Uruguay
Trabajadores estatales de la salud logran aumento salarial
La lucha de
los trabajadores resquebraja política salarial del gobierno |
Tras 56 días de conflicto y
un mes de huelga con varios hospitales ocupados, los médicos y los funcionarios
no médicos del sector estatal de la salud derribaron el “no” a los aumentos de
los sueldos públicos que el gobierno fijó al inicio de su mandato y que parecía
inmutable, en el marco de una férrea política presupuestal de gasto cero y de
congelamiento y rebaja salarial por la vía de sucesivos ajustes del impuesto a
las remuneraciones personales (IRP).
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FIN DE
LA TREGUA y ACUERDO
Al
término de la tregua acordada a principios de setiembre las partes
llegaron a un preacuerdo -el miércoles 10- que fue refrendado el
viernes 12, por el Plenario Nacional de Delegados de la Federación
de Funcionarios de Salud Pública (FFSP). La asamblea del sector
médico afiliado al Sindicato Médico del Uruguay (SMU), por su parte,
aprobó la fórmula el mismo día y facultó a su Comité Ejecutivo a
levantar el paro en forma conjunta con los funcionarios y a firmar
el acuerdo, el cual implica un aumento que regirá a partir del 1 de
octubre y que ronda el 30 por ciento -además del 2 por ciento que
recibirán este mes todos los funcionarios de la Administración
Central (ministerios)- para la mayoría de los médicos y de los
trabajadores no técnicos involucrados, de un total de 16 mil
empleados.
No
obstante, en los hechos el aumento parece bastante magro. El estado
dispondrá de 183 millones de pesos anuales (unos 6,5 millones de
dólares) para atender la erogación, los cuales se obtendrán mediante
el cambio de destino de algunas partidas, de créditos no ejecutados
y de otras economías presupuéstales. Los médicos que perciben menos
de 4.500 pesos mensuales (unos 160 dólares) tendrán un aumento de
1.400 pesos líquidos (50 dólares), mientras que los incrementos a
los funcionarios se harán por franjas hasta un tope de 5.400 pesos.
En este caso los aumentos oscilan entre los 400 pesos (14 dólares) y
los 930 pesos (33 dólares). Los incrementos benefician a unos 2.000
médicos de un total de 3.700 y a casi 10.000 funcionarios de un
total de 12.000, en números redondos.
DOS
TERCIOS DE LA POBLACIÓN ES POBRE
La
baja remuneración de médicos y funcionarios fue la principal
motivación del conflicto: la mitad del personal médico y la mayoría
de los funcionarios percibe menos de 3.000 pesos mensuales, unos 100
dólares, equivalentes a 2,5 salarios mínimos nacionales (actualmente
en 1.194 pesos, 42 dólares) y a un octavo de la canasta familiar. El
salario mínimo es apenas ligeramente superior al monto de la canasta
básica (33 dólares) la cual sólo considera el costo de la cantidad
de alimentos necesarios para que una persona pueda subsistir durante
30 días. No incluye, por tanto, los gastos de transporte,
vestimenta, vivienda, salud, educación, agua corriente, energía
eléctrica, gas, teléfono, esparcimiento y otros.
A
esta situación de sumergimiento salarial se añade, además de las
pésimas condiciones de trabajo, en hospitales donde hay escasez de
medicamentos y otros insumos, y donde los déficit presupuestales de
los últimos años generaron un notorio deterioro del material médico
indispensable, el aumento explosivo de la cantidad de pacientes a
atender que creció casi 50 por ciento en tres años, sin que
aumentara el personal ni el presupuesto destinado a la salud
pública.
La
crisis del sistema privado de salud, los constantes cierres de
mutualistas ocurridos en los últimos años, así como el proceso de
empobrecimiento general en el cual han sido factores determinantes
el aumento de la desocupación -actualmente en el entorno del 20 por
ciento- y la caída del salario real -cerca del 30 por ciento desde
que asumió el actual gobierno en el año 2000- empujaron a
aproximadamente un sexto de la población (600 mil personas) a dejar
de atenderse en la salud privada -paga- y solicitar la asistencia
gratuita en salud pública,
que pasó de atender 1.200.000
pacientes en el año 2000 a los casi 1.800.000 actuales. Aún en estas
condiciones hay alrededor de 300.000 uruguayos (8 por ciento de la
población) que no tienen ningún tipo de cobertura sanitaria.
APOYO
POPULAR
Si
los funcionarios de la salud pública se hubieran conformado con el
mísero 2 por ciento que el gobierno otorgó a todos los funcionarios
públicos a partir del 1 de setiembre, sus sueldos se hubieran
incrementado, en promedio, 70 pesos (2,5 dólares). Cuando se
iniciaron las negociaciones, a mediados de agosto, el gobierno
ofreció a los sindicalistas un aumento de 400 pesos (14 dólares) que
estos rechazaron. En sucesivas negociaciones la cifra se elevó a 500
pesos, luego a 900 y finalmente a 1.158 pesos. Funcionarios y
médicos reclamaron inicialmente un aumento de 2.000 pesos (70
dólares) que para muchos representaba un índice de incremento
superior al 60 por ciento, pero que en los hechos apenas alcanza
para paliar las necesidades de subsistencia más apremiantes. Esta,
entre otras, fue una de las poderosas razones que hizo que el
conflicto concitara gran apoyo popular, además del respaldo masivo
que la huelga tuvo entre los propios funcionarios, tanto como el
importante nivel de solidaridad expresado por el resto de los
gremios afiliados a la central sindical,
PIT-CNT.
La
masividad de la protesta y el reconocimiento unánime de la justicia
del reclamo empujaron al gobierno a negociar con los sindicatos, más
allá de sus intentos por sofocar el conflicto mediante la amenaza de
decretar la esencialidad de los servicios y la utilización de
fuerzas policiales especiales para desalojar algunos de los
hospitales que fueron ocupados y que funcionaron bajo el control
administrativo del personal sindicalizado, en algún caso hasta 32
días, como el Hospital Vilardebó. Más de una docena de nosocomios y
centros de salud fueron ocupados y al momento del cierre de esta
edición permanecían en esa situación seis de ellos: Vilardebó,
Pasteur, Pereyra Rossell, Centro Ciudad de la Costa, Santín Carlos
Rossi y Saint Bois.
El
13 de agosto, dos días después de que los médicos se sumaran a la
lucha, se creó el
Movimiento en Defensa de la Salud de los Uruguayos,
integrado por representantes del PIT-CNT, la Federación Unificadora
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM)
y las organizaciones de estudiantes universitarios (FEUU)
y de jubilados y pensionistas (ONAJPU),
entre otras.
NEGOCIACIÓN y REPRESIÓN
A
principios de setiembre el gobierno presionó a los huelguistas con
el no pago del sueldo de agosto, la aplicación del decreto de
esencialidad y el uso de la fuerza policial para desalojar los
centros ocupados. Hizo circular una nota entre los funcionarios en
la cual estos declaraban su disconformidad con las medidas
gremiales. El gobierno anunció que sólo pagaría los sueldos a
quienes firmaran la nota. Menos de 700 funcionarios lo hicieron, en
16 mil, lo que da una idea clara del gran respaldo con que contaban
las medidas de lucha.
En
cuanto al decreto de servicios esenciales, que fue firmado por el
Poder Ejecutivo el 18 de agosto y cuya aplicación quedó en suspenso
para habilitar las negociaciones, se puso en marcha finalmente el 2
de setiembre. El decreto obligaba a los huelguistas a presentarse a
su lugar de trabajo y, en el caso de los hospitales ocupados, a
entregar el control administrativo del centro a sus legítimas
autoridades. La medida tampoco inmutó a los trabajadores dado que,
por las características de su empleo, la huelga se lleva a cabo sin
detención de tareas, es decir, los funcionarios de la salud realizan
el paro sin abandonar su lugar de trabajo y sin dejar de prestar
asistencia, por lo que el llamado a través de la prensa para que se
presentasen a trabajar, so pena de severas sanciones que podían
llegar hasta la destitución, se convirtió en una amenaza ridícula y
no logró el efecto disuasivo que pretendía el gobierno.
Algunos especialistas en derecho -como el doctor Helios Sarthou-
entienden que el decreto de servicios esenciales es
anticonstitucional e ilícito pues lesiona el derecho de huelga
consagrado en la Carta Magna y protegido por las leyes vigentes y
por diversos convenios internacionales que tienen primacía
jerárquica sobre los decretos que emite el Poder Ejecutivo.
El
conflicto se había iniciado el 16 de julio en las policlínicas
zonales periféricas, donde se concentra en forma mayoritaria la
atención a las personas de menores recursos. Los funcionarios de
esos centros reclamaban, además de aumento salarial, mayor cantidad
de medicamentos y de personal, ya que el nivel de usuarios creció en
forma desmesurada en los últimos tres años debido al aumento de
pacientes que provienen de las mutualistas privadas y de quienes
antes se atendían en los hospitales públicos centrales pero que
ahora ya no pueden costear el transporte hacia esos nosocomios y
acuden al centro asistencial de su barrio.
Casi
un mes después, el 11 de agosto, los médicos resolvieron plegarse a
la lucha y decretaron un paro por 96 horas que posteriormente se
transformaría en huelga por tiempo indeterminado.
A
fines de agosto los trabajadores habían tomado media docena de
nosocomios. Ante el estancamiento de las negociaciones, entre el 29
de agosto y el 2 de setiembre nuevos centros son ocupados:
Maldonado, Salto, Chuy, Artigas, Las Piedras, Piñeyro del Campo,
Traumatología. Estos dos últimos son desalojados por destacamentos
especiales del Cuerpo de Granaderos a pocas horas de ser ocupados.
