Perú

Acceso a recursos

Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 1993, un 4,7% del total de mujeres pequeñas productoras cuenta con un título de propiedad debidamente registrado frente a un 14,7% de varones.

Esta misma fuente señala que el 46,1% de productoras y el 44,8% de productores individuales disponen de unidades agropecuarias con una parcela. Aunque las diferencias por género no son muy significativas, si se considera por regiones la tendencia es que las mujeres productoras posean menos cantidad de parcelas, situación que se acentúa en la sierra, donde el 85,9% de las productoras tienen menos de tres hectáreas.

Es importante destacar que no es suficiente analizar si las conductoras directas de parcelas, que según el censo llega a un 20,0%, poseen o no título de propiedad, sino que también es importante saber si es que todas las parejas casadas han entrado al régimen de la copropiedad y si ha pasado algo similar con las convivientes. Igualmente es necesario saber en qué condiciones se encuentran las mujeres solteras y viudas respecto de este tema.

Tal vez el agua sea el más importante de los recursos naturales. En el caso peruano, la regulación del agua con fines agrícolas vincula las posibilidades de su uso con la titularidad de las tierras, lo que nos lleva nuevamente al tema anterior.

El acceso al recurso agua va más allá del aspecto productivo agrícola, es importante para muchas tareas que desempeñan las mujeres en tanto productoras: crianza de animales, artesanías, venta de comida, así como en su rol reproductivo para las tareas domésticas; por ello, la legislación y las normas que se establezcan requieren de una especial mirada desde el género.

En la agricultura, el crédito es sumamente importante para obtener semillas, insumos y tecnología. Según los datos del censo, muy pocas/os productoras/es lo gestionan. El acceso de las mujeres rurales al crédito es muy limitado, en tanto no pueden reunir las exigencias de las instituciones formales de crédito para el préstamo.

La garantía es uno de los principales problemas, en especial porque son pocas las mujeres que poseen título oficial sobre las tierras y los documentos de registro. Otros se refieren a los altos costos de financiamiento, a la condición civil (jefas de familia, viudas, solteras que por prejuicios socio-culturales no poseen la propiedad de la tierra), el analfabetismo y la falta de documentación.

Se requiere, pues, de una política que incorpore, paulatinamente, a las mujeres como sujetos de crédito; ello implica decisión política, información y difusión, y una campaña masiva de documentación. Los programas de crédito deben ir acompañados, a la vez, de programas paralelos de asistencia técnica y gestión, que permitan a las/os campesinas/os asegurarse y asegurar un buen retorno del préstamo.

Las mayores dificultades que encuentran las mujeres para acceder a la tecnología son de orden social y cultural. Los servicios de extensión y capacitación tecnológica son dirigidos principalmente a los varones que tienen un mayor grado de escolarización. Las cifras del III CENAGRO, nos muestran que a pesar que la necesidad de capacitación técnica manifestada por las mujeres pequeñas productoras alcanzó el 75,6% para 1994, de éstas solo el 6,8% la recibió efectivamente.

A ello se suman otros motivos de discriminación como el monolingüismo, sus responsabilidades domésticas, la invisibilidad como productoras y la todavía imperante división de tareas en las que el hombre representa a la familia, aun cuando es la mujer la que trabaja directamente en el campo.

Educación

La educación en el sector rural corresponde, mayormente, a la educación pública, en ese sentido el problema más evidente se refiere a la infraestructura educativa. El 68,0% de las escuelas primarias del campo no tiene agua, 95,0% no tiene desagüe y un 90,0% no cuenta con energía eléctrica (Ministerio de Educación), inclusive en casos en que existen servicios de agua y luz en la localidad.

De otro lado, la competencia que existe entre el tiempo necesario para asistir a la escuela con las actividades productivas y domésticas del sector rural no corresponde con la realidad. Diversos estudios concuerdan en señalar que en el sector rural las/os niñas/os, a partir de los cinco años, se integran paulatinamente a la vida productiva (Jeanine Anderson) y para cuando llegan a las edades comprendidas entre los 14 y 24 años, el 15,7% estudia y trabaja (INEI), dato relevante si consideramos que el porcentaje de matrícula oportuna para el nivel secundario (nivel que corresponde a las edades señaladas) es bastante bajo; es decir solo el 32,0% de niñas y el 27,0% de niños se matriculan a la edad oportuna (Ministerio de Educación).

Generalmente, más que los varones, la lengua materna de las niñas es el quechua, aymara u otra lengua nativa, hecho que limita su alfabetización e instrucción en la escuela tradicional. Asimismo, en determinados contextos en la escuela se reproducen roles tradicionales que tienen que ver directamente con la motivación desigual entre los sexos. Por ejemplo, se constata mayor motivación a los varones en su desempeño en áreas de ciencias y matemática. También, por lo general, los maestros se interesan más por los alumnos, pues piensan que tendrán más oportunidades de desarrollo laboral y personal; asignando a las niñas el cuidado del bebé de la maestra y la preparación del desayuno escolar.

