Hace años, siendo candidato a la presidencia de su país, de visita en Estados Unidos Lula fue abordado por un periodista que le preguntó si era marxista leninista y su respuesta fue: “¡no!, soy mecánico tornero”. Todos festejamos su flexibilidad de cintura, tan característica de los brasileños, más si han sido dirigentes sindicales durante largos años, como Lula lo fue. Pero ahora que es Presidente, con un respaldo de votos sin precedentes en la historia del país, los juegos de cintura están de más, especialmente si se utilizan para eludir principios y promesas electorales. Lamentablemente, esto es lo que sucedió con Lula y el tema de los transgénicos. Veamos los hechos:

En 1997, la Rel-UITA, junto a numerosas organizaciones sindicales y sociales, inició en Río Grande do Sul una campaña contra los transgénicos. En 1999, el entonces gobernador Olivio Dutra -en esa época también vicepresidente del PT y hoy ministro del gobierno de Lula- declaró a Rio Grande do Sul (RS) “libre de transgénicos”. Entre otras cosas, esa medida fue decisiva para que su capital, Porto Alegre, fuera escogida como sede del Foro Social Mundial. Y el Foro, desde su primera reunión, manifestó su oposición y condena a los transgénicos. Tiempo después, una resolución judicial estableció la prohibición de plantar transgénicos en todo el territorio brasileño. Entre 1999 y 2002, toneladas de soja transgénica fueron detectadas por la Policía Federal, se incineraron y en todos los casos el juicio a los culpables quedó en suspenso, pero la soja transgénica se siguió plantando, especialmente en RS.

Se sucedieron las cosechas y el porcentaje de soja transgénica cultivada en RS aumentó considerablemente. Las semillas, de la variedad Roundup Ready de Monsanto, ingresaban de contrabando en grandes cantidades desde Argentina y las autoridades cerraban los ojos frente a este delito. Tampoco Monsanto advirtió a las autoridades brasileñas que la venta de sus semillas en Argentina superaba largamente la demanda normal, por lo que era de presumir que parte de las mismas ingresaba de contrabando a Brasil. Es más, la compañía comenzó a vender en Brasil el Roundup -herbicida que no afecta a su soja transgénica- a uno de los precios más bajos con los que comercializa ese producto en el mundo. Tan segura se sentía de su poder, que en 2001 inauguró, luego de una inversión de 550 millones de dólares, una fábrica de Roundup en el estado de Bahia. Monsanto ya fabricaba el herbicida en el interior de São Paulo, pero debía importar algunas materias primas con un desembolso de 150 millones anuales, las que ahora son producidas en Bahia.

En la cosecha 2002/2003 las cosas se precipitaron. El gobierno de Lula se encontró ante un hecho consumado, consecuencia de la falta de iniciativa en la materia por parte de los gobiernos anteriores (estadual y nacional). Si confiscaba la soja ilegal -que solamente en Rio Grande do Sul supera el 75% de la zafra- una grave crisis afectaría a los productores/delincuentes. Por lo tanto decidió, el 27 de marzo, autorizar la comercialización interna y externa de la soja transgénica producida en la última zafra hasta enero de 2004. Con esta medida el gobierno rompió con el principio de cautela, pasando a reconocer implícitamente que los transgénicos son seguros. Por su parte Monsanto no perdió tiempo y anunció que iniciaría acciones legales para el cobro de los royalties (16 dólares por tonelada) correspondientes a la utilización de su semilla patentada. Lo cual generó un nuevo problema: ¿quiénes pagarían el royalty si debido al sistema de acopio es imposible identificar la soja transgénica?

Según una investigación realizada por el IBOPE en diciembre 2002, 71% de la población brasileña prefiere no consumir transgénicos y 65% considera que este tipo de productos debería ser prohibido. En consecuencia, la medida está siendo criticada por un alto porcentaje de la población. Por otra parte, el errático manejo del tema sacó a luz otras contradicciones: El MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) consideró que Monsanto era la responsable directa de la situación, al suministrar gratuita y clandestinamente su semilla a los productores. No obstante, el diputado estadual del PT, Frei Jorge Görgen (representante del MST en la Asamblea Legislativa de RS) reconoció que en muchos asentamientos del MST se planta y vende soja transgénica.

Y así llegamos al pasado 25 de setiembre y a un desenlace que todo indica no será el final. José Alencar, presidente en ejercicio, pues Lula se encontraba fuera del país, firmó una medida provisoria liberando el cultivo de soja transgénica para la próxima zafra (2003/2004). Antes de viajar, Lula le había indicado al jefe de ministros José Dirceu, que llevara al presidente en ejercicio la medida provisoria para su firma. Alencar se sintió molesto por esta orden que le llegaba como “peludo de regalo” y Lula necesitó más de una hora de conversación telefónica desde Cuba para convencerlo.

Estos hechos, relatados sucintamente, nos merecen las siguientes interrogantes y reflexiones:

Coincidimos con la mayoría de las medidