por explotación.
Por primera vez, la UE establecería un tope de las ayudas a percibir:
una explotación no podrá recibir teóricamente más de 300.000 euros cada
año, aunque en términos prácticos el sistema de franquicias le permite
percibir más. (Algunos empresarios podrían caer en la tentación de
dividir sus negocios para obtener más ayudas de Bruselas, alegan los
sindicatos.)
-
Franquicias. Las
explotaciones que tengan contratados más de dos UTA (unidades anuales de
trabajo) a tiempo completo obtendrán una franquicia de 5.000 euros (que
no sumará a la ayuda total). Por cada UTA adicional se garantizarán
otros 3.000 euros. Así, una explotación con 12 trabajadores podría
percibir de Bruselas hasta 340.000 euros (aplicando la franquicia
inicial básica de 5.000 euros por explotación).
-
Desarrollo rural.
En los próximos años, cientos de millones de euros adicionales irán a
parar a este capítulo. Se alentará a los agricultores a participar en
los sistemas de certificación y garantía de la calidad, tales como la
indicación geográfica y denominación de origen o de agricultura
ecológica, así como iniciativas de promoción de productos.
-
Cofinanciación.
Los proyectos de desarrollo rural estarán cofinanciados entre la Unión
Europea y los países miembros. Para evitar susceptibilidades, pues este
es un punto muy defendido por Alemania, Bruselas propone una gran
flexibilidad en las diferentes fórmulas de cofinanciación. No será
necesario que un país ponga hasta el 50% del dinero
-
Cereales.
Bruselas propone rebajar el precio de intervención un 5%, de 101,31
euros por tonelada a 95,35. En 1999 la rebaja fue del 15% en tres años.
Se eliminan los incrementos mensuales. En centeno se elimina la
intervención. En trigo duro se rebaja la ayuda en zonas tradicionales de
344,5 a 250 euros por hectárea, y en las zonas no tradicionales se
elimina la ayuda. Se introduce una nueva ayuda de 15 euros por tonelada
para el trigo duro vendido a la industria.
-
Arroz. Se rebaja
el precio de intervención de 298,35 a 150 euros por tonelada. Se
instaura un sistema de almacenamiento privado como red de seguridad.
Frente a la ayuda actual de 334,33 euros por hectárea, se establece la
posibilidad de una ayuda compensatoria de 177 euros por tonelada.
-
Forrajes desecados.
Se proponen ayudas de 160 millones de euros a distribuir por países,
frente a la cuota actual con una ayuda de 68,83 euros por tonelada.
-
Frutos secos.
Propuesta de ayuda comunitaria de 100 euros por hectárea y la
posibilidad de otra ayuda nacional de hasta 109 euros. La ayuda media
actual es de unos 250 euros por hectárea.
-
Vacuno de carne.
Bruselas aboga por simplificar el sistema. En lugar de las diferentes
ayudas que se pagan según tipo de ganado, se propone una sola subvención
por explotación.
-
Leche. Se
barajan varias opciones. En principio, se mantienen las cuotas hasta
2008.
Creo que, en
general, nuestro país se vería beneficiado por un cambio en este sentido:
el 84% de las explotaciones españolas son de pequeñas dimensiones,
el dinero desviado para desarrollo rural también beneficiaría al campo
español y, si la referencia es la hectárea y no la producción, y las cosas
se hacen con equidad, España saldría ganando frente la agricultura mucho
más intensiva de otros socios comunitarios.
El rechazo
que cosechó la propuesta de la comisión por parte del sector agrario(2)
(el ministerio MAPA, y las organizaciones agrarias ASAJA, UPA, COAG y la
Confederación de Cooperativas agrarias) me parece indiscriminado y
excesivo. Aunque hay preocupaciones sin duda atendibles, da la impresión
de que en el sector prevaleció un reflejo conservador ciego a los
numerosos aspectos interesantes de la propuesta. Los puntos problemáticos
de la propuesta eran:
- No cabe
ignorar que, aunque la Comisión subraye sus preocupaciones por la
seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y los precios
más bajos de los productos, un motivo central de la propuesta es el
abaratar el coste de la PAC tras la ampliación de la UE a los países
PECOS. La propuesta de Fischlar en el verano de 2002 suponía, no sólo no
incrementar los gastos de la PAC, sino congelar y redistribuir los
mismos fondos para objetivos que van desde la ayuda directa al
desarrollo rural. Por otra parte, los objetivos de “mayor protección del
medio ambiente” y “precios más bajos de los productos” no son en
principio fáciles de casar.
- En
relación con lo anterior: la reforma abría la puerta a una
renacionalización de las ayudas agrícolas, como pedía la rica Alemania,
cuando la PAC es una de las pocas políticas redistributivas de la UE.
Ello resultaba especialmente grave en un momento histórico como la
ampliación de la UE-15 a UE-25, que demanda un especial esfuerzo de
generosidad a Europa Occidental, ampliando la cohesión económica y
social. El presupuesto comunitario en general es insuficiente, y también
el que actualmente se destina a la PAC.
- Los
agricultores españoles temían que instaurar de entrada el pago único por
explotación en función de los rendimientos históricos y por hectárea
perjudicase a la agricultura mediterránea, porque sus tierras son menos
productivas. Mientras en España los rendimientos medios de cereales por
hectárea, por lo que se pagan las ayudas, son de unos 3.000 kilos, en
Francia los rendimientos se triplican, lo que suponía la posibilidad de
mantener ayudas elevadas a pesar de la reforma. “La reducción del 20% de
las ayudas directas no tiene el mismo alcance en las explotaciones más
rentables ubicadas en las zonas más fértiles de la UE, que el que pueda
tener en zonas como las mesetas castellanas en las que pérdidas del 20%
de las ayudas dejarían de hacer rentable hasta los cultivos con menores
costes de producción”(3).
Por temor de la equidad, antes de la reforma se deberían reajustar los
rendimientos asignados.
- Las
organizaciones agrarias discutían además que el límite de los 5.000
euros fuese el adecuado para empezar la modulación. En España, el 80% de
los productores quedan por debajo del nivel de ayudas anuales de 5.000
euros; pero 199.800 agricultores (sobre 957.000 perceptores) perciben
entre 5.000 y 300.000 euros anuales, y para ellos se recortarían las
ayudas directas hasta un 20% en los próximos 7 años. Los sindicatos
agrarios españoles mantenían que los recortes ideados por Bruselas,
lejos de promover una situación más equitativa, iban a dañar a las
explotaciones medias, las profesionalizadas que viven sólo de la
agricultura. Creían que las grandes se iban a librar gracias a las
franquicias por mano de obra y que el desvío de dinero de las ayudas
hacia el desarrollo rural beneficiaría a los países del norte y a los
más ricos, con mayor capacidad para financiar proyectos.
- En
España, en 2001, las ayudas directas fueron de 5.365 millones de euros y
de 1.160 millones de euros para desarrollo rural.
La nueva propuesta supondría reducir en unos 1.200 millones de euros la
ayuda que va directamente a los bolsillos de los agricultores o
ganaderos profesionales del campo. Los agricultores profesionales no se
creían que los fondos para el desarrollo rural (cofinanciados por la UE
y la Administración española) fuesen a permitir recuperar todo este
dinero, y estimaban que en todo caso no iría a manos de los
profesionales del campo cuyas rentas se generan fundamentalmente vía
precios y ayudas directas.
- De acuerdo
con las propuestas iniciales de la Comisión Europea, los principales
recortes en las ayudas directas se iban a producir en el conjunto de los
cereales, el vacuno y, a medio plazo, en otras producciones como el
tabaco o el olivar. Los pagos realizados por el Feoga garantía (ayudas
de la UE) en 1999 ascendieron a 5.850 millones de euros de los que 1.650
millones de euros correspondieron a los cereales, 1.000 millones de
euros al aceite de oliva, 510 millones de euros al ovino y caprino y 450
millones de euros al vacuno. Los efectos negativos de la reforma, según
la propuesta de la Comisión, se iban a producir en el sector agrario de
las comunidades autónomas de ambas mesetas, Aragón, Andalucía y
Extremadura como las zonas más importantes productoras de cereales de
invierno (cebada y trigo) o de verano (maíz).
- El
desacoplamiento de las ayudas respecto a la producción eliminaría una
fuente de fraude (los “cazaprimas”), pero podría introducir otras
perversiones: agricultores que abandonasen la actividad y se limitasen
solamente al cobro de la ayuda fija.
- Tanto a
los agricultores y ganaderos como a las administraciones públicas, la
reforma les exigiría esfuerzos nuevos. En cuanto a las segundas: tanto
el Gobierno central como -sobre todo- las comunidades autónomas tendrían
que espabilar para presentar proyectos de desarrollo rural y
cofinanciarlos con la UE, para recuperar de ese modo el dinero que se
dejaría de percibir en ayudas directas.
- Bruselas
insistió en que una de las finalidades de la reforma era reducir
burocracia. Pero aunque por un lado la simplificación de los pagos a los
agricultores permita esperar algo semejante, por otro lado la
introducción en serio de la ecocondicionalidad exigiría un reforzamiento
de los sistemas de inspección y control, y quizá la introducción de
nuevos mecanismos. Sólo en el caso de que las nuevas auditorias
obligatorias por explotación fuesen contratadas de forma privada, y se
pretendiese sustituir con ellas los mecanismos de control público,
tendría sentido lo de “reducir burocracia”; pero no parece que la
privatización de los sistemas de inspección y control sea el camino
hacia una producción de mayor calidad ecológica y alimentaria.