Igualmente, la ubicación lejana de los colegios (en relación directa al patrón disperso de la población peruana, especialmente en el área rural), afecta particularmente a las adolescentes, cuyos familiares se preocupan por cualquier agresión a su sexualidad en desarrollo (Carmen Montero), hecho por el cual muchos padres deciden suspender la asistencia al centro educativo.

De otro lado, si bien los niveles de analfabetismo han disminuido, éstos siguen siendo altos, especialmente entre las mujeres rurales con respecto a las urbanas. Mientras para 1995 la diferencia porcentual entre mujeres urbanas y rurales era de casi 30 puntos, para 1998 ésta se redujo en casi 10 puntos; sin embargo, aún una cuarta parte de la población femenina rural entre 15 y más años es analfabeta, acentuándose esta característica en las mujeres a partir de los 40 años.

Esto es significativo, si tenemos en cuenta que en estas edades las mujeres inician el ciclo productivo y reproductivo; es decir, que ingresan al mercado laboral y tienen hijos.

Es importante mencionar la relación entre pobreza y educación, específicamente en lo referente a los años de estudio y el acceso a un empleo. En las zonas rurales existe un 51,6% de mujeres ocupadas que tiene nivel de instrucción primaria. Es decir, que la mayoría de mujeres que perciben algún ingreso “formal” en zonas rurales tiene primaria por lo menos. Las estadísticas señalan que las mujeres sin ningún grado de educación, generalmente trabajan en condiciones desventajosas, como bajos salarios y extensas jornadas laborales.

Asimismo, existe también un vínculo entre los embarazos prematuros y el nivel de instrucción. Las mujeres analfabetas son más propensas a este hecho por ver limitada su posibilidad de información y conocimiento sobre su salud sexual y reproductiva.

Derechos sexuales y reproductivos

Al comparar las áreas geográficas, encontramos grandes diferencias en las condiciones y necesidades básicas insatisfechas entre las mujeres que viven en zonas rurales y urbanas, y se evidencia una clara concentración de la atención en servicios para las ciudades, en perjuicio de la calidad de atención de la salud en zonas rurales.

En términos generales, la evolución de la tasa de fecundidad entre 1991 y 1997 ha descendido. El promedio estimado de hijos por mujer para el área rural en 1996 es de 5,6 frente a 2,8 hijos para la urbana, lo que representa una diferencia de cerca de 3 hijos. Igualmente, las mujeres sin educación, al final de su vida reproductiva, tienen más de tres veces el número de hijos que aquellas con educación superior (6,9 hijos por mujer, versus 2,1), a pesar de tener aspiraciones similares respecto al tamaño de las familias.

La fecundidad en adolescentes es otro de los problemas que ha ido en aumento. Aunque no contamos con datos que nos señalen claramente las diferencias por área geográfica, de 1991 a 1996 se ha dado un incremento considerable en el número de adolescentes embarazadas y éste es mayor en el área rural y zonas de selva, sobre todo en esta última donde los porcentajes de madres adolescentes van del 28,0 al 34,0%. (INEI-FNUAP).

Entre las adolescentes iletradas, el 55,5% ya era madre o estaba embarazada por primera vez. Como hemos indicado, la mayor cantidad de iletradas se encuentra en las zonas rurales y en especial en los bolsones de pobreza. Como resultado, la contribución de las adolescentes a la fecundidad total para 1996 es de 10,6%. Si a este grupo se agregan las jóvenes de 20 a 24 años, se tiene que el 36,0% del total de nacimientos en el país ocurre en mujeres entre 15 a 24 años. Se calcula que cerca de la mitad de los embarazos adolescentes son no deseados, convirtiéndose en un problema prioritario de la salud sexual y reproductiva en este grupo de edad junto a las ETS y VIH/Sida.

De otro lado, solo el 56,0% de los partos fue atendido por profesionales de salud, habiendo mejorado apenas un 5,7% frente a 1991. La diferencia es abismal por áreas: mientras en el área urbana la asistencia profesional alcanza un poco más del 80,0%, en la rural solo cubre la quinta parte (21,5%). (INEI-FNUAP).

Por departamentos, la situación extrema se da en Huancavelica, donde menos del 10,0% de partos es atendido por profesionales frente al 91,0% de Lima. Otros departamentos de baja atención son también Ayacucho, Puno y Cusco.

Según el INEI, en 1996, un 65.1% de mujeres rurales dice conocer del Sida, frente a un 97.9% de mujeres del área urbana. La mayor fuente de conocimiento para las mujeres de área rural es la radio en un 40%, seguida por la TV en 24.3%. Un dato importante y que debe llamar la atención de los educadores y a los que implementan políticas, es que la escuela no es una fuente importante de conocimiento de esta enfermedad. Así según la misma fuente y para el mismo año, encontramos que la escuela es fuente de conocimiento sobre Sida para un 5.9 de mujeres rurales y un 17.5 para las urbanas.

