En una época de crisis es lógico que todos los sectores deban resignar derechos para superarla. Lo que no es lógico ni justo es que siempre el peso del ajuste recaiga sobre los trabajadores y que éstos no estén representados allí donde se discute el reparto de cargas y beneficios.

Ello explica el carácter salvaje que tiene el ajuste en nuestro país.

La reforma laboral de reciente aprobación, está enmarcada en un proceso de cambio de gobierno en nuestro país, habiendo asumido autoridades de un partido político diferente al que gobernó durante el período 1989-1999.

Esta situación nos invita a reflexionar, haciendo un balance sobre lo ocurrido en la década pasada y un análisis sobre lo que podemos esperar de los tiempos venideros. Para ello contamos con la autoridad moral que nos da el haber fijado en todo momento posiciones claras y categóricas sobre la política económica, laboral y sindical del gobierno saliente, sin falsas lealtades partidarias, sin renunciar a nuestros principios, ideales y convicciones y sin recurrir a "oportunismos" o "pragmatismos", que generalmente disfrazan claudicaciones y traiciones.

Permanentemente hemos denunciado la política de demolición de los derechos y conquistas de los trabajadores, que llevó a cabo el gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem. Como también hemos denunciado la inacción, cuando no complicidad, de un sector de la dirigencia sindical.

Es por ello que permanentemente hemos denunciado la política de demolición de los derechos y conquistas de los trabajadores, que llevó a cabo el gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem. Como también hemos denunciado la inacción, cuando no complicidad, de un sector de la dirigencia sindical. La nueva realidad política, lamentablemente, no nos permite ser optimistas respecto al futuro.

Ya hemos dicho que, como esas películas cuyo éxito origina nuevas versiones que mantienen lo esencial de la trama, la llamada "reforma laboral" reaparece cada tanto en escena, con nuevos y diferentes ropajes pero siempre con clara intencionalidad y seductora presentación.

Para los grupos económicos dominantes en la sociedad argentina la reforma laboral siempre es planteada como un asignatura pendiente que tiene el gobierno de turno.

Para ello han contado con la concentración y monopolio de los medios de comunicación, que obligan a las grandes mayorías a consumir únicamente sus propuestas y construir, a partir de un mensaje elaborado por otros, sus propias interpretaciones del pasado, del presente y del futuro. Mediante slogans que, por repetidos, terminan pareciendo verdaderos, han logrado ganar una batalla cultural influyendo en el sentido común de la gente.

En todo modelo económico hay ganadores y perdedores, pero en éste los perdedores son marginados y su posición se consolida haciendo que asuman como inevitable e inmodificable su derrota.

En todo modelo económico hay ganadores y perdedores, pero en éste los perdedores son marginados y su posición se consolida haciendo que asuman como inevitable e inmodificable su derrota. Sólo así se pueden entender ciertos comportamientos de las víctimas del ajuste estructural.

Hoy es ya un hecho indisimulado que la llamada "reforma laboral" es un proceso de ajuste de la superestructura jurídica que regula el mundo del trabajo, al actual modelo económico. Pese a ciertos pruritos ideológicos que llevan a plantear como objetivos aparentes de las reformas legislativas cuestiones tales como la lucha contra la desocupación, o la "modernización" de las relaciones laborales, es sabido que el verdadero objetivo es que los derechos de los trabajadores sigan actuando como la variable de ajuste del plan económico.

Precarización de los contratos de trabajo, degradación de las condiciones laborales, incremento del autoritarismo patronal y, fundamentalmente, una intensificación de la explotación de la mano de obra para mejorar la "productividad" empresarial.

Cada modelo económico se construye sobre ciertos valores y principios que, necesariamente, intenta transmitir al andamiaje legal. Por lo tanto, una reforma que es fruto de una adaptación del derecho del trabajo argentino a un proyecto de país claramente excluyente, materialista e insolidario, necesariamente debe asumir como propios estos valores perversos.

El derecho laboral, aún con sus marchas y contramarchas, colocaba al hombre como centro referencial del sistema. Las soluciones técnicas a los problemas económicos partían siempre de esta premisa, la que actuaba como una suerte de valla axiológica. Hoy es fácil advertir, que se ha producido un desplazamiento y el centro del escenario lo ocupa el mercado, el lucro, la rentabilidad empresarial, el eficientismo materialista y la competitividad salvaje.