Pacto
franco-alemán en el Consejo de octubre de 2002:
El debate sigue
abierto
Hubiera
debido abrirse un importante debate a partir de esta propuesta de la
Comisión: la PAC reformada tendría que haberse puesto en marcha en el
2004. “En su contra -la propuesta de la Comisión- tiene a Francia, Italia,
España, Irlanda, Portugal y Grecia. Todos temen que el cambio facilite una
futura reducción global de las ayudas. En su favor destacan Alemania,
Reino Unido, Suecia, Holanda y el 90% de la opinión pública europea, que,
frente al productivismo, pide calidad alimentaria y respeto al medio
ambiente.”(4)
Sin embargo,
las perspectivas han cambiado por completo en octubre de 2002, cuando en
la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la UE Francia y Alemania
llegaron a un acuerdo sobre el futuro presupuesto de la UE. En síntesis,
lo pactado por Chirac y Schröder supone congelar los gastos de la PAC a
partir de 2006: en el período 2007-2013 el gasto agrícola anual será de
45.533 millones de euros... a repartir entre los 25 países de la UE
ampliada. Pero este Consejo aprobó también la propuesta de la Comisión de
introducir las ayudas directas a los agricultores de los PECOS poco a
poco: en 2007 sólo percibirán el 40% de los que les correspondería, para
alcanzar el 100% en el 2013. En suma, la situación queda en buena medida
congelada -en lo que a presupuesto se refiere- para los próximos años.
Tras esto Fischler, en nombre de la Comisión, ha anunciado la revisión de
la propuesta de reforma que lanzaron unos meses antes. El debate está
sobre los contenidos y la orientación de la PAC, más allá de los aspectos
presupuestarios, sigue abierto.
La respuesta de
la sociedad civil:
El manifiesto POR
UN FUTURO PARA EL MEDIO RURAL
Ante la
reforma de la Política Agraria Común, organizaciones de la sociedad civil
española hacen público en diciembre de 2002 el siguiente manifiesto:
POR UN FUTURO
PARA EL MEDIO
RURAL
La reforma de
la Política Agraria Común (PAC) europea afecta a cuestiones esenciales:
la vida en el medio rural, la sostenibilidad de las explotaciones
familiares, la producción de alimentos sanos y de calidad para todos, el
desarrollo de los países del Tercer Mundo y la conservación de la
naturaleza. La PAC ha fracasado en estos puntos por lo que se
enfrenta a una crisis de legitimidad. La sociedad y las instituciones
europeas se ven en la necesidad de reformar su política agraria, pero las
propuestas de la Comisión Europea y de algunos Estados miembros, no
afrontan el necesario cambio de rumbo. La propuesta de Revisión a Medio
Plazo de la PAC refuerza la apuesta por un modelo intensivo de
producción agraria, más orientado a los mercados que a las personas.
Esta propuesta busca adecuar la PAC al Acuerdo sobre Agricultura
de la OMC, que, en nuestra opinión, es ilegítimo e injusto, ya que protege
los privilegios de un pequeño grupo de compañías y países, en contra de
los intereses del medio rural tanto en los países pobres como en los
ricos.
Lamentablemente, muchos quieren reducir el debate a dos posturas: quienes
buscan consolidar sus privilegios manteniendo la situación actual con
leves retoques, y quienes pretenden abandonar el sector en manos del
mercado, lo que dejaría desprotegidos a una mayoría de pequeños y medianos
agricultores. Frente a ellos, un número creciente de organizaciones
europeas planteamos la necesidad de la reforma, pero de una reforma
diferente, posición que está siendo ignorada por los Estados miembros y
por la Comisión Europea.
I. La necesidad de un
medio rural vivo
En la
Europa del siglo XXI, el medio rural ocupa un 80% del territorio.
De sus habitantes depende la producción de alimentos de calidad, la
sostenibilidad del medio ambiente y el reparto equilibrado de la
población. En los países del Tercer Mundo, tres de cada cuatro
personas pobres dependen de la producción agraria, y más de dos terceras
partes de los que hoy pasan hambre son agricultores, ganaderos, pastores o
pescadores.
El modelo de
protección agraria en los países ricos prima la producción intensiva y los
intereses del mercado. El resultado es un despoblamiento
progresivo del medio rural y un empobrecimiento creciente de los pequeños
agricultores.
II. Otra PAC es
posible... y necesaria
Representantes de la agricultura familiar, ecologistas, consumidores,
sindicatos y organizaciones de lucha contra la pobreza en el Tercer Mundo
hemos unido nuestros esfuerzos para defender una reforma en profundidad de
la PAC que sea coherente y solidaria con el objetivo de alcanzar
la Soberanía Alimentaria y el esfuerzo de los países empobrecidos por
alcanzar su desarrollo, defienda un medio rural en el que se produzca y se
viva con dignidad, garantice la conservación de la naturaleza, y provea a
los consumidores con alimentos sanos, variados y de calidad. En
concreto, planteamos:
Acabar con
las exportaciones a precios por debajo del coste de producción (dumping),
que han condenado a la pobreza a cientos de miles de pequeños agricultores
en todo el mundo, incapaces de competir con los productos subvencionados.
Exigimos un calendario para eliminar todas las ayudas que facilitan la
exportación de alimentos en condiciones de competencia desleal.
