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El Telégrafo digital

PIDIÓ FIRME INTERVENCIÓN DEL PODER EJECUTIVO

 

“En el mercado cervecero de Uruguay hay monopolio de hecho”, dijo Larrañaga

 

El senador Jorge Larrañaga sostuvo que el grupo AmBev ha violado la normativa vigente en materia de libertad de competencia, reclamó una intervención firme del Poder Ejecutivo para impedir el desmantelamiento de la planta cervecera de Paysandú y dijo que también se debería investigar si no hay de por medio una maniobra jurídica para evadir impuestos.

Al hacer uso de la palabra en la sesión que cumplió en la víspera el Senado, Larrañaga recordó que la multinacional tiene “prácticamente asegurado el monopolio del mercado nacional de la cerveza en un orden del 99%, de la misma manera que, por ejemplo en la Argentina, es propietaria del 68% de su mercado cervecero, en Paraguay del 84%, en Bolivia del 98%, en Chile ya ha tenido penetración y está incursionando en Venezuela y en Perú”.

Manifestó también que “en nuestro país la libertad de competencia entendida como libertad de acceso al mercado y de actuar en el mismo tiene una base constitución y legal reglamentaria: las leyes 17.243 y 17.296”, las cuales fueron aprobadas por el Parlamento “para frenar las situaciones de monopolio, regulan y tutelan la defensa de la competencia y someten a sus disposiciones a todas las empresas que efectúan actividades económicas”.

Señaló que la defensa de la competencia tiene por objeto, entre otros, la regulación de las actividades comerciales de los empresarios, y que tiende a prevenir o superar las prácticas monopólicas.

Citando estudios de la Federación del Transporte de la Bebida, el legislador dijo que en primera instancia es posible concluir que “se ha producido o se podría producir una situación de características monopólicas”.

“Este trabajo indica que lo que estaría prohibido en la legislación uruguaya es aquella conducta, aquella práctica concreta, consciente y voluntariamente dirigida a impedir, restringir o distorsionar la competencia, y ello debe razonablemente investigarse y necesariamente probarse. Es lo que está haciendo la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas”, agregó.

A su juicio la situación de AmBev “permite concluir que en el mercado cervecero del Uruguay hay violación de las normas legales y reglamentarias, porque hay un monopolio de hecho que se ha ido generando a través de distintos procesos de adquisición de las diferentes marcas”, lo que ha determinado una situación que a su juicio amerita la intervención del Poder Ejecutivo.

“Hay un hecho presuntamente ilícito que debería ser investigado y que ha sido determinado, además, por la circunstancia de que el 28 de enero de este año, la firma CYMPAY vendiera a una sociedad anónima todo lo que tiene que ver con la enajenación de ese establecimiento, dedicado específicamente a la producción y comercialización de cerveza, es decir, la parte de cervecería que ahora el grupo económico AmBev pretende cerrar”.

“Creemos que hay una clara violación de la norma jurídica del país”, afirmó y agregó que “se está llevando adelante una maniobra jurídica tendiente a evitar, quizá, el pago de impuestos en el Uruguay, cosa que habría que investigar”.

INTERVENCIÓN, EXPROPIACIÓN O LEY

 

En cuanto a las posibles soluciones a esta situación precisó que “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, debe intervenir en la materia evitando el cierre de esta empresa al amparo de la normativa jurídica que indica, claramente, que se ha violado la ley de defensa de la competencia” y que otro camino podría ser “que se efectuara un procedimiento de expropiación al amparo del artículo 32 de la Constitución”. “Inclusive, se puede determinar el precio de la expropiación consagrada en un documento reciente mediante la enajenación a una sociedad anónima de esta empresa. Además, pensamos que hay que impulsar una ley interpretativa y declarativa con retroactividad a la Ley Nº 17.243, para preservar la defensa de la producción y el trabajo nacionales”.

 

MEDIDAS COMPENSATORIAS NO SIRVEN

 

El senador sanducero sostuvo que las medidas compensatorias propuestas “no sirven al departamento de Paysandú” sino que “hay una situación de monopolio que el Poder Ejecutivo debe corregir”.

“Creemos que el Poder Ejecutivo debe llevar adelante una acción firme tendiente a evitar que este grupo económico pretenda hacer, al amparo de una situación dominante, lo que quiera con el mercado cervecero nacional”, puntualizó.

Diario:

El Telégrafo

9 de abril de 2003

 

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