El Salvador

A finales de noviembre de 2002, la empresa Anthony Fashions propiedad de los señores Anthony Iurato (norteamericano de origen italiano) y Jorge Paz (norteamericano de origen hondureño) ubicada en la zona franca de San Bartolo de El Salvador, empezó a suspender a sus trabajadores argumentando que sus principales proveedores, las marcas norteamericanas LESLIE FAY y LIZ CLAIBORNE, no le habían otorgado pedidos para seguir trabajando. El día 20 de diciembre, la empresa no solo no entrego los aguinaldos (prestaciones de fin de año), ni los salarios de la última quincena a sus trabajadoras, sino que también les informó que todo el personal quedaba suspendido hasta nuevo aviso. La empresa empleaba a cerca de 700 personas.

El día 26 de diciembre las trabajadoras fueron convocadas para ver si se les iban a cancelar sus salarios adeudados. Finalmente fue hasta el día 30 de diciembre que les pagaron salarios adeudados, pero no así sus aguinaldos. El día 6 de enero la empresa informó nuevamente que no iba a pagar y a partir de ese día, las trabajadoras acudieron a hacer denuncias a los medios de comunicación para informar lo que estaba sucediendo.

Los trabajadores y trabajadoras se dieron cuenta que algo más estaba sucediendo. Durante los últimos 15 meses la empresa no había pagado las cotizaciones de los fondos de pensiones y del seguro social que ya había descontado de los salarios. También la empresa empezaba a conformar una nueva sociedad anónima, bajo el nombre de “London Manufacturing” a nombre de la cual empezaba a pasar los contratos de Anthony Fashions dejando en esta última las deudas y el pasivo laboral acumulado por las trabajadoras. Todos los síntomas hacían pensar en una estafa premeditada.

Los hechos anteriores motivaron hasta ahora a los trabajadores y trabajadoras afectadas a interponer cerca de 200 demandas a la Fiscalía General de la República por el delito de apropiarse de sus cotizaciones. Una forma elegante de nombrar un robo. También solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo, el cual debió haber vigilado que semejante estafa nunca hubiera sucedido. Hasta ahora las gestiones del gobierno han sido mínimas y el Sindicato de Trabajadores de Industrias Textiles (STIT), y el Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), han intervenido en la situación a solicitud de las trabajadoras afectadas, intentando apoyarles en la salvaguarda de sus intereses.

¿DONDE ESTABA EL MINISTERIO DE TRABAJO

DESDE OCTUBRE 2001?

Desde octubre de 2001, la empresa Anthony Fashions empezó a apropiarse de las cotizaciones de cerca de 700 trabajadoras. Sin embargo, para el Ministerio de Trabajo, esto no fue suficiente para intervenir decididamente en la situación. Ante los reclamos presentados por los trabajadores en enero 2003, la Inspección de Trabajo manifestó que había multado a la empresa a finales de 2002. Sin embargo, las trabajadoras cuentan otra historia.

Según los testimonios de las trabajadoras de Anthony Fashions las constantes visitas de una inspectora y varios inspectores del Ministerio de Trabajo terminaban siempre sin resultados en el despacho del gerente Jorge Paz. Pero también tras las visitas de los inspectores el gerente y propietario, Jorge Paz, se ufanaba públicamente diciendo a las trabajadoras que “EL DINERO LO ARREGLA TODO” y que sus influencias en el Ministerio de Trabajo le hacían intocable a cualquier reclamo de las obreras. Al parecer, esas influencias fueron suficientes para permitir a la empresa apropiarse de las cotizaciones de 700 personas durante 15 meses sin que nadie en el Ministerio de Trabajo interviniera para evitarlo.

LA CARTA QUE DELATA

A pesar que el día 7 de enero, el Inspector General de Trabajo mostró su preocupación y una diligencia poco común en el Ministerio de Trabajo en el caso de Anthony Fashions, estas buenas intenciones parecen que se quedaron en eso: intenciones.