Garantizar
una remuneración digna a los agricultores y ganaderos de todo el mundo que
valore la función social que ejercen, mediante precios y ayudas que
permitan vivir con dignidad. Este objetivo sólo es alcanzable con medidas
que van desde el control de los volúmenes de producción al complemento de
rentas para regiones desfavorecidas, priorizando los mercados y la
comercialización locales.
Rechazamos la
propuesta actual de la Comisión Europea de ‘desacoplar’ las ayudas a la
producción, vinculándolas a la explotación en base a niveles históricos de
ayuda. Con ello se consolidará un reparto injusto de las ayudas,
favoreciendo a quienes más tienen, y se estimulará el abandono de zonas
menos productivas, perjudicando el equilibrio ecológico y poblacional.
Además, forzará a la baja los precios de referencia tanto en el mercado
interno como en el internacional, en un intento declarado por beneficiar
los intereses agroexportadores del poderoso lobby de las grandes compañías
agroindustriales europeas.
La modulación
en la distribución de las ayudas debe primar el apoyo a las pequeñas
explotaciones familiares y a aquellas que desarrollan su actividad en
comarcas con deficiencias estructurales, estimulando la creación de empleo
y la producción ecológicamente sostenible. Entendemos que la propuesta de
la Comisión queda lejos de resolver las iniquidades del modelo actual.
La
PAC ampara una producción intensiva que fomenta el uso de fertilizantes,
plaguicidas y recursos para el engorde rápido de los animales,
favoreciendo al mismo tiempo el abandono de zonas menos productivas.
Todo ello ha dado
lugar a la degradación de tierras, aguas y alimentos, generando alarma
social, e ignorando el más elemental principio de precaución. Las ayudas
de la PAC deben estar sujetas al cumplimiento obligatorio de una serie de
medidas que protejan la biodiversidad y eviten el control de la propiedad
intelectual de los recursos productivos por parte de un pequeño grupo de
compañías. La propuesta de la Comisión incorpora un discurso avanzado pero
no establece mecanismos que garanticen su cumplimiento por parte de los
Estados miembros.
Los
consumidores debemos disponer de información clara, así como de los medios
necesarios para decidir los alimentos que necesitamos consumir y la mejor
forma de alimentarse de una manera sana. Los consumidores deben
estar mejor informados acerca de los métodos de producción de los
alimentos que consumen, para lo cual es necesaria una normativa eficaz
sobre la trazabilidad, el etiquetado y la publicidad de propiedades
nutritivas, funcionales o sanitarias, así como de la posible presencia de
ingredientes transgénicos o derivados de ellos.
Invitamos a
la sociedad española a sumarse a estas propuestas, instando al Parlamento
a adoptar medidas que garanticen un debate sereno y en profundidad sobre
un tema tan relevante para el futuro de Europa y de países terceros.
Pedimos al Gobierno que abandone una posición defensiva que sólo beneficia
los intereses de los grandes productores y agroindustrias. El futuro del
medio rural europeo y la sostenibilidad de la agricultura familiar pasa
por medidas valientes que exigen el consenso con la sociedad civil, que
tiende hoy la mano para trabajar juntos por un futuro para el medio rural.
Firman este manifiesto:
-
Organizaciones de agricultores y ganaderos:
COAG, UPA, Plataforma Rural.
-
Organizaciones ecologistas:
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, WWF/ADENA.
-
Organizaciones de desarrollo:
ACSUR-Las Segovias, Cáritas Española,
Ingeniería sin Fronteras, Intermón Oxfam,
Prosalus, Veterinarios Sin Fronteras.
-
Organizaciones de consumidores:
CECU, OCU.
-
Organizaciones sindicales:
UGT, Secretaría Confederal de Medio Ambiente y
Salud Laboral de CC.OO., Federación Agroalimentaria de
CC.OO.
Para concluir:
En la jerga
administrativa que define las ayudas de la Política Agraria Comunitaria
(PAC), una de las partidas llama poderosamente la atención: se trata del
“apoyo a los métodos de producción agraria compatibles con el medio
ambiente”. Los recursos que se destinan a estas medidas “agroambientales”
son muy escasos: poco más de 8.000 millones de pesetas anuales en el
período 1996-99, esto es, aproximadamente el 1% de las ayudas para el
campo español que anualmente recibimos de la UE. Reléase lo anterior,
porque nos da una radiografía desgraciadamente exacta de la situación en
que nos encontramos: si el 1% del apoyo se destina a producción
agropecuaria “compatible con el medio ambiente”, habrá que concluir que el
99% de lo que estamos haciendo en agricultura y ganadería es incompatible
con la conservación de agrosistemas y ecosistemas aceptablemente sanos. Es
una enormidad, por supuesto, pero no es demagogia: lamentablemente, un
análisis agroecológico detallado -del que hemos proporcionado algunos
elementos preliminares en este libro- confirma esa impresión. No podemos
continuar así; y en nuestras manos se halla el cambiar esta situación
insostenible.
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ANEXO I
OTRA PAC ES POSIBLE
Resumen de propuesta del
Grupo Regional IFOAM/ UE(5) de
revisión de la PAC.