Fuerzas policiales rodean el Instituto de Oncología y el ex hospital
Filtro para evitar que sean ocupados. También son desalojados los
hospitales de Maldonado, Salto y Chuy. Mientras tanto, los
trabajadores anuncian nuevas ocupaciones en todo el país, en
aquellos centros donde sus trabajadores ya aprobaron la medida:
Rivera, Colonia, Juan Lacaze, Paysandú, entre otros, y se aprestan a
reocupar los centros desalojados.
Sin
embargo, el 3 de setiembre se pacta una nueva tregua; las fuerzas
policiales se retiran de los centros asistenciales y los sindicatos
se comprometen a no realizar nuevas ocupaciones mientras se negocie.
EL
CONFLICTO AMENAZA EXTENDERSE
El 4
de setiembre se produce la llamada “Marcha de las Túnicas Blancas”,
una manifestación de médicos, enfermeras y demás personal de la
salud pública y de la privada, a la que adhieren numerosos
trabajadores de otros gremios. Miles de personas marchan sobre la
avenida 18 de Julio, desde el Obelisco a los Constituyentes hasta el
Ministerio de Economía, previo pasaje por el Ministerio de Salud
Pública, en un trayecto que insume alrededor de tres quilómetros por
el centro de la capital del país.
El
lunes 8 comienza el fin de la tregua y el gobierno presenta una
fórmula que incluye el aumento de la carga horaria a cambio de los
aumentos salariales ofrecidos. Los sindicatos pretenden elevar el
tope -fijado por el gobierno para los salarios que serían alcanzados
por el aumento- de 4.500 pesos a 5.400 pesos y rechazan con firmeza
la pretensión de que se trabaje más tiempo (actualmente 24 horas
semanales los médicos y 36 horas los funcionarios no médicos).
La
exigencia de mayor horario de trabajo se constituye en una nueva
traba para resolver el conflicto y en varias asambleas hospitalarias
se aprueba la profundización de las medidas, entre ellas más
ocupaciones y el abandono total de los puestos de trabajo en caso de
desalojo. Paralelamente, los gremios de la salud privada (FUS), que
ya habían realizado un paro de 37 horas entre el 2 y el 3 de
setiembre, comienzan a considerar la adopción de medidas solidarias.
Por su parte, dirigentes de la Confederación de Organizaciones de
Funcionarios del Estado (COFE),
que nuclea a los trabajadores de la Administración Central, anuncian
su disposición a sumarse a la huelga por tiempo indeterminado. El
riesgo de que el conflicto se extienda a otras áreas del Estado se
hace cada vez más evidente a medida que pasa el tiempo y no se forja
una solución.
Finalmente, tras la intervención de dirigentes de la central
sindical en una negociación directa con el secretario de la
presidencia, Raúl Lago, se sustituye la exigencia de la carga
horaria por una contraprestación que se aplicará al nuevo modelo
asistencial y que será definida por la Comisión de Cambio de Modelo
Asistencial, de integración bipartita. La fórmula preacordada debe
ser refrendada por las asambleas de los gremios.
UN
FINAL QUE PUEDE SER PRINCIPIO
El
conflicto en la salud pública deja en evidencia varias cosas: en
primer lugar que es posible, mediante la lucha sindical, obtener
mejoras salariales y de otro tipo (en este caso se acordó la
regularización de cientos de médicos que hace años actúan como
suplentes, el establecimiento del Día del Funcionario de la Salud y
el pago mensual de la productividad mediante el mecanismo del
adelanto a cuenta, entre otras reivindicaciones) y en segundo lugar:
que es mentira que “no hay dinero”, como hasta el hartazgo señala el
gobierno. El problema no es la falta de dinero sino cómo se
distribuye el que hay. El problema, en realidad, es la falta de
voluntad para reasignar los recursos del Estado. Eso explica por qué
el gobierno destinó, sin ningún prurito, casi 500 millones de
dólares para sostener a los bancos fundidos pero mantuvo durante
casi dos meses un conflicto cuya resolución le representaba 7,5
millones de dólares anuales, cifra necesaria para conceder el
aumento de 2000 pesos que se reclamaba.
Después de mucho batallar el gobierno accedió a disponer 6,5
millones de dólares para atender aumentos diferenciales que no
superan los 930 pesos, en el caso de los funcionarios, y los 1.400
pesos para los médicos.
El
aumento salarial obtenido por los trabajadores de la salud es
importante por lo que significa en tanto quiebra una política
salarial de crecimiento cero y demuestra que luchar paga, pero es
paupérrimo si se compara con la asistencia financiera a la banca
privada en situación de quiebra: entre el 24 de abril y el 16 de
julio de 2002 la Corporación Nacional para el Desarrollo depositó en
el Banco Comercial 242,3 millones de dólares; 228,5 millones en el
Banco de Montevideo y 18 millones en el Banco de Crédito. Un total
de 488,8 millones de dólares, de los cuales 281,3 millones se
perdieron en el maremagnum del “corralito” local y de cuya
desaparición no parece haber responsables oficiales.
Washington Fernández
©
Rel-UITA
15
de setiembre de 2003 |