Consta en poder de los trabajadores y trabajadoras afectadas, una carta que fue dirigida por parte del señor Jorge Paz al propio Ministro de Trabajo Jorge Isidoro Nieto. En esa misiva enviada luego de las denuncias realizadas el 6 de enero, el empresario solicita al Ministro de Trabajo, Jorge Isidoro Nieto, que no proporcione información alguna a las trabajadoras afectadas y al sindicato que las representa en el esfuerzo por obtener sus cotizaciones de 15 meses y las prestaciones laborales que por ley les corresponden.

A partir del envío de esta carta, a las trabajadoras y sus representantes sindicales les ha sido negada la documentación básica en el Ministerio de Trabajo que permitiría establecer legalmente el número de las trabajadoras afectadas, y los montos económicos exactos que el empresario se ha apropiado. Al parecer la solicitud del empresario al propio Ministro de Trabajo, ha sido suficiente para detener la acción legal en su contra y darle tiempo de maniobrar legalmente o en el peor de los casos, huir del país.

La documentación que las trabajadoras requieren del Ministerio de Trabajo para proseguir su caso en contra del empresario, les fue negada desde el 9 hasta el 17 de enero con diferentes y poco creíbles pretextos. El día 17 de enero el propio Vice Ministro, Fernando Avelar les comunicó que definitivamente NO les entregarían los resultados de las inspecciones que las trabajadoras afectadas necesitan para proseguir sus casos legales en contra del empresario. El Vice Ministro, incluso mencionó la posibilidad de sancionar a la Inspección de Trabajo por haber cumplido -aunque sea brevemente- su mandato legal de proveer la información de su propio caso a las trabajadoras afectadas.

Evidentemente, en el Ministerio de Trabajo, un empresario acusado de delitos penales, tiene más influencia que los trabajadores y que la misma ley laboral. Al parecer un empresario como este, es capaz de inmovilizar al Inspector General de Trabajo, a veces con sus subalternos y a veces con el mismo Ministro y Vice Ministro.

LIBRE COMERCIO y EMPRESAS

TRANSNACIONALES

Mientras los funcionarios y empresarios gubernamentales se deshacen de elogios a los logros que traerá el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica, la falta de institucionalidad laboral en los países centroamericanos es cada vez más preocupante. Fuentes bien informadas, han manifestado que en el aspecto laboral, el TLC con EE.UU. difícilmente incluirá cláusulas laborales o castigos a las empresas que violan los derechos laborales. Todo apunta a que el TLC únicamente exigirá a los gobiernos que sean capaces de cumplir sus propias legislaciones laborales nacionales, mientras que otorgarán “Supra poderes” a las empresas multinacionales que realicen sus inversiones en Centroamérica. Dentro de estos “Supra poderes” se encontraría incluso la posibilidad de demandar a los mismos Estados cuando las compañías consideren se hayan afectados sus intereses.

El caso de Anthony Fashions está mostrando que las empresas maquiladoras en El Salvador, ni siquiera necesitan estos “Supra poderes” que les otorgará el TLC con EE.UU. Basta con una carta a un Ministro de Trabajo, para hacer valer sus intereses por sobre los intereses de cientos de trabajadoras que no tienen por el momento nada que poner en la mesa de sus hijos e hijas para alimentarse. Basta unas pocas influencias para que los inspectores del Ministerio de Trabajo no vean el robo que se realiza a las trabajadoras frente a sus propios ojos durante 15 meses.

Mientras tanto, los vestidos de LIZ CLAIBORNE y LESLIE FAY (cuyos precios oscilan entre US$ 80 y US$ 200 cada uno) que las trabajadoras de Anthony Fashions confeccionaban mientras su empleador se apropiaba de sus cotizaciones, y las sometía a un trato denigrante, seguramente fueron ya vendidos en las lujosas tiendas de estas marcas en los Estados Unidos.

LIZ CLAIBORNE y LESLIE FAY que presumen de ser empresas responsables ante sus clientes, parece que poco o nada les interesa la vida de las obreras centroamericanas que posiblemente jamás podrán lucir estos lujosos vestidos, pero que si pueden confeccionarlos mientras son robadas y humilladas.

Gilberto Ernesto García Dueñas

Centro de Estudios y Apoyo Laboral CEAL

ceal-es@navegante.com.sv