La Política Agraria Común es
un instrumento político poderoso, que debe ser utilizado para
promover la sostenibilidad de la agricultura a mayor escala. La
reforma de medio término es una oportunidad para empezar un proceso
de cambio que lleve a una reforma adecuada en el 2007.
Nuevos objetivos.
Los objetivos de la PAC del Artículo 33 del Tratado de Roma deben
sacarse a colación para su renegociación en la Conferencia
Gubernamental del 2004.
- La
sostenibilidad debe convertirse en el objetivo principal de la
PAC. También deben reconocerse explícitamente otros objetivos
referentes a la “calidad”.
- El
incremento de la productividad ya no debe continuar siendo un
objetivo de la PAC.
-
Comercio agrícola sostenible. De manera creciente los aspectos
comerciales definen la orientación de la política agraria. Los
acuerdos actuales de la OMC no favorecen la sostenibilidad o la
seguridad alimentaria. Por tanto es necesario:
-
Renegociación de los convenios comerciales para permitir la
priorización de la producción local sostenible de alimentos.
-
Renegociación de los acuerdos comerciales para prohibir la
exportación de alimentos a precios por debajo de su costo.
-
Eliminación unilateral de las ayudas a la exportación tan pronto
como sea posible.
Condicionalidad para todas las ayudas.
Todos los regímenes de la PAC deben ser orientados claramente a los
nuevos objetivos de sostenibilidad y calidad.
- Se
debe desarrollar un grupo de condiciones mínimas de aplicabilidad
para todas las ayudas, incluyendo las condiciones relacionadas con
el medio ambiente, bienestar animal, paisaje cultural y otras. El
nivel de la normativa “PAC” debe estar muy por encima del nivel
mínimo de requerimientos legales, con una revisión periódica para
elevar sus umbrales.
No
recortar el presupuesto.
Los nuevos objetivos propuestos, más ambiciosos que los anteriores,
no podrán ser alcanzados con una disminución del presupuesto, sin un
incremento de los precios.
-
Nuestra propuesta presupone un Presupuesto constante de la PAC
para los UE-15, con un incremento proporcional conforme vayan
entrando los nuevos miembros.
- A
largo plazo, los precios deben ser incrementados a un nivel que
refleje los costos de la producción sostenible en la UE, no el
precio del mercado mundial.
Ayuda básica a los cultivos.
- Las
ayudas específicas a los cultivos debe ser reemplazada
gradualmente por una ayuda general básica para todos los áreas
agrícolas cultivadas de acuerdo a una normativa “PAC”. Esta ayuda
básica no debe ser vista como una compensación por el recorte
histórico de precios, sino como una remuneración por los servicios
no comerciales y la calidad ofrecida por la agricultura.
- La
ayuda básica general debe ser introducida también en los cultivos
que actualmente no reciben otras ayudas, y para aquellos que no
son ayudables actualmente como las leguminosas.
- Se
debe permitir a los nuevos estados miembros la adopción inmediata
de esta ayuda básica general.
Ayudas a la ganadería ligadas a la tierra.
- Se
debe introducir un área de ayudas para los pastos permanentes,
similar a la ayuda básica para el área cultivada. Debe existir un
requerimiento mínimo de pastoreo y una carga ganadera límite. El
nivel de ayuda debe diferenciarse de acuerdo a las condiciones
regionales.
- Las
ayudas por cabeza-edad deben ser reducidos y estrictamente
reservadas para animales en granjas de baja carga ganadera y con
acceso a pastoreo de aire libre. Las ayudas deben ser
simplificadas grandemente y serán pagadas en base a una ayuda
básica por UG en un sistema común para vacuno y ovino.
- Los
cerdos y las gallinas en estabulación libre (corral), con sistemas
abiertos debe ser también apoyadas por ayudas por cabeza UG.
Gestión de la oferta mejor dirigida.
- El
descanso obligatorio de tierras debe ser calculado solo como
proporción de los cultivos anuales, no de los cultivos permanentes
o leguminosas perennes, si estas se incluyeran como
subvencionables en forma de ayudas directas.
- La
derogación actual para los productores ecológicos de producir
leguminosas forrajeras en las tierras en descanso debe ser
extendida a todos los agricultores.
-
Todos los productores ecológicos deben estar exentos de la
obligatoriedad de dejar tierras en descanso.
- Los
productores con bajo carga ganadera deberán tener prioridad en la
redistribución de los derechos de primas de vacuno/ovino y la
cuota lechera.
Ampliación de las medidas de desarrollo rural y agroambientales.
- Como
medida de transición para el periodo 2004-2006, debe ser
introducida la modulación obligatoria para resolver las
necesidades inmediatas de incremento de fondos para los programas
de desarrollo rural agroambiental.
-
Desde 2007 en adelante, deberán liberarse suficientes partidas del
presupuesto de manera regular. La proporción de los fondos de la
PAC destinados a las ayudas dirigidas debe alcanzar al menos el
20-30% del presupuesto total.