La escasa información con que contamos nos da una idea de las condiciones en que se producen los abortos al señalar a los proveedores. Así nos encontramos nuevamente que las mujeres rurales pobres recurren a personas no capacitadas o se practican ellas mismas el aborto (85,0%).

47 de cada 100 mujeres que se someten a un aborto sufre complicaciones, de ellas más de la mitad (69,0%) son mujeres rurales pobres (INEI), cifra que encaja perfectamente con el tipo de atención que reciben y la inequidad social existente para este sector femenino de la población. Si en general el aborto se convierte en un grave problema de salud para las mujeres, en las zonas rurales éste se agudiza debido a la condición de pobreza de su población, el bajo nivel educativo alcanzado y a la lejanía de residencia que imposibilita una atención inmediata.

Violencia

La violencia es una realidad presente en las zonas rurales, donde toma matices particulares. Existe muy poca información sobre la violencia hacia la mujer rural. El gobierno no ha realizado ningún estudio sobre la materia en las zonas rurales y solo algunas ONG han investigado y reflexionado sobre el tema, considerando la especial situación de las mujeres rurales.

Un estudio realizado en el departamento de Ayacucho por la Comisión de Derechos Humanos detectó que el 79,8% de la población rural encuestada manifestó que la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja constituye uno de los principales problemas de justicia en las zonas rurales, teniendo a la fecha una incidencia tres veces mayor que la problemática derivada de la violencia política.

Diversas leyes se han promulgado durante los últimos diez años para atender la problemática de la violencia familiar; sin embargo, existen innumerables obstáculos para el acceso a la justicia por parte de las mujeres, ello se agrava tratándose de mujeres que habitan en ámbitos rurales, en los que ni siquiera existen las autoridades encargadas de su aplicación.

En el ámbito rural, ninguna de las autoridades facultadas a intervenir por la ley brinda servicios de protección frente a la violencia familiar y, aunque éstas funcionan en las capitales de provincia, las posibilidades que las víctimas encuentren apoyo son escasas, ya que desconocen su existencia y/o tienen problemas derivados de la distancia, costos y desconocimiento de los procedimientos y sus derechos que limitan el acceso.

Las DEMUNAS, de enorme éxito en las ciudades en la prevención de la violencia contra la mujer, no se han instalado como mecanismo en las zonas rurales y son conocidas solo por la población joven debido al contacto que tienen con las Defensorías Escolares.

El 77% de los casos de violencia concluye en un acuerdo o conciliación y solo en un 15% de ellos se sanciona a los responsables. La sanción suele ser una multa o trabajo comunitario.

Una de las más grandes limitaciones de la actual ley sobre violencia familiar es su carácter urbano. Es decir, el circuito de atención para casos de violencia familiar que desarrolla la legislación vigente está diseñado para su aplicación en un ámbito urbano, pues desconoce la realidad del campo, así como las características culturales, en general, y de administración de justicia, en particular (Comisión de la Mujer y Desarrollo Humano).

Existe una carencia de instancias públicas y privadas para la atención de la violencia familiar en las zonas rurales, que se manifiesta a través de: bajo nivel formativo de las autoridades; acceso limitado a servicios de salud y administración de justicia; servicios brindados sin tener en cuenta la diversidad lingüística de la zona; número limitado de DEMUNAS rurales; precariedad en la provisión de servicios; desconocimiento de las mujeres.

Es importante mencionar formas propias de resolver problemas de violencia familiar que existen en las zonas rurales. La existencia de un derecho consuetudinario en comunidades campesinas y amazónicas es una realidad que responde a la diversidad cultural del país y a las características particulares de los diversos grupos étnicos. Son formas y mecanismos alternativos a la justicia estatal, en los que se aplican las costumbres existentes en las comunidades.

La justicia de paz es una instancia que se presenta como parte de la justicia estatal, pero es más cercana a la consuetudinaria. Los jueces de paz son parte de la administración de justicia y ejercen función jurisdiccional, pero al no exigírseles formación jurídica están facultados para resolver de acuerdo con su buen entender y saber (Patricia Balbuena). Un diagnóstico sobre justicia de paz en nuestro país en base a una encuesta a 374 jueces de paz, elaborado por el Instituto de Defensa Legal, revela que los asuntos relacionados con violencia familiar constituyen los casos más frecuentes que ven estos jueces (21,4%).

Balbuena comenta la existencia de un estudio que muestra cómo en el periodo 1987-1989, las rondas campesinas de Cajamarca habían intervenido en 2,800 casos en el rubro general de líos de familia. Esto es, desde el reconocimiento de hijos, abandono de hogar, peleas entre familias y separación de hogar.

La jurisdicción comunal está reconocida en nuestra Constitución Política, pero siempre que respete las normas sobre derechos humanos. Consideramos que ello no se cumple, tratándose de las mujeres víctimas de violencia, las que, como señala un estudio de la Comisión de Derechos Humanos, tienen de sus autoridades propuestas básicamente de conciliación, hecho que las desprotege.

Flora Tristán

15 de octubre de 2003

www.flora.org.pe