El desempleo ha alcanzado niveles sin precedentes en el mundo. Los estudios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) son contundentes: "La situación mundial del empleo se está deteriorando a pasos agigantados", afirma su director, Juan Somavia.

En su último informe, "Tendencias mundiales del empleo", publicado el pasado 24 de enero, la OIT desvela que el número de personas desempleadas en el mundo ha aumentado en 20 millones desde 2000, situándose en 180 millones en la actualidad. Socialmente, los más afectados son las mujeres y los jóvenes, y geográficamente, América Latina y el Caribe son los más perjudicados con una tasa de desempleo de un 10%. En Argentina, sólo en 2002, el desempleo aumentó un 20%. Tampoco los países más ricos han salido indemnes. EE.UU. ha pasado de un 4,8% en 2001, a un 5,6% en 2002. La Unión Europea ha sufrido numerosas oscilaciones, pero finalmente parece que el desempleo está ganando la partida situándose en un 7,6%. En Asia, los países cuyas economías dependen en gran parte de la industria de las tecnologías de la información han visto aumentar también los niveles de desempleo. En el continente africano el sida está mermando de forma desgarradora una gran parte de la población, especialmente, la franja laboralmente activa: 24 millones de trabajadores africanos morirán de sida en tan sólo 20 años. Otro aspecto que impide el desarrollo es la llamada "fuga de cerebros" que despoja al continente de sus ciudadanos más valiosos, cuyos conocimientos revierten al final en los países del Norte donde emigran.

Pero el desempleo no es el único signo de retroceso en el ámbito laboral. La precariedad y la degeneración de las condiciones de trabajo están alcanzando niveles extremos. A finales de 2002, 550 millones de trabajadores sobrevivían con menos de un dólar al día. "El número récord de desempleados en todo el mundo es preocupante, pero todavía lo es más el empeoramiento de las condiciones de trabajo en la economía informal de los países en desarrollo donde se está recrudeciendo la lucha para sobrevivir con salarios de miseria", afirma Juan Somavia. La explotación laboral, el trabajo infantil (250 millones de niños y niñas en todo el mundo) e, incluso, situaciones de semiesclavitud son realidades abrumadoras. La falta de escrúpulos de las multinacionales y la desidia de los gobiernos a la hora de legislar tienen mucho que ver en esto. Jornadas laborales interminables, condiciones de trabajo infrahumanas, amenazas, míseros salarios,... son algunas de las prácticas ejercidas por esas mismas multinacionales (o empresas subsidiarias que ellas contratan) que luego desarrollan campañas de marketing para mostrarnos lo agradecidos que tenemos que estar por el bienestar que aportan a la humanidad.

En los países ricos la realidad laboral tampoco es un paisaje alentador. Las victorias de los partidos conservadores y las sucesivas claudicaciones de los gobiernos socialistas, socialdemócratas o laboristas, han confluido en una evidente pérdida de garantías y prestaciones sociales conquistadas hace décadas. Todo ello en pos de economías 'más competitivas'. Las tendencias empresariales de los últimos años, acuñadas en un léxico tan biensonante como 'flexibilización laboral' o 'desregularización', en vez de convertirse en fuente de empleo -como sostenían sus promotores- han provocado un incremento de la precariedad laboral y, sobre todo, un detrimento en la calidad del empleo: contratos temporales, salarios más bajos, abaratamiento del despido, jornadas superiores a las 40 horas semanales y sumisión de los trabajadores. Pero si el desempleo ha aumentado y las prestaciones sociales han empeorado, ¿quién ha salido beneficiado?. Sólo hay que echar un ojo a las ganancias de algunas multinacionales en los últimos años. Como siempre, los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan. La minoría privilegiada empresarial y financiera se ha aprendido muy bien la lección y ha sabido convencer a la mayoría de que lo que es bueno para   ella también es bueno para todos.

Para la OIT el crecimiento económico es necesario para revertir los niveles de desempleo, pero no es suficiente. La organización señala imprescindible reducir las barreras arancelarias de los países ricos a los productos del Sur y potenciar políticas que garanticen la creación de empleo decente y productivo, en condiciones de libertad y dignidad. Además, es necesaria la ampliación de la cobertura social para que alcance a todos los desempleados. "Mal que les pese a los retóricos del alarmismo, la protección social es viable a la larga, incluso en las formas supuestamente onerosas que se encuentran en la mayoría de los países avanzados". Juan Somavia lo deja claro. La protección social no es un regalo del Estado, es un derecho y, además, un derecho rentable: "Es viable porque es indispensable para todos, pero también porque es productiva a largo plazo". La contundencia de la OIT contrasta con la desidia de los gobiernos a la hora de cumplir sus recomendaciones. Es propio de los gobiernos hacer oídos sordos a lo que cuentan los expertos de Naciones Unidas y de los organismos encargados de velar por el bienestar social. Ojalá cumplieran los consejos de estas organizaciones con el mismo interés con el que obedecen los preceptos de la OMC o del FMI. Sin embargo, más bien utilizan sus recomendaciones para hacer lo contrario. De hecho, en la década de los 90 casi todos los países ricos redujeron la protección dispensada por sus sistemas de prestaciones de desempleo. Además, se han endurecido los criterios de elegibilidad y se ha recortado la cantidad y la duración de la prestación. Por si fuera poco, se está sometiendo al desempleado a un proceso de criminalización. Hay peligrosas ideas que calan en la opinión pública: "el que vive en la calle es porque quiere", "la mujer que es maltratada algo habrá hecho", "los inmigrantes son delincuentes". Ahora se añade que "el desempleado es un vago o un incompetente, y una rémora para el Estado". La tendencia a criminalizar a las víctimas se está convirtiendo en un tópico.

En España, a pesar de que una huelga general logró frenar la reforma del desempleo impulsada por el gobierno de Aznar -conocida como "El Decretazo"-, se ha pretendido presentar al desempleado como un ciudadano que defrauda al Estado o que se aprovecha de las prestaciones sociales. Aunque el desempleo es el primer problema del país según los propios españoles, el gobierno sigue con su campaña de combatir a los desempleados en vez de combatir al desempleo, igual que hay quienes luchan contra los pobres, alegando que combaten la pobreza. El nivel de exigencia del Estado al desempleado es cada vez mayor, mientras que las prestaciones que éstos reciben de lo público son cada vez peores. La relación es desproporcionada. Los estudios de la OIT muestran con transparencia el deterioro del empleo en el mundo. Los datos y las evidencias han dejado a los dogmas neoliberales al desnudo. Y ahora, aquéllos que los defendieron hasta el extremo, no saben cómo taparse sus vergüenzas. Aún así, los voceros del sistema siguen justificando lo injustificable y lavándose las manos sobre sus propios fracasos. La culpa siempre la tienen los otros. Mientras tanto, continúa la reivindicación de los derechos laborales en una fase histórica      que tiene mucho de 'resistencia' pues ni siquiera se lucha por aumentar derechos y prestaciones, sino simplemente por no perder las garantías adquiridas hace décadas. Exigir el cumplimiento de los derechos laborales es una obligación de todos los trabajadores: cuando alguien claudica, perdemos todos.

Marta Caravantes
Convenio

Rel-UITA - Agencia de Información Solidaria (AIS)

España, febrero del 2003.