- El
nivel de cofinanciamiento de la UE en los programas
agroambientales debe ser incrementado del actual 50-75% al 70/
90%.
- Se
requerirá que los estados miembros ofrezcan programas
agroambientales con esquemas dirigidos a las explotaciones de uso
intensivo de insumos, a la producción ecológica (incluyendo una
ayuda post conversión), y a valores especiales o manejo intensivo
de hábitats seminaturales.
Un
plan de medidas estratégicas de la UE para la agricultura ecológica.
- Se
debe desarrollar un amplio plan de medidas estratégicas (plan de
acción) de la UE para la agricultura ecológica de forma paralela a
la revisión de medio término de la PAC, puesto en marcha a partir
del 2003. Este debe incluir metas concretas y medibles para la
expansión de la agricultura ecológica.
Impuestos verdes y otras medidas políticas.
- Se
debe introducir la armonización en la UE de los impuestos a los
insumos externos de nutrientes para plantas y plaguicidas químicos
en la agricultura, y terminar con todos los subsidios para los
combustibles fósiles en la agricultura.
- Hay
que desarrollar una estrategia a nivel de la UE para acabar con
toda la producción industrial de animales estabulados, comenzando
con la producción de gallinas encajonadas (battery hens).
-
Extender los requisitos de etiquetado y rastreabilidad a todos los
alimentos del mercado de la UE, tanto internos como importados.
-
Prohibir todos los cultivos genéticamente modificados en Europa
hasta que los problemas de contaminación genética hayan sido
resueltos.
(Hoja Informativa SEAE 8,
enero 2002) |
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ANEXO II
RECLAMANDO UNA
NUEVA PAC:
SOSTENIBILIDAD,
CALIDAD Y DIVERSIDAD LOCAL
Resumen del
documento de Amigos de la Tierra Europa
sobre la reforma
de la PAC (junio de 2002)
¿Qué
sucede con la PAC?
- El
énfasis en la productividad y las exportaciones provoca la
degradación del medioambiente, el abandono rural, una alimentación
insegura e insana y perjudica a los países en desarrollo.
- Una
producción intensiva e insostenible, alentada por los fondos de la
PAC, ha causado el declive de la fertilidad de los suelos, la
destrucción de la biodiversidad, el incremento de los kilómetros
alimentarios y la acumulación de agentes químicos en las aguas y
las tierras.
- La
PAC beneficia a las grandes explotaciones: el 70% de los subsidios
son recibidos por sólo el 20% de las explotaciones;
desfavoreciendo a las más pequeñas.
La
Política Agrícola Comunitaria debe ser reformada profundamente y la
reforma tiene que ejecutarse de forma urgente. Más que la promoción
de la productividad y las exportaciones, la sostenibilidad, la
calidad y la localización, deben constituir el centro de la nueva
PAC. Sus metas deben ser las siguientes:
- Unos
métodos de producción respetuosos con el medioambiente.
- El
acceso de toda la ciudadanía a una alimentación segura, saludable
y nutritiva.
- La
localización: la reforma debe acercar la producción y el consumo
alimentario.
- La
preservación de los métodos de producción y los alimentos
tradicionales, locales y regionales.
- Los
precios pagados al agricultor necesitan ser aumentados hasta un
nivel que refleje los costes de la producción sostenible dentro de
la UE y no abaratarse hasta los precios artificiales del mercado
mundial.
- Un
nivel de vida decente para los agricultores y los trabajadores
agrícolas.
-
Condiciones justas de comercio con los países de fuera de la UE,
especialmente los países en desarrollo.
Recomendaciones
para una Política Agrícola y Alimentaria Sostenible en Europa.
1. Ecocondicionalidad:
unas “Normas Mínimas Agrícolas” obligatorias para la percepción de
todos los subsidios:
Los
fondos de la PAC, en su mayor parte, siguen siendo otorgados sin
considerar los impactos ecológicos de la agricultura. En la
actualidad, muchos agricultores que no cumplen con las leyes
medioambientales siguen recibiendo los subsidios agrícolas. Esto
debe terminar. Las ayudas de la PAC deben ser pagadas sólo a
aquellos agricultores que cumplan con unos criterios básicos
definidos como “Normas Agrícolas Mínimas”. Unas ayudas adicionales
deben garantizarse para quienes cumplan con unas normas
medioambientales más elevadas en su práctica agrícola.
2. Favorecer la localización en lugar de la globalización, apoyar la
diversidad local en la agricultura:
El comercio internacional
debe perder su posición privilegiada dentro de la PAC. La nueva PAC
no debe proponerse subsidiar la conquista de los mercados mundiales,
sino dar la máxima prioridad al comercio local y regional,
financiando las infraestructuras necesarias para el procesado y la
comercialización local.
