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Uruguay
Proclama
Este 31 de Octubre del 2003, 280.000 uruguayos invitamos al resto de nuestros conciudadanos a unirse en una lucha por la defensa de una gestión sustentable del agua.
Nuestra propuesta es una gestión pública del agua, a través de una Reforma Constitucional que se votará junto con las elecciones nacionales del 2004.
Esta Reforma Constitucional es impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
La comisión la formamos una amplia red de organizaciones sociales y políticas, unidas por la visión de que de seguir por los actuales caminos dejaremos las futuras generaciones sin un recurso básico para enfrentar los desafíos de construir una sociedad, donde todos los seres humanos tengan garantizados los derechos a una vida digna.
A los pueblos del mundo les ha tocado en las últimas décadas enfrentarse a las gigantescas fuerzas del comercio mundial y de las trasnacionales que priorizan más sus beneficios que la calidad de vida de los seres humanos.
Se llama hoy al pueblo uruguayo a sumarse en esa titánica lucha que enfrenta a los modernos Goliats con los débiles pueblos que quieren defender su existencia y su viabilidad sobre la tierra, para garantizarle a nuestros hijos y nietos un país que mantenga todavía el color verde de la esperanza.
La sociedad uruguaya ha enfrentado duramente la imposición de este nuevo orden mundial, imperialista.
Así, en 1992, el pueblo uruguayo dijo NO a la venta de sus empresas públicas en un pronunciamiento democrático que contó con más de 70 por ciento de la ciudadanía.
Desde entonces los grupos de poder económico sistemáticamente han intentado violar el mandato popular, atentando contra la democracia y el bienestar de la población.
Mientras tanto el pueblo uruguayo continúa movilizado, para defender la soberanía y la democracia, luchando por ANCAP, por AFE, por ANTEL, por el AGUA... para detener todo intento de privatización.
Son conocidos los intentos privatizadores del actual y de los anteriores gobiernos y son también conocidos los desastres que se han realizado en la concesión de los servicios de agua potable y de saneamiento.
Los vecinos de Maldonado son los mejores testigos de lo injusto e ineficiente que ha sido la gestión del agua en ese departamento por las empresas Uragua y Aguas de la Costa, vinculadas a grandes trasnacionales que pretenden apoderarse de un recurso necesario para la vida.
La experiencia privatizadora de Maldonado en términos de costos de tarifas, contaminación e incumplimiento empresarial, avalan que los servicios deben ser prestados en forma exclusiva y directa por personas jurídicas estatales con una visión que priorice lo social.
Somos firmes impulsores de mejorar la eficiencia de Obras Sanitarias del Estado (OSE). Pero para empezar a caminar en tal sentido, hay que acabar con prácticas como el clientelismo y la falta de transparencia.
El clientelismo, cuando se designa como directores a quienes no les alcanzaron los votos para ocupar una banca legislativa, o cuando se asciende por criterios ajenos al desempeño de la función pública.
La falta de transparencia, cuándo funcionarios de jerarquía de OSE preparan la adjudicación de los servicios a una empresa privada, y luego terminan trabajado para ella.
Los países ricos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), solicitan a los países del Tercer Mundo que liberalicen el mercado del agua, incluso cuando cuentan con sistemas alternativos eficientes, permitiendo el ingreso a los capitales extranjeros.
El agua debe ser excluida de los capítulos sobre “bienes y servicios” e “inversiones” de todos los acuerdos comerciales internacionales, regionales o bilaterales como se pretende en las disposiciones del ALCA o de la OMC.
Los países que promueven dichas inversiones, lejos de incentivar el desarrollo y la creación de fuentes de trabajo, han dejando a nuestros pueblos con marginación, pobreza y los más altos índices de desocupación, exportando la contaminación de sus países de origen e importado agua de manera encubierta.
La Reforma Constitucional propone:
Es hora de enfrentar el capitalismo con los argumentos de la razón y de la sustentabilidad.
Es hora de luchar por una sociedad en que la gestión de los recursos se haga con el norte de la construcción solidaria hacia las generaciones futuras y partiendo del ejercicio de esa solidaridad en el presente.
Nada de lo vinculado al recurso hídrico nos es ajeno. Todas las actividades que habrán de impulsar al país productivo, están vinculadas, de una u otra manera, con el agua; el agro, la pesca, el turismo... la vida.
Como planteó alguna vez el educador popular uruguayo José Luis Rebellato “El gran desafió de hoy, es la construcción de la esperanza, no como alternativa abstracta, si no como alternativa, donde los sectores populares, sean real y efectivamente protagonistas.”
Los procesos de degradación de los recursos naturales no son inexorables, por ello todos debemos “ser educadores de la esperanza, de una esperanza que cree en las posibilidades humanas de cambiar el curso de la historia”.
La escasez de agua en el mundo es un problema actual, el agua del mundo no tiene fronteras y no debe tener dueños.
Las cuencas, subcuencas y microcuencas no tienen fronteras. Deben constituir la base para ese cambio sustancial y profundo que impulsamos.
Con el fin de lograrlo debemos crear una carta del AGUA del MERCOSUR y los organismos necesarios para asegurar una descentralización con la más amplia participación ciudadana.
Reclamamos la participación en la gestión y planificación de las políticas nacionales y regionales de nuestras aguas subterráneas, reconociendo ser poseedores de importantes reservas de agua subterráneas como el acuífero Guaraní o el acuífero Raigón.
En esta lucha tenemos como objetivo la defensa y preservación del patrimonio de los pueblos en su más amplia acepción, que garantice el buen funcionamiento y gestión de las empresas públicas.
Una gestión racional del agua, la tierra y el ambiente que logre que los uruguayos puedan ser más libres, más iguales y más felices en su país sin necesidad de emigrar a tierras extrañas.
Declaramos como Patrimonio Nacional, sus recursos naturales, el agua, el suelo, su diversidad biológica, sus empresas publicas, su cultura, y sus derechos constitucionales.
La violación a este patrimonio implica la dependencia social y económica, la pérdida de los derechos ciudadanos, la inoperancia gubernamental, y la pérdida de la soberanía nacional.
La participación ciudadana garantiza la protección del patrimonio nacional y reafirma la democracia.
Hoy, a un año del lanzamiento de la Recolección de Firmas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 331 literal “A” de la Constitución de la República, se entregan a la Asamblea General del Poder Legislativo las 280.000 firmas para que en las próximas elecciones nacionales, el pueblo decida democráticamente, sobre el futuro de los recursos hídricos del Uruguay.
Saludamos a todos aquellos que han participado en esta campaña de recolección de firmas, y los convocamos a trabajar en esta nueva etapa de difusión de los alcances de la Reforma Constitucional para asegurar su aprobación en Octubre del 2004.
Saludamos al pueblo boliviano, en defensa de sus recursos naturales que es nuestra lucha y a todos los pueblos del mundo en defensa de su soberanía.
Los convocamos a todos a seguir luchando, por la autodeterminación de los pueblos, por la defensa de nuestros recursos naturales, por la defensa de nuestras empresas públicas, por la defensa de la democracia, por el agua y por la vida.
31 de octubre de 2003
Nota: La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida está integrada por:
Siglas: ANCAP - Administración Nacional de Cemento, Alcoholes y Portland AFE - Administración de Ferrocarriles del Estado ANTEL - Administración Nacional de Telecomunicaciones
UITA - Secretaría Regional Latinoamericana - Montevideo - Uruguay Wilson Ferreira Aldunate 1229 / 201 - Tel. (598 2) 900 7473 - 902 1048 - Fax 903 0905 |