La intención es establecer un nuevo sistema de relaciones del trabajo que permita mejorar la rentabilidad del empleador, a la vez que facilitarle un proceso de reconversión productiva, para responder a la apertura de la economía nacional y a los efectos de la globalización del comercio internacional. Para ello se propone la precarización de los contratos de trabajo, la degradación de las condiciones laborales, el incremento del autoritarismo patronal y, fundamentalmente, una intensificación de la explotación de la mano de obra para mejorar la "productividad" empresarial.

La llamada "reforma laboral" apunta a consolidar un proceso de modificación del modo de organización de las empresas, para ajustarlo a nuevos métodos de gestión de la producción, afines con el modelo económico.

La apertura indiscriminada de la economía nacional somete a las empresas a una presión que muy pocas están en condiciones de soportar. En este marco la globalización de los mercados y sus bruscas fluctuaciones parecería no encontrar una respuesta adecuada en aquellas empresas estructuradas según el sistema de producción conocido como "fordismo" (empresas fuertemente centralizadas, con economías de escala y producción masiva).

Ahora se busca una empresa ágil, ligera, económica, fácilmente adaptable a los cambios de la demanda y que sólo produzca lo que el mercado en cada momento reclama.

Para ello la reforma laboral pretende facilitarles a las empresas un proceso de descentralización que, necesariamente, lleva a eliminar funciones anteriormente gestionadas en forma directa y ahora externalizadas vía la incorporación de contratistas, subcontratistas, concesionarios, etc., muchas veces simples empresas subsidiarias controladas por la empresa principal.

La nueva estructura empresarial sólo contará con una plantilla reducida de personal permanente. En la periferia de ese núcleo aparecerá todo un universo de trabajadores, que entran o salen de la empresa según las fluctuaciones del mercado. A esto apunta, por ejemplo, el "período de prueba", cuya extensión propone el proyecto de ley en análisis. Un batallón de desocupados garantizan a los empleadores rápida y fácil rotación de aquellos que ¡OH casualidad! nunca pasarán "la prueba".

Un efecto paradojal del proceso de reconversión industrial que se está llevando a cabo en nuestro país es que la descentralización empresarial se produce en el marco de una fuerte concentración económica.

Esto no significa que la gran empresa pasará a un segundo plano. La importancia atribuida a ésta no sólo no mermó sino que inclusive aumentó, como lo atestiguan las enormes fusiones que se han observado en el campo empresarial. Lo que se produce es una reestructuración organizacional y productiva de estas empresas, con subdivisiones en unidades más reducidas y una extensa subcontratación. O sea, que la necesidad de una mayor flexibilización fue rápidamente asumida por las mismas, provocando su adaptación a los nuevos mercados y formas de producción a través de una importante descentralización de sus operaciones. Con lo cual se ha llegado a una situación definitiva de nueva división de trabajo entre varios tipos de empresas y entre empresas de grillas de dimensión diferentes.

Por otra parte, está comprobado que a medida que baja el nivel de negociación aumenta el poder empresarial y, en forma inversamente proporcional, disminuye el poder de negociación sindical. De tal forma se logrará disminuir la previsible resistencia de los trabajadores a las consecuencias de la reconversión en marcha

La negociación colectiva por industria o rama de industria que imperó en nuestro país durante la vigencia de la ley 14.250 (no como un imperativo legal sino como consecuencia natural del modo de organización de la empresa), es visualizada como incompatible con las nuevas técnicas de producción que se busca imponer. La idea es que a una empresa descentralizada le corresponde una negociación descentralizada, o sea por establecimiento e, incluso, por unidades menores.

Por ello, la parte mas cuestionable del proyecto de ley no es la "descentralización" de la negociación colectiva, sino la intención de hacer prevalecer - ante un conflicto de normas - a la de la unidad menor, que es donde se supone que existirá mayor "flexibilidad". Se rompe así el principio tradicional de nuestro derecho del trabajo, de la aplicación de la norma mas favorable para el trabajador.

La llamada "modernización" del sistema de relaciones laborales argentino pretende disimular la intención de terminar de ajustar nuestro derecho del trabajo a los límites y condicionamientos impuestos por el modelo económico, pero tratando de demostrar que eso y solo eso es lo que se puede hacer. La racionalidad de este "modernismo" parte de la premisa que la realidad es la que marca los límites de lo posible. De tal manera se logra confundir "lo posible" con lo establecido. Encontramos así en el discurso oficial una apelación constante al "realismo", colocando en el terreno de lo irracional cualquier cuestionamiento o propuestas alternativas a su modelo. El gobierno se autoproclama como el único capacitado para definir qué es posible y qué es imposible.

A la luz de estas premisas debemos analizar el discurso oficial y su referencia constante al fenómeno de la globalización de los mercados y la transnacionalización de la economía.

En un mundo segmentado ¿estaremos del lado de la concentración del capital, del dominio financiero y de la ortodoxia del mercado, o del lado del desempleo creciente, la pobreza y la marginación?

Es evidente que tanto la transnacionalización de la economía como la incorporación de Argentina a ese proceso, son presentados por ese discurso como hechos sumamente positivos, que nos han permitido alcanzar la tan ansiada estabilidad y el crecimiento económico. Claro que ello tiene un precio: las empresas han sido sometidas a una competencia feroz y, para subsistir, deben mejorar constantemente su "productividad". El Estado las auxilia facilitándoles bajar sus costos, pero, como no puede modificar la paridad cambiaria, por la Ley de Convertibilidad, ni los elevados costos financieros internos por la necesidad de atraer capitales, ni las tarifas de los servicios públicos, ahora privatizados, ni la presión impositiva, necesaria para el superávit fiscal, les permite bajar sus costos laborales, reforma laboral mediante.

La globalización y transnacionalización de la economía es un dato de la realidad. El impresionante avance de la tecnología en comunicaciones, transportes e informática, sumado a la existencia de una ideología dominante en el mundo explican este fenómeno. Pero ello no significa que se trate de un hecho inevitable o integrante del "orden natural" de las cosas. Por el contrario, se trata de un acto de voluntad, de una opción ejercida por las grandes corporaciones internacionales, en función de claros y concretos intereses económicos. No más de un centenar de poderosos grupos económicos, que concentran un tercio del comercio internacional, han decidido cómo se deben articular las relaciones en ese ámbito.

Sería necio negar esta realidad, pero también sería suicida eludir un debate sincero sobre el lugar que le queda a la Argentina en ese nuevo orden mundial. En un mundo segmentado ¿estaremos del lado de la concentración del capital, del dominio financiero y de la ortodoxia del mercado, o del lado del desempleo creciente, la pobreza y la marginación? Aún cuando no tengamos una respuesta categórica, la sola existencia de este interrogante demuestra que no se puede asumir acríticamente la "globalización", ya que ha sido planteada teniendo en cuenta intereses que no son, precisamente, los nuestros.

Argentina no podía competir con países que tienen trabajadores con salarios de hambre, inhumanas jornadas laborales, ausencias de beneficios sociales, nula sindicalización, etc.. La "reforma laboral" que se impulsa está por terminar de eliminar tal asimetría.

La apertura de las economías nacionales permite la libre circulación de capitales, los que rápidamente se orientan hacia países que cuentan con ventajas comparativas. Una de ellas es el costo de la mano de obra. Argentina no podía competir con países que tienen trabajadores con salarios de hambre, inhumanas jornadas laborales, ausencia de beneficios sociales, nula sindicalización, etc.. La "reforma laboral" que se impulsa está por terminar de eliminar tal asimetría.

La "globalización" contiene en sí misma el germen de la explotación de los trabajadores. Planteada desde los intereses y valores de las grandes corporaciones internacionales, fomenta la existencia de trabajo barato y dócil en el mundo. Un ejemplo interesante es el del trabajo infantil, que en algunos países se desarrolla en condiciones de verdadera servidumbre. ¿Cómo resuelve la "globalización" este problema?

La "globalización" es un dato de la realidad. Los banqueros se han convertido en los supervisores de la economía de nuestro país y nos dicen hasta cómo debemos redactar nuestras leyes.

No hay duda que no se trata de un problema económico sino axiológico. Desde los valores perversos de esta humanidad hedonista, individualista, materialista, consumista e insolidaria, no parece haber alternativas a este modelo de transnacionalización de la economía. Porque hoy lo importante es la búsqueda del lucro, la rentabilidad, la eficiencia y la competitividad. Distinto sería si la planificación internacional de la producción, el consumo y el desarrollo tecnológico se hiciera teniendo al hombre - ser trascendente - como su destinatario.

La "globalización" es un dato de la realidad. Los banqueros se han convertido en los supervisores de la economía de nuestro país y nos dicen hasta cómo debemos redactar nuestras leyes. Bancos políglotas reciclan la riqueza del mundo y atienden sus necesidades financieras con mercados de divisas que no pertenecen a ningún Estado, dinámicos y complicados, pero en su mayor parte fuera del control de los gobiernos.

Las empresas multinacionales, que actuaban esencialmente en un solo ramo, abarcan ahora múltiples y diferentes actividades. Siemens e Hitachi, por ejemplo, evolucionaron desde la maquinaria pesada a las microprocesadoras. La tendencia es ir hacia una especie de flotación libre, hacia la total independencia de cualquier país, habitando una "tierra de nadie" y siendo necesitadas por los gobiernos mucho más de lo que ellas necesitan de los gobiernos. Exxon, una de las empresas norteamericanas más grande del mundo, obtiene el 75% de sus ingresos fuera de los Estados Unidos.

Florece un mercado de dinero sin nacionalidad. Hay un sistema monetario internacional, casi en su totalidad fuera de toda reglamentación por parte de los gobiernos, que puede enviar miles de millones de dólares a dar vueltas alrededor del mundo las 24 horas del día. Las grandes corporaciones han modificado la vieja estructura piramidal centralizada que permitía atribuirles una nacionalidad determinada. Prácticamente han abandonado el sistema de producción en gran escala y se han constituido en redes de organización empresarial descentralizada, que les permiten fabricar eficientemente los productos en diferentes lugares a fin de satisfacer las necesidades de los consumidores en cualquier parte del mundo.

La búsqueda de una mayor rentabilidad del capital no reconoce límites éticos o compromisos sociales.

La "globalización" de los mercados, obviamente, fomenta el dumping social, ya que el proceso está motorizado por poderosos intereses económicos que han escapado de todo control estatal. La búsqueda de una mayor rentabilidad del capital no reconoce límites éticos o compromisos sociales. En 1984, Goodyear se unió al reclamo de los sindicatos del sector, por la introducción de neumáticos surcoreanos a precios por debajo de sus costos. En 1990, cuando el gobierno norteamericano amenazó con tomar represalias contra Corea del Sur por dificultar la entrada de mercadería de su país, los directivos de Goodyear presionaron para evitarlo. ¿Qué había sucedido para ese brusco cambio de posición? Muy sencillo, desde 1989 estaba negociando la instalación de una fábrica en ese país, con capacidad para producir 10.000 neumáticos por día.

Sin embargo, no todos son optimistas. Ralph Nader, director del Centro por una Legislación Responsable de Washington y legendario luchador por los derechos de los consumidores, alerta sobre las posibles consecuencias de la globalización. Como el GATT exige la eliminación de las llamadas "barreras comerciales no arancelarias", Nader cree que "las corporaciones transnacionales dispararán sus dardos contra las reglas sanitarias y de seguridad que no les gustan, con el argumento de que favorecen a las compañías locales frente a las extranjeras. En ese caso, la única opción que le queda al país donde rigen tales reglas sería la de revocarlas, pues de lo contrario debería sufrir sanciones comerciales a perpetuidad".

"Las resoluciones de la Ronda Uruguay permiten que las corporaciones pongan a un país contra el otro en una carrera para ver cual de ellos establece los mas bajos niveles salariales, las menos exigentes normas ambientales y los menores niveles de seguridad para los consumidores".

Igual que con los derechos de los trabajadores, la idea dominante es bajar los niveles de protección nacional a un común denominador internacional menos exigente. Según Nader "las resoluciones de la Ronda Uruguay permiten que las corporaciones pongan a un país contra el otro en una carrera para ver cual de ellos establece los más bajos niveles salariales, las menos exigentes normas ambientales y los menores niveles de seguridad para los consumidores".

El discurso oficial insiste en plantear que la necesidad de la reforma laboral surge por la aparición de la desocupación.

Ello nos obliga a formular algunas aclaraciones, ya que el tema se parece al juego del "gran bonete": todos hablan del desempleo pero nadie se hace cargo de él. Además, se incurre en una deliberada confusión de dos aspectos inseparables del problema, las causas y los remedios.

Lo curioso es que no hay en todo ese discurso una sola referencia a las causas de la desocupación, lo que es muy poco científico ya que no es serio ocuparse de los remedios cuando previamente no se ha definido la etiología de la patología social.

El gobierno intencionalmente elude el problema para no tener que reconocer una verdad incontestable: el actual modelo económico, cuya modificación ni siquiera se plantea, es el causante del impresionante aumento de la tasa de desocupación. Así de simple.

Lo que sucede es que el gobierno intencionalmente elude el problema para no tener que reconocer una verdad incontestable: el actual modelo económico, cuya modificación ni siquiera se plantea, es el causante del impresionante aumento de la tasa de desocupación. Así de simple.

Es cierto que el fenómeno del desempleo es mundial. Pero no es menos cierto que lo que sucede en los países industrializados poco o nada tiene que ver con lo que sucede en Argentina. En efecto, la implementación del modelo económico consolidado en nuestro país durante la década del 90 ha producido un fuerte impacto en el mercado laboral, aumentando en un 150% la tasa de desocupación y subocupación como consecuencia de:

Hay que destacar muy especialmente, que no se trata de "efectos no queridos" del modelo económico, sino las consecuencias y lógicas de las estrategias económicas adoptadas y que el actual gobierno parece decidido a mantener.

Un ejemplo de ello es lo que se pretende hacer con el llamado "período de prueba". Se trata de una figura laboral sobre la cual no existían antecedentes en nuestro país, hasta que en 1995 se sancionó la ley 24.465. En el año 1998 el proceso de "reforma laboral" llevó a la reducción de las indemnizaciones por antigüedad y omisión de preaviso (ley 25.013). Como "compensación" a los trabajadores, se les concedió la reducción del período de prueba a treinta (30) días. Ahora se pretende extenderlo a un plazo que puede llegar - si es una Pyme - hasta un (1) año. Por lo tanto, los trabajadores quedarán con sus indemnizaciones reducidas a valores irrisorios, previo paso por un período "a prueba" de inusitada extensión.

El "período a prueba" sólo puede justificarse en aquellos sistemas laborales de estabilidad absoluta, o en los que el despido del trabajador resulta muy oneroso para el empleador, pero no encuentra explicación en nuestro país, en el que las indemnizaciones han sido llevadas a montos insignificantes.

Mantener a los trabajadores durante un plazo prolongado con una inserción absolutamente precaria en la empresa, significa someterlos al autoritarismo y a la arbitrariedad patronal. Un trabajador en esas condiciones siempre estará dispuesto a resignar otros derechos para poder conservar su empleo. Porque nadie ignora que la estabilidad es la madre de todos los derechos laborales. Sin estabilidad los derechos son letra muerta.

En el terreno de la negociación colectiva, el proyecto de ley que estamos analizando propone, además de su descentralización, el fin de la llamada "ultraactividad" de los convenios colectivos. De tal forma, el gobierno empuja a los gremios a la mesa de negociaciones, pero en una coyuntura que nos permite dudar de su "neutralidad". Nos referimos al fenómeno de pérdida de peso específico del sindicalismo en la sociedad, que si bien es un proceso mundial, en nuestro país adquiere características muy especiales.

La desarticulación de la industria nacional, la transferencia de mano de obra del sector industrial - tradicionalmente mas combativo - al de los servicios, la depresión de los niveles de agremiación, la hiperdesocupación y la desmovilización social, nos hablan de un actor sindical debilitado.

En este marco proponer el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, es lo mismo que crear las condiciones para la pérdida de las conquistas laborales, obtenidas luego de años de luchas y sacrificios. La "crisis" del convenio colectivo de trabajo no está en su falta de renovación periódica, como afirman los autores del proyecto, sino en que en el nuevo marco legal, será una herramienta para la degradación de las condiciones de trabajo, la "flexibilización" de los derechos legalmente reconocidos, la precarización del empleo y la rebaja salarial.

La "crisis" del convenio colectivo de trabajo no está en su falta de renovación periódica, como afirman los autores del proyecto, sino en que en el nuevo marco legal, será una herramienta para la degradación de las condiciones de trabajo, la "flexibilización" de los derechos legalmente reconocidos, la precarización del empleo y la rebaja salarial.

Por otra parte, es sabido que no hay negociación posible si el sector sindical no cuenta con la posibilidad de recurrir a medidas de acción directa. Pero el gobierno pretende desactivar el derecho de huelga, al reflotar una ley de la dictadura militar de Ongania: la ley de arbitraje obligatorio 16.936, cuya aplicación propone para los "servicios esenciales de la comunidad", los que no define. Así deja abierta la puerta para repetir la triste experiencia del decreto 2184, del año 1990, que consideró como tales a actividades que excedían largamente a las que el Comité de Libertad Sindical de la OIT incluía en esa definición.

Repetimos, entonces, que este proyecto insiste en recorrer un camino que nuestra experiencia reciente demuestra que es errado, al menos si es que el objetivo de la ley es combatir el flagelo de la desocupación. Aunque sobre esto tenemos nuestras fundadas dudas.

Wilson Ferreira Aldunate 1229 / 201 - Tel. (598 2) 900 7473 - 902 1048 - Fax 903 0905