Mala leche en Chile

 Cuatro son las compañías ( Nestlé y Soprole ahora fusionadas, Loncoleche y Parmalat) que adquieren el 80 por ciento de la leche que se produce en el país. Obviamente, las ganancias que estas compañías obtienen provienen de varias fuentes. Una de ellas, es que su condición de oligopsonio les permite fijar el precio que les pagan a los productores y este precio -según los productores- lo establecen por debajo de los costos de producción.

Para tener una idea de las ganancias que estas cuatro empresas obtienen por ese concepto, alcanza con mencionar la decisión de la Asociación de Productores de Leche de Osorno (Aproleche) de invertir 45 millones de dólares para construir su propia planta procesadora. De tal magnitud es la explotación que las transnacionales someten a los 800 productores agrupados en Aproleche, que estos decidieron invertir la mencionada suma para mejorar sus ingresos. ¿Dónde están los beneficios de la inversión extranjera?

No pagar peajes ¡ya!

Cuando una empresa extranjera anuncia su intención de instalarse en Brasil, los distintos estados en que se divide el país dan inicio a una disputa por quien resultará beneficiado con la inversión. Pese a que la inversión, por lo general, solamente genere menos de 100 puestos de trabajo. En medio de esa disputa se realizan ofrecimientos de todo tipo: donación del terreno para construir la fábrica, exención de impuestos por un determinado tiempo, etc. Todo lo cual, como veremos, no es suficiente.

En la ciudad de Araraquara, situada a 273 kilómetros de São Paulo, funciona la empresa McLane -encargada de distribuir los productos de Philip Morris y Kraft Foods do Brasil- que ahora amenaza con el cierre y despedir a sus más de 100 trabajadores. ¿El motivo?, el costo de los peajes viales en la región.

Pasado en limpio, el problema se reduce a que una transnacional, Philip Morris (también propietaria de Kraft Foods), tercerizó la distribución de sus productos, pasando esa actividad a la McLane, pero sin dejarle un margen de ganancia que le permita que sus camiones paguen los correspondientes peajes. ¿Se imaginan ustedes a Philip Morris (que en el primer trimestre del año obtuvo un lucro líquido de US$ 2.370 millones) solicitando en EE.UU., su país de origen, que la exoneren del pago de los peajes? No puede, pues no sería serio ni patriótico ... pero en Brasil sí puede.

Soja estadounidense en el Nordeste Brasileño - El gobierno de EE.UU. acaba de aprobar la ley de subsidios agrícolas conocida como Farm Bill, estableciendo en US$ 180 mil millones la ayuda para los agricultores de ese país durante la próxima década. Pero los grandes productores de soja estadounidenses, que además poseen un precio sostén de US$ 184 por tonelada, no están satisfechos. Por ello han puesto sus ojos en Brasil. Según el periódico Folha de São Paulo, treinta grupos estadounidenses ya lo hicieron y otros 20 están analizando invertir en este país, lo que llevaría a que en los próximos años unas 500 mil hectáreas en manos de extranjeros se destinen a la producción de soja, en un país que ya dedica 15,6 millones de hectáreas a ese cultivo. Las inversiones estadounidenses (generalmente provenientes de los llamados “fondos de inversión”) son, en todos los casos, efectuadas en sociedad con brasileños. Entre otras causas, las siguientes mueven el interés de los inversores estadounidenses:

• El precio de la tierra – Una hectárea de tierra en Iowa, una de las principales regiones productoras de soja en EE.UU., cuesta US$ 6.500. Mientras en Brasil la hectárea de tierra bruta cuesta US$ 163 y con una inversión de US$ 280 queda en condiciones de producir. Un productor que quiera aumentar su área plantada en Iowa debe desembolsar el equivalente a 770 sacos de soja para adquirir una nueva hectárea. En Brasil, son suficientes 45 sacos para adquirir una hectárea de tierra. Si consideramos los US$ 280 que se requieren para colocar una hectárea en condiciones de producir, veremos que en ellos están incluidos los salarios, la compra de combustible, etc. Todo lo cual, como la tierra, se adquieren a precio de remate.

• El costo de producción – También en este rubro se encuentran grandes diferencias. Los productores estadounidenses gastan US$ 11,30 para producir un saco de soja, bastante más que los US$ 8,60 que se requieren en Brasil.

• Mejor rendimiento – Hasta hace 10 años, la producción promedio de soja en Brasil era de 34 sacos por hectárea. En la misma época, la producción estadounidense era de 39 sacos. En 2001, la producción en la región de Mato Grosso (Brasil) llegó a 51 sacos por hectárea, contra 44 en EE.UU. Aquí uno no puede menos que preguntarse, ¿dónde están las bondades de la soja transgénica?, que, como es conocido, cubre la mayoría del área sembrada con la leguminosa en EE.UU.

Las consecuencias sociales que estas inversiones provocarán en Brasil, los peligros de destinar millones de hectáreas a un monocultivo y lo que todo eso significa para la soberanía alimentaria del país, lo dejamos a juicio de los lectores. Lo que aparece claro, es que sin necesidad de flexibilizar las leyes laborales, proyecto que actualmente se está discutiendo en Brasil, estas inversiones especulativas se realizarían igual.

Las inversiones en una Argentina flexibilizada y privatizada - Argentina y la crisis que actualmente está experimentando, a la vez que dolorosa nos deja variadas enseñanzas. La década de los 90 fue la de la flexibilización laboral y de las privatizaciones, así llegaron las ansiadas inversiones. Se aseguraba por parte del gobierno de entonces que los inversores extranjeros realizarían un sustancial aporte de capitales, que el Estado no tenía condiciones de efectuar. Pero llegó la crisis de fines de 2001 y el valor de esas inversiones se puso de manifiesto, algunos ejemplos: Telecom Argentina, filial de France Telecom, se declaró en moratoria sobre su deuda externa el pasado abril, ¿el monto de la deuda?, 3.250 millones de dólares. Otras compañías que han declarado la moratoria son Aguas Argentinas, propiedad de un consorcio de empresas europeas encabezadas por Suez (Francia) y Aguas de Barcelona (España), Metrogas, Transportadora de Gas del Norte y un largo etcétera. En definitiva, el total de la deuda externa privada llega a la sideral cifra de US$ 50.000 millones, cerca de la mitad de esa deuda corresponde a empresas privatizadas durante los ‘90.

Pero el caso más paradigmático le corresponde a Azurix (perteneciente a la quebrada Enrón) que había contratado el suministro de agua potable a la provincia de Buenos Aires, el año pasado el servicio volvió al ámbito estatal.

El afán privatizador, la búsqueda de inversiones extranjeras, en cuyo nombre se flexibilizaron las leyes laborales, informalizando y abaratando el trabajo, trajeron estos resultados. Por eso el panorama que tiene el actual o futuro gobierno -sea este del signo que sea- es difícil. Pues deberá resolver como hacer para que las empresas públicas sigan funcionando eficientemente y con tarifas acordes a la realidad del país. Por otra parte, es de toda justicia exigir que las deudas deben ser asumidas por aquellos que las contrajeron sin consultar, en su momento, al Estado. ¿Cuánto duraría un gobierno que adopte una medida de este tipo? La pregunta se contesta sola si tenemos en cuenta que estas grandes compañías cuentan con el aval de sus países de origen. Privatizar el lucro y socializar las pérdidas, sigue siendo la voz de mando.

Hasta aquí una demostración más que con estas políticas y el actual modelo, no existe salida posible.

Autor: Enildo Iglesias

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