3. Más dinero para el Desarrollo Rural (segundo pilar de la PAC):
El segundo pilar
necesita ser incrementado y reformado para asegurar unos mejores
resultados medioambientales. La mayor parte de los fondos del
Desarrollo Rural debe ser destinada a la agroecología. Los programas
agroambientales deben diseñarse de tal forma que ofrezcan incentivos
para una mayor protección del medioambiente, de la conservación de
la naturaleza y del bienestar animal. La modulación, o sea, la
reducción del dinero destinado al primer pilar y su traslado al
segundo (que actualmente obtiene sólo el 10% de los fondos), debe
ser obligatoria para todos los Estados Miembros.
4. Una reforma fiscal ecológica:
Debe realizarse una reforma
impositiva ecológica que disminuya el peso fiscal sobre el trabajo e
introduzca, mediante incrementos graduales, unas tasas sobre el
transporte y los insumos químicos.
5. Limitar el poder de las grandes compañías agroalimentarias:
El actual sistema alimentario se caracteriza por un dominio
creciente de un pequeño número de compañías comerciales,
distribuidoras y elaboradoras alimentarias que son capaces de
imponer sus propios intereses al conjunto de la sociedad y se
transforman en los árbitros del sistema agrícola y alimentario. La
UE debe desarrollar políticas que refuercen la responsabilidad de
las corporaciones e impidan su dominio del mercado. Estas políticas
deben limitar la cuota de mercado a través de las normas de
competencia.
6. Un Acceso Justo para los nuevos países:
El proceso de ampliación de la UE debe basarse en la igualdad y la
cooperación. Convertir a los nuevos países en mercados de
exportación para los 15 integrantes actuales de la UE no es el
camino a seguir. Amigos de la Tierra solicita un trato igualitario
para los actuales países de la UE y los nuevos Estados Miembros,
desde el mismo inicio: unos subsidios que cumplan con unas
condiciones medioambientales estrictas y antepongan la calidad y
diversidad local.
7. Desarrollar un Comercio Internacional Justo:
Los subsidios a la exportación deben ser eliminados, así como el
dumping de los productos agrícolas en los mercados mundiales. La UE
debe dejar de demandar a los países del Sur que abran sus mercados,
ya que esto socava su seguridad alimentaria. Amigos de la Tierra
apoya el principio de la Soberanía Alimentaria de los Pueblos en las
políticas agrícolas. Esto significa que los acuerdos comerciales
internacionales nunca pueden regular por sobre los intereses
nacionales, sociales o medioambientales, relacionados con la
alimentación y la agricultura. Los acuerdos actuales de la OMC deben
ser cambiados, permitiendo que todos los países puedan dar prioridad
a la producción local para satisfacer las necesidades locales,
basándose en los recursos locales disponibles. |
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ANEXO III
LA
REVISIÓN A MEDIO PLAZO DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA DE LA UE
Por Franz Fischler,
Comisario de Agricultura y Pesca de la UE
Es
nuestra intención seguir garantizando a los agricultores españoles
una renta proporcionada. En ese sentido, nuestra propuesta no cambia
absolutamente nada. Nuestros agricultores se merecen unos pagos
proporcionales a sus productos de calidad, a sus prestaciones
medioambientales y al cuidado del paisaje.
La
cosmética es insuficiente: necesitamos un lifting facial para
devolverle a la política agrícola común su credibilidad. A través de
la revisión a medio plazo, la Comisión ha presentado una propuesta
con la cual pretendemos acercar la política agrícola común a los
agricultores, los consumidores y los contribuyentes.
Para
mantener en el futuro la política agrícola debe reforzarse el
principio de 'prestación y contraprestación'. El agricultor de la
Unión Europea produce muchos bienes públicos, desde el medio
ambiente hasta la protección de los animales, pasando por el cuidado
del paisaje. El mercado no paga estas prestaciones, pero la sociedad
las exige, por lo que los agricultores deben recibir una
compensación por ellas subvencionada mediante fondos públicos.
El
objetivo de la Comisión es evidente: queremos reconciliar la
política agrícola con la sociedad, definir claramente la prestación
y la contraprestación y, con ello, justificar mejor sus dotaciones
presupuestarias. Éstos son mensajes que nuestros ciudadanos
comprenderán bien. De esta manera no se seguirá considerando al
agricultor del futuro como un receptor de limosnas, sino que estará
en condiciones de exigir al ciudadano europeo una contraprestación
financiera en su calidad de empresario orientado hacia el mercado y
prestatario de servicios medioambientales o paisajísticos.
Porque
es evidente que un sistema de ayudas que incita al agricultor a
producir de manera intensiva, que es excesivamente burocrático y que
obliga forzosamente al agricultor a orientar su producción en
función de las subvenciones en lugar de las necesidades del mercado,
corre el riesgo de perder el apoyo del contribuyente europeo. Tal
evolución no es la que persigue la Unión Europea y, sin duda, no es
la que pretenden nuestros agricultores.
Con
nuestras propuestas pretendemos devolverles a los agricultores su
función empresarial, de forma que produzcan para sus clientes en
lugar de producir para los almacenes de la intervención. Queremos
reducir el peso que supone para el agricultor la burocracia agraria
y ayudarle financieramente para que su producción logre los altos
niveles de calidad que nuestros ciudadanos esperan. En el futuro, la
calidad debe ser rentable.
Para
lograr estos objetivos, los agricultores recibirán ayudas directas a
la renta sin tener que producir cereales o carne de vacuno. Sin
embargo, tendrán que producir de manera satisfactoria bienes
públicos demandados por la sociedad que, en cualquier caso, el
mercado no retribuye. Esto supone no sólo una gran simplificación
administrativa, sino que también significa que las ayudas ya no
comportan incentivos a la producción que ignoran la evolución del
mercado.
La
confianza del consumidor es un principio fundamental para el éxito
de la agricultura. La confianza, que se ha visto negativamente
afectada, sólo puede volver a recuperarse mediante una mayor
transparencia y responsabilidad. Por ello, proponemos una auditoría
de las explotaciones. Soy consciente de que ésta representará una
serie de gastos adicionales para los agricultores, pero en el futuro
éstos se cofinanciarán mediante los fondos dedicados al desarrollo
rural.
Si
queremos reforzar la reorientación de las ayudas agrícolas en la
dirección de la compensación por las prestaciones adicionales de
nuestra agricultura, tenemos que introducir obligatoriamente la
modulación en todos los Estados miembros. Queremos retener
adicionalmente cada año un 3% de los pagos directos, aunque las
pequeñas explotaciones que reciban menos de 5.000 euros anuales en
pagos de esta índole quedarán al margen de esta reducción. Sin
embargo, la agricultura no pierde este dinero, sino que, de
conformidad con unos parámetros objetivos, se redistribuirá entre
los Estados miembros, los cuales lo pueden dedicar a desarrollo
rural. Prevemos un elemento de cohesión, que aportará más fondos a
los agricultores espanoles. En la fase final del proceso tenemos
previsto que, de esta forma, tras siete años, se habrá reorientado
un porcentaje de un 20% de los pagos directos, lo cual generará un
enorme incremento de los fondos europeos que se pueden dedicar a
desarrollo rural.
Por el
momento, el 20% de las grandes empresas reciben el 80% de las ayudas
agrícolas. Por tanto, debe fijarse un límite máximo a los pagos
directos modulados, establecido en 300.000 euros por explotación.
Los fondos ahorrados de esta forma permanecerán en el presupuesto
del Estado miembro, que podrá decidir si los destina a desarrollo
rural y de qué manera lo hace.
Hay que
señalar que la gran mayoría de los agricultores en España son
pequeños. Por consiguente, no se verán afectados por la modulación.
Pero no
sólo debe reforzarse la financiación del desarrollo rural. Queremos
prestar ayuda económica a los agricultores a través de nuevos
programas para que produzcan con una mayor orientación comercial y
para que cumplan las normas establecidas. Por ello, proponemos
nuevos programas para mejorar la calidad de los productos. Por un
lado, estos programas están vinculados con la certificación de la
producción, y por otro, con la comercialización de productos de
calidad, productos con denominaciones de origen geográfico y
productos ecológicos. Los ganaderos que quieran ir más allá de los
requisitos obligatorios en materia de bienestar animal también
pueden contar en el futuro con una compensación directa de sus
gastos adicionales.
La
Comisión ha llegado a la conclusión de que la política agrícola
requiere modificaciones para responder mejor a las exigencias de
nuestra sociedad moderna, pero, sobre todo, a las necesidades de los
agricultores europeos. Pero al mencionar el lifting facial lo que
quiero decir es que no se cuestionará el núcleo de la PAC. También
necesitamos en el futuro una política agrícola fuerte y unitaria en
la Unión Europea que goce de la confianza del ciudadano y garantice
el mercado interior.
(El País, 11 de julio de
2002, p. 51). |
NOTAS
(1)
Según los datos del MAPA, sobre un total de 887.000 perceptores, 436.000
perciben ayudas por debajo de los 1.000 euros, 127.000 entre 1.000 y 2.000
euros, 72.000 entre 2.000 y 3.000 euros, 49.300 entre 3.000 y 4.000 euros,
y 37.600 entre 4.000 y 5.000 euros. En total, casi 730.000, mientras
168.000 percepto1res se hallan por encima de los 5.000 euros. De acuerdo
con los mismos datos, solamente 230 perceptores cobran más de 300.000
euros anuales de ayudas.
(2)
Ver Vidal Maté, “El sector agrario español rechaza en bloque la propuesta
elaborada por la Comisión Europea”, El País, 7 de julio de 2002, p. 47.
(3)
Miguel Arias Cañete (Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación): “La
revisión a medio plazo de la PAC desde la perspectiva española”, El País,
20.9.2002.
(4)
Gabriela Cañas, “La reforma agraria divide a Europa en dos”, El País, 7 de
julio de 2002, p. 46.
(5)
IFOAM son las siglas en inglés de Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura Orgánica; se trata de la “internacional” de la agricultura
ecológica.
NdE:
Nuestros los destacados en el manifiesto POR UN FUTURO PARA EL MEDIO
RURAL. |
