Más de 225 millas de acero (unos 360 km.), 140 cámaras infrarrojas, sensores de movimiento, iluminación las 24 horas del día y una altura de unos cuatro metros. Así será la doble muralla que separará la frontera entre Estados Unidos y México por el estado de Arizona. Un proyecto en el que está trabajando a marchas forzadas la Patrulla Fronteriza que vigila el tránsito de indocumentados entre los dos países vecinos y que costará aproximadamente unos 1.000 millones de dólares. A pesar de la oposición de defensores de derechos humanos, ecologistas y residentes de ambos lados de la frontera, la doble muralla se extenderá a lo largo de la línea que divide ambos países entre Arizona y Sonora con la excepción del desierto de Yuma, conocido también como el "corredor de la muerte" por sus altas temperaturas y por contar con el mayor índice de indocumentados fallecidos en su intento por alcanzar el sueño americano.

Precisamente, en mayo de 2001, 14 inmigrantes mexicanos perdieron la vida en ese desierto después de caminar durante cinco días a temperaturas de hasta 110º Fahrenheit (50º centígrados). Desde esa fecha hasta los fatídicos atentados del 11 de septiembre, tanto el presidente estadounidense, George W. Bush, como su homólogo mexicano, Vicente Fox, se comprometieron a frenar la escalada migratoria que sacude la frontera entre ambos países a lo largo de 3.200 km., a través de unas negociaciones que resolvieran la situación ilegal de los casi cuatro millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Fruto de ese acuerdo, el Senado estadounidense llegó a aprobar el 8 de septiembre de 2001 una ley migratoria que abría las puertas a la regularización de extranjeros ilegales sin la necesidad de tener que regresar a su país de origen, algo que anteriormente hacía imposible el retorno a Estados Unidos.

Tres días después, los atentados del 11 de septiembre situaron en la agenda de la política migratoria de la Administración Bush un único objetivo: la seguridad nacional por encima de todo. Bien es cierto que los terroristas que cometieron dichos atentados contaban con visas temporales de turistas o estudiantes, aunque muchas hubieran caducado. Sin embargo, como ha declarado recientemente Vicente Fox, en una entrevista concedida al Washington Post para hablar de la actual política migratoria de EE.UU., "ningún terrorista ha llegado de México y ninguno ha sido mexicano".

Desde aquella ley aprobada en septiembre de 2001 hasta hoy, el chorro de inmigración que llega a Estados Unidos ha pasado a ser un tema más dentro de la política de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo de la Administración Bush. De hecho, es el Departamento de Seguridad Nacional, y no el de Justicia, el que ahora se encarga de los asuntos migratorios. Asuntos como el que el pasado 14 de mayo acabó con la vida de 18 inmigrantes ilegales (12 de ellos mexicanos; el resto centroamericanos) cuando cruzaban la frontera en el interior del contenedor de un camión. Los 18 fallecidos, junto a otras 75 personas que sobrevivieron a pesar de la falta de aire, fueron abandonados por los contrabandistas que los transportaban a la ciudad de Vitoria, Texas, a 280 kilómetros de la frontera mexicana.

Una semana antes de la tragedia de Texas, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Washington aprobaba gracias a la mayoría republicana una resolución por la que cualquier acuerdo migratorio alcanzado con México estaría supeditado a la apertura de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión de las petroleras estadounidenses. Porque según dice el cuerpo de la resolución, Pemex es una compañía "ineficiente, plagada de corrupción, en necesidad de reforma sustancial y de inversión privada". La respuesta del presidente Fox ha sido muy clara: Pemex "no está ni estará en venta". Al menos eso es lo que opina la sociedad mexicana de la empresa que representa la independencia del país, después de que el presidente Lázaro Cárdenas la expropiara a las compañías estadounidenses en 1938.

No obstante, y según afirmaba el pasado 28 de mayo el embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, para George W. Bush, "los principios guía (de la política migratoria) serán la seguridad en nuestro territorio y protegernos del terrorismo". Ni la entrada en el negocio de Pemex, ni la lucha contra el terrorismo internacional parecen, por lo tanto, estar muy relacionados con los más de 1,5 millones de inmigrantes arrestados cada año por cruzar de forma ilegal alguno de los puntos de la frontera. Habrá que ver si al menos guardan relación entre sí.

En el desierto de Arizona, camino ahora de ser tapiado por la doble muralla de acero que está levantando la Patrulla Fronteriza, 27 indocumentados han muerto en lo que va de año. La última iniciativa en materia de inmigración recibe el nombre de “Operación Guardián del Desierto”, un programa de seguridad binacional que las autoridades de Estados Unidos y México han presentado hace unos días con el objetivo de frenar las muertes de inmigrantes ilegales en Arizona. Traducido a otras palabras, 200 nuevos agentes y dos helicópteros se unirán al operativo que controla el tránsito por la frontera. Un paso más, en fin, en el proceso de militarización de la frontera iniciado hace ya casi diez años con el “Operativo Guardián” y que, sin embargo, no ha sabido evitar las más de 2.500 personas que se han dejado la vida sin saber si quiera si era tal el sueño americano. La solución no parece ser esa.

Óscar Gutiérrez

Agencia de Información Solidaria

oskiguti@hotmail.com

12 de junio de 2003