El 29 de mayo, de la Rúa anunció su segundo plan de ajuste. Esta vez las medidas incluyen miles de despidos en los entes estatales (debido a fusiones, cierres y tercerizaciones); entrega de áreas productivas al sector privado (entre ellas concesiones de yacimientos petrolíferos); un nuevo paso hacia la privatización del sistema de salud actualmente a cargo de las "obras sociales" sindicales (se trata de un mercado de US$ 3.000 millones al año que, por supuesto, debe quedar en manos "más civilizadas"); rebajas en los salarios de los funcionarios públicos y en las jubilaciones y algunas otras "menudencias" destinadas a desregular -todavía más- el mercado de trabajo.

Si combinamos ambas cosas, este ajuste atenta directamente contra la democracia que tanto le costó recuperar al pueblo argentino. Siguiendo a Ralf Dahrenddorf, afirmamos que: El principio más general de la democracia es la posibilidad de cesar sin violencia a aquellos que están en el poder cuando las preferencias o el interés de la población han cambiado. Para que esto funcione, debe darse otra condición, la obligación del gobierno de rendir cuentas ante los parlamentos elegidos, es decir, a los representantes de la ciudadanía. Ambos principios cada vez funcionan menos. Es bueno que nos preguntemos ¿qué le pasará a la democracia cuando las decisiones (especialmente aquellas que tienen que ver con la vida de la gente) se trasladan del Estado nacional a otros espacios políticos?

La pregunta final es perfectamente aplicable al caso argentino. Es evidente que decisiones importantes (pues tienen que ver con la vida de la gente) se trasladaron del Estado nacional a otros espacios políticos. El propio gobierno reconoció que el ajuste era necesario, pues se estaba lejos de poder cumplir con los compromisos asumidos a principio de año. Sin que se lo nombrara expresamente, todo el mundo sabe que esos

compromisos eran con el FMI y que una delegación del mismo llegaría a la Argentina dos días después de anunciado el ajuste. En los días posteriores al anuncio, el gobierno intentó brindar otras explicaciones, entre ellas que de lo contrario "los mercados" hubiesen presionado en forma insoportable, o que se trató de la única "alternativa para frenar una corrida cambiaria".

Pues bien ¿qué significa "los mercados"? Es una forma de referirse, sin nombrarlos, a los especuladores financieros, los únicos también con capacidad de provocar una "corrida cambiaria". Es evidente que los trabajadores -sector que padecerá el ajuste- no están contemplados en el eufemismo "mercado", ni tienen posibilidades de provocar una "corrida cambiaria". Como el movimiento obrero (esta vez unificado frente a la magnitud del ajuste) decretó un paro general, Alberto Flamarique (Ministro de Trabajo) calificó de "alocadas, irresponsables y a rajatabla" las medidas sindicales. Esta forma de ignorar a los delincuentes y responsabilizar a las víctimas, tampoco le hace bien a la democracia.

El gobierno admite que para que las cuentas del primer trimestre cerraran -y fueran aceptadas por el FMI- se necesitaban US$ 600 millones (se estima que el actual ajuste producirá US$ 900 millones ¿dónde irán los 300 restantes? nadie lo sabe). ¿Existían otras alternativas para obtener esta cifra? Todos (y el pueblo argentino más que nadie) sabemos que sí. Veamos algunos ejemplos:

• En 1994, el gobierno de Menem rebajó los aportes patronales. Estimaciones realizadas en 1998 indicaron que la mencionada reducción significó US$ 3.931 millones anuales. ¿Resultaba abusivo descontar a las empresas beneficiadas por esa rebaja los US$ 600 millones necesarios para que las cuentas del primer trimestre cerraran? Según una simple operación aritmética, para los cuatro trimestres serían necesarios, de mantenerse todo igual, US$ 2.400 millones, quiere decir que a las empresas les quedaría todavía una subvención de US$ 1.500 millones.

¿Qué resultado tuvo esta inyección económica a las empresas? Según datos oficiales, en los últimos cinco años, es decir, desde que comenzó a aplicarse la rebaja de los aportes patronales, la industria expulsó 145.000 trabajadores. Según la Secretaría de Empleo (otro eufemismo) en información publicada por Clarín el 7 de febrero de 2000, alimentos encabeza la lista de las 10 actividades analizadas, con 40.715 despidos y en séptimo lugar figura bebidas con 14.496. Al mismo tiempo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, entre 1993 y 1998 los salarios reales de los trabajadores industriales cayeron 23%. Entre otros sectores figura tabaco con -11,4% y alimentos y bebidas con -5,3%.

• El consorcio que desde 1998 opera los aeropuertos le debe al Estado US$ 105 millones. Las cinco empresas que explotan la carga por ferrocarril adeudan US$ 250 millones por cánones impagos desde 1995, pese a ello, reciben un subsidio de US$ 198 millones anuales por el transporte de pasajeros. El Correo, también privatizado en 1998 debe US$ 92 millones de los US$ 130 que debe cancelar. En total, entre deudas y subsidios se redondean US$ 450 millones.

Con lo anotado alcanza para conocer las "bondades" de las privatizaciones y la manifiesta política del gobierno de castigar a los menos favorecidos en función de no cobrar las deudas de los más privilegiados. Claro, se podrá argumentar que si el gobierno adopta medidas para que las empresas paguen lo que deben y con ello solucionar el déficit fiscal, se corren dos riesgos: el país se volvería "menos competitivo" (otro eufemismo) y las grandes empresas optarían por abandonar el país, aumentando con ello la ya altísima tasa de desempleo.

Veamos lo que ya está sucediendo sin que el gobierno tome medidas para cobrar lo que se le debe: Según noticias ampliamente divulgas en la prensa, en 1998 100 empresas abandonaron Argentina para radicarse en Brasil. Las inversiones brasileñas en Argentina, que en 1995 llegaron a US$ 1.500 millones, bajaron a US$ 251 millones en 1999. Por su parte, las inversiones argentinas en Brasil llegaron en el mismo año a US$ 590 millones.

Según el Ministerio de Economía, de cada dólar que las empresas extranjeras ganaron en Argentina en 1998, US$ 0,73 regresaron a sus países de origen, sumando un total de US$ 1.800 millones. Entre 1992 y 1998 el lucro de las empresas extranjeras aumentó 2,3 veces, mientras las remesas a sus países crecieron 5,9 veces.

Es a este sector que el gobierno decidió beneficiar. Esta es su opción, pero la misma va en sentido contrario a sus ofertas preelectorales y como hemos dicho, atenta contra la democracia. La gente se siente estafada y, con toda justicia, protesta. De manera que al gobierno encabezado por el presidente de la Rúa lo veremos muy pronto justificándose como lo hacía la Guardia de Caballería de Santa Fe: "No es mi sable el que te pega, es la ley que te castiga".