Estados Unidos y los

derechos laborales

Vade retro, sindicato

La economía estadounidense no cesa de crecer. Los negocios van bien, los bancos están llenos de dinero, las exportaciones aumentan, falta mano de obra para atender la tremenda oferta de trabajos, aun cuando parece que baja la Bolsa de Valores termina subiendo: todo va mejor en el mundo de Coca Cola. Aparentemente, porque los nuevos puestos de trabajo –más de diez millones– creados en los últimos diez años son tan distintos a lo que comúnmente se conoce como “empleos”, que se cometería un grave error al considerar que la mayor parte de los trabajadores estadounidenses se están beneficiando de ese crecimiento (véase SIREL del 05/06/00, “Estados Unidos: Hacia el empleo chatarra”). Pero además de la precariedad de esos nuevos empleos y de la reducción drástica de las remuneraciones, los empleadores nunca tuvieron tantas ventajas legales y posibilidades de maniobra para violar los derechos laborales como ahora.  

Según el capítulo dedicado a los derechos laborales en Estados Unidos en el Informe 2000 del prestigioso Human Rights Watch (HRW) de ese país,[1] “Vista desde un prisma amplio, la economía estadounidense parece fuerte. Cuando se observa de cerca, sin embargo, aparecen muestras alarmantes para los estadounidenses preocupados por la justicia social y los derechos humanos. Una economía y una sociedad de dos niveles están tomando forma. La inequidad de los ingresos ha alcanzado niveles históricos. La sindicalización de los trabajadores y la negociación colectiva, motores del crecimiento de la clase media y la solidaridad social en el siglo que acaba de concluir, han alcanzado proporciones históricamente bajas.”

El informe va aún más lejos, y afirma que “La libertad de asociación de los trabajadores está en peligro en Estados Unidos, con consecuencias aún imprevistas para la justicia social.”

No obstante, ese país está obligado a amparar los derechos de los trabajadores por varios convenios internacionales y por su propia legislación. Desde 1935 rige la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés) que consagra los derechos de los trabajadores a sindicalizarse, a negociar colectivamente sus intereses y a hacer huelga. Esa ley prohíbe explícitamente que los empleadores “interfieran, limiten o coaccionen” a sus funcionarios en el ejercicio de sus derechos. Pero en el terreno las cosas son bien diferentes. El HRW dice en su informe que “Sin embargo, algunas disposiciones de las leyes estadounidenses entran abiertamente en conflicto con las normas internacionales sobre libertad de asociación. La protección del derecho a sindicalizarse de millones de trabajadores, entre ellos los trabajadores agrícolas, los empleados domésticos y los supervisores de bajo nivel, está expresamente excluida de la ley. Las leyes de Estados Unidos permiten que los empleadores reemplacen permanentemente a los trabajadores que ejercen su derecho a la huelga, lo que anula dicho derecho en la práctica. Las nuevas formas de relaciones laborales han creado millones de trabajadores a tiempo parcial, temporales, subcontratados, o de otra manera ‘atípicos’ o ‘dependientes’, cuya libertad de asociación se ve frustrada por la incompatibilidad de la ley con los cambios en la economía.”

No es necesario desempañarse en alguna de esas categorías para tener derechos recortados o, simplemente, ser reprimido. “Incluso para los trabajadores protegidos por la NLRA, la realidad en la aplicación de la legislación laboral estadounidense está muy por debajo de lo previsto. Muchos trabajadores que intentan formar sindicatos son espiados, hostigados, presionados, amenazados, suspendidos, despedidos, deportados o son víctimas de represalias por su ejercicio del derecho a la libertad de asociación”, afirma el HRW, y agrega: “Una cultura de casi impunidad está tomando forma en gran parte de las leyes y las prácticas de Estados Unidos. Un empleador decidido a resistirse a la sindicalización de los trabajadores puede lograr fácilmente que los procedimientos legales se arrastren durante años, temiendo apenas a que se le obligue a colocar una nota escrita en el lugar de trabajo prometiendo no volver a repetir la conducta ilegal. Muchos empleadores han llegado a considerar el pago de salarios atrasados (n.d.r: indemnización) para los trabajadores despedidos por su actividad sindical como un costo habitual de funcionamiento, rentable si sirve para deshacerse de líderes sindicales y desbaratar los esfuerzos de sindicalización de los trabajadores.”

El informe del HRW identifica a los empresarios privados como a los principales culpables del atropello a los trabajadores, pero acusa al gobierno de Estados Unidos de incumplir con los convenios internacionales que “responsabilizan a los gobiernos de la protección de las personas o grupos vulnerables frente a prácticas sistemáticas abusivas por parte de actores particulares.”

Nadie parece estar a salvo de la alergia antisindical que padecen los empleadores estadounidenses, desde los pequeños talleres de confección hasta un gigante como Microsoft, se puede hallar a cualquier sector en el rubro de los antisindicalistas. El informe 2000 del HRW analizó numerosos casos concretos de violaciones a los derechos laborales, de los cuales los que siguen son apenas una breve pero jugosa muestra. 

Smithfield Foods es la empresa de procesamiento de carne porcina más grande del mundo. Una fábrica de Smithfield Foods en Wilson, Carolina del Norte, emplea a unos 300 trabajadores que producen jamón, salchichas, panchos[2] y otros productos porcinos. Los trabajadores de esta fábrica intentaron formar un sindicato a principios y mediados de 1999, pero perdieron la elección. Human Rights Watch entrevistó a trabajadores que expresaron en detalle las amenazas realizadas por los patrones de Smithfield, en reuniones a puerta cerrada,[3] de cierre de la planta si los trabajadores votaban a favor de la negociación colectiva.

“Al recordar las reuniones a puerta cerrada de los patrones con los trabajadores, el empleado del departamento de envíos Robert Atkinson dijo: ‘Vi unos siete videos diferentes sobre cómo el sindicato sólo cobra tu cuota, declara la huelga, entra en peleas y cosas así. Nos perjudicó realmente que la gente sólo oyera una parte. Sería mucho más justo que el sindicato pudiera venir y hablar con nosotros. La empresa tiene una gran ventaja al hacer que la gente venga a reuniones y mostrarles videos. Mucha gente no va a las reuniones del sindicato. Tienen miedo de que la empresa se entere.’ ”

Muchas leyes estadounidenses contienen artilugios groseros que, de hecho, niegan las libertades y derechos consagrados a veces en esas mismas leyes. Los empleadores y los consultores antisindicales que contratan habitualmente para oponerse a la sindicalización de los trabajadores han refinado sus métodos para "predecir", conforme a las leyes estadounidenses –a diferencia de amenazar ilegalmente – cierres de lugares de trabajo, despidos, recortes de salarios y beneficios y otras terribles consecuencias de que los trabajadores formen y se afilien a un sindicato. Por ejemplo, una "predicción" de que el lugar de trabajo se cerrará si los empleados votan a favor de la representación sindical es legal si está “cuidadosamente expresada y basada en hechos objetivos”, y no en la opinión subjetiva del empleador.

Esta malintencionada distinción legal no siempre está clara para los trabajadores o, de hecho, para nadie que busque indicaciones con sentido común de qué está permitido y qué prohibido. Lamentablemente para los derechos de los trabajadores, los tribunales federales tienden a dar un amplio margen a los empleadores en la "predicción" de consecuencias horribles si los trabajadores votan a favor de un sindicato. Quizás porque los propios jueces carecen de sindicato.

Una predicción que un tribunal consideró "cuidadosamente planteada" fue realizada por el propietario de un restaurante de Illinois donde los trabajadores estaban intentando formar un sindicato y negociar colectivamente. En un discurso –grabado subrepticiamente por un trabajador– durante una reunión a puerta cerrada, el propietario dijo: "Si se forma un sindicato la empresa se fundirá. El cáncer nos va a comer por dentro y nos vamos a quedar a mitad de camino... No estoy amenazando. Estoy exponiendo un hecho... Mi posición en este tema me la dictan sólo mi cerebro y mi cartera." La justicia laboral de primera instancia concluyó que esta declaración era ilegal, informa el HRW. Pero un tribunal federal de apelaciones revocó la decisión y concluyó que la declaración del empleador era una predicción legítima que no interfería, limitaba o coaccionaba a los empleados en el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación.

En una fábrica de partes para automóviles de Illinois donde los trabajadores empezaron a sindicalizarse, agrega el Informe 2000 del HRW, un supervisor dijo a los empleados: "Espero que estén listos para empacar y trasladarse a México." La justicia laboral concluyó otra vez que se trataba de una amenaza de cierre de la planta, pero de nuevo el tribunal de apelaciones revocó la decisión argumentando que se trataba de "una broma, no de una amenaza."  

Cerca de 30.000 trabajadores agrícolas temporales llegan a Estados Unidos cada año en el marco de un programa especial denominado H-2A, por el que reciben autorización legal para trabajar en áreas en las que los empleadores afirman que existe una carencia de trabajadores nacionales. Los trabajadores del H-2A cuentan con una situación especial entre los campesinos inmigrantes. Entran en Estados Unidos abierta y legalmente. Están cubiertos por leyes relativas a los salarios, compensaciones laborales y otras normas.

Pero los documentos válidos no son una garantía de protección de la libertad de asociación de los trabajadores del H-2A. Como trabajadores agrícolas, no están protegidos por la disposición contra la discriminación de la NLRA destinada a proteger el derecho a la sindicalización.

Los trabajadores del H-2A están ligados a los cultivadores que contratan su mano de obra. No tienen posibilidad de sindicalizarse para mejorar las condiciones ni de cambiar de empleadores. Si intentan formar o afiliarse a un sindicato, el cultivador para el que trabajan puede cancelar su contrato laboral y hacer que los deporten.

El HRW analizó un caso concreto de inmigrantes del H-2A en Carolina del Norte, donde en 1999 fueron empleados más de 10.000 de ellos. Son mayoritariamente mexicanos solteros que cosechan tabaco, batata, pepinos, chile verde, manzanas, duraznos, melones y otros varios cultivos de temporada desde abril hasta noviembre.  

“De donde venimos no hay trabajo", dijeron los trabajadores a HRW cuando se les preguntó cuál era su principal motivo para emigrar. Muchos de los trabajadores proceden de aldeas rurales en México. Algunos tenían dificultades para hablar español, ya que en su aldea natal se habla principalmente el mixteco, una lengua indígena local. En la mayoría de los casos las ganancias en dólares estadounidenses de sus empleos del H-2A son la única fuente de ingresos para sus familias y sus comunidades.

HRW afirma haber obtenido pruebas de la existencia de una campaña de intimidación contra los trabajadores del H-2A desde que entran en Estados Unidos con el objetivo de desalentarlos en el ejercicio de la libertad de asociación. “Los abogados de los Servicios Legales y los sindicalistas son el enemigo", les dicen los capataces de los cultivadores. Lo más significativo es que estos capataces hacen pasar a los trabajadores por un ritual similar a la quema de libros en el que se deshacen colectivamente de los manuales de "Conoce tus derechos" entregados por los abogados de los Servicios Legales y los sustituyen por manuales del empleado editados por los cultivadores.

En diciembre de 1997, la Oficina de Contabilidad General (GAO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que "los trabajadores del H-2A tienen pocas probabilidades de quejarse sobre violaciones de la protección de los trabajadores por temor a perder sus trabajos o a que no los contraten en el futuro." El temor a ser incluido en una lista negra es fundado, según un estudio de 1999 del Carnegie Endowment, que basó sus conclusiones en entrevistas conducidas en México con trabajadores mexicanos actuales del H-2A. El estudio del Carnegie, informa el HRW, concluía que "las listas negras del H-2A parecen generalizadas, están muy organizadas y se producen en todas las fases del proceso de reclutamiento y contratación. Los trabajadores informan que el período de inclusión en una lista negra dura ahora tres años, en comparación con la sanción de un año que se aplicaba a principios de los noventa."  

Después de constatar este inquietante panorama –que puede resultar sorprendente para muchos que miran hacia Estados Unidos como la Meca de la democracia–, el HRW elaboró las siguientes conclusiones: “Tanto la experiencia histórica como una revisión de las condiciones actuales en todo el mundo demuestran que los sindicatos fuertes, independientes y democráticos son vitales para las sociedades en las que se respetan los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden desarrollarse donde no se respetan los derechos de los trabajadores. Esto es cierto tanto para Estados Unidos como para el resto de los países.

Las violaciones a los derechos laborales en Estados Unidos son especialmente preocupantes teniendo en cuenta que el gobierno estadounidense está presionando a otros países para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores internacionalmente reconocidos, como parte de un sistema de comercio e inversiones globales, en la Organización Mundial del Comercio (OMC), por ejemplo, o en el nuevo Tratado de Libre Comercio de las Américas. La insistencia estadounidense en que se deben mantener relaciones comerciales basadas en el respeto a los derechos se ve socavada cuando en Estados Unidos se violan sistemáticamente derechos laborales fundamentales.

Sin llegar a menospreciar la gravedad de las violaciones a los derechos de los trabajadores en Estados Unidos, se ha de mantener una perspectiva equilibrada. Los trabajadores estadounidenses no se enfrentan generalmente a graves violaciones a los derechos humanos, tales como asesinatos de sindicalistas por parte de escuadrones de la muerte o la ilegalización de la negociación colectiva o la huelga. Pero la ausencia de una represión oficial sistemática no significa que los trabajadores de Estados Unidos pueden ejercer efectivamente el derecho a la libertad de asociación. Por el contrario, en Estados Unidos la libertad de asociación de los trabajadores está sometida a un acoso constante y el gobierno está incumpliendo la responsabilidad que le confieren las normas internacionales de derechos humanos de evitar dichos ataques y proteger los derechos de los trabajadores.”

Autor: Carlos Amorin

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