FRESNO - El próximo 7 de octubre de 2003 se realizarán en California elecciones especiales de destitución del gobernador demócrata Gray Davis. La campaña contra Davis, encabezada por activistas conservadores nucleados alrededor del Partido Republicano, capitalizó el descontento popular por la crisis energética del año pasado y la actual crisis del presupuesto del estado que significará millones de dólares en recortes de programas sociales y en la educación pública.

El voto latino fue crucial para la elección de Davis y para que el año pasado obtuviera la reelección por un estrecho margen en elecciones caracterizadas por la apatía de los votantes. El partido Demócrata, conciente de la creciente importancia de los latinos, decidió movilizar a sus activistas hispanos en favor de Davis y evitar así perder el estado a manos de un republicano.

En reciente conferencia de prensa realizada en Fresno, miembros del Caucus Chicano-Latino del Partido Demócrata, una de las 29 organizaciones similares en el Estado, anunciaron sus planes de movilización. “Buscamos registrar 3,000 nuevos votantes en el Condado de Fresno”, dijo José Luis Barraza. Aunque en el Estado la mayoría de los votantes son demócratas (44.4 por ciento en comparación con 35.2 por ciento de republicanos), en el Valle Central es diferente. Por ejemplo, en el Condado de Fresno, uno de los 17 que compone el Valle Central, hay 44.08 por ciento de republicanos contra 42.70 por ciento de demócratas.

Estos números preocupan a los demócratas locales, además de la reconocida apatía de los votantes “liberales” contra los disciplinados republicanos. Esta preocupación se expresó durante la reunión de prensa: “El beneficio para el Partido Republicano en una elección especial como ésta, es la escasa participación demócrata”. En otras palabras, la indiferencia de los votantes favorece ampliamente a los republicanos.

Entre los líderes del movimiento de destitución de Davis, se destaca el republicano Darrell Issa, representante del distrito 49 en la Asamblea Estatal. Issa donó más de 700.000 dólares a la campaña y ya se anotó como candidato a gobernador en caso de que la destitución prospere. Algunos críticos afirman que esto es el equivalente a comprar una elección y posiblemente la gobernatura.

Pero Issa tiene otras cosas de que preocuparse, desde un pasado dudoso en sus negocios hasta reportes de falsedades en su “curriculum” en el cual aparentemente exagera su pasado en las fuerzas armadas. Pero lo más grave para él es que, de acuerdo a las encuestas, ni siquiera figura en el primer puesto de los posibles candidatos a reemplazar a Davis. Por ahora, los demócratas parecen que no presentarán alternativa, por lo que la batalla en favor de Davis será un gran esfuerzo organizativo y propagandístico.

Respecto a la crisis energética, miembros del Caucus Chicano-Latino dijeron que había sido un caso de avaricia corporativa, como Enron, empresas que en su mayoría contribuyen al Partido Republicano y sus ejecutivos apoyan a ese partido. “En 1992 hubo una seria crisis presupuestaria y nadie pidió la destitución del entonces gobernador republicano Pete Wilson”, dijo Joel Murillo, abogado local, quien agregó que la crisis no es exclusiva de California, ya que todo el país está pasando por problemas económicos. “¡Bush prometió un superavit de 3 trillones de dólares y resulta que hoy tenemos 2 trillones de déficit!”. Murillo también criticó el gasto que ocasionará esta elección especial y mencionó que Davis es el gobernador que más jueces latinos nombró.

Los integrantes del Caucus Chicano-Latino también se refirieron a la proposición llamada “Iniciativa de Derechos Civiles de California” o “Iniciativa Connerly” debido al nombre del autor, Ward Connerly, regente del sistema universitario del Estado. Esta proposición, que varios latinos equiparan con la nefasta proposición 187, de 1995, creada por el ex-gobernador Pete Wilson y que buscaba negar a los inmigrantes indocumentados y a sus hijos acceso a la salud y a la educación. La Proposición Connerly eliminaría el requisito legal de mantener registro de la participación de las minorías en la contratación de empleos en diferentes agencias. De esta manera, no se podría siquiera comprobar intentos de discriminación.

“Esta iniciativa es racista y debemos votar contra ella”, dijo José Barraza, quien ve en ella otra expresión de la falta de sensibilidad de los republicanos hacia las minorías y en particular contra los inmigrantes. Activistas latinos confían en que esa proposición motive a muchos votantes a concurrir a las urnas para detener lo que llaman “el asalto de la derecha” en California.

Pero aunque los miembros del Caucus Chicano-Latino no mencionaron el caso, varios activistas y organizaciones latinas de base evitan por el momento comprometer su apoyo al gobernador Davis hasta que éste apruebe la propuesta de ley SB60. Esta significaría restituir a los indocumentados que viven en el estado la posibilidad de obtener licencia de conducir, derecho anulado por los republicanos a mediados de los 90s, con apoyo de conocidos demócratas como el actual vice-gobernador del Estado, Cruz Bustamante. Davis vetó la AB60 el año pasado, creando fuerte reacción en su contra de parte de varios sectores latinos.

De igual manera, en oportunidades similares el gobernador enajenó a sus simpatizantes por su constante “penduleo” político. Pero al decir de un activista del Sindicato de Campesinos, fundado por el legendario César Chávez a mediados de los 60s, aunque poco en relación a lo prometido, Davis al menos ha sido abierto a escuchar a los sindicatos, a los trabajadores, algo que jamás ocurre con los republicanos. La aprobación en año pasado de la ley que establece un arbitraje entre agricultores y campesinos en caso de disputas laborales es vista por el sindicato como algo positivo.

Queda por ver si este pequeño triunfo es suficiente para que los trabajadores se movilicen en apoyo de Davis en medio de la indiferencia y el hastío de los votantes californianos.

Eduardo Stanley

7 de agosto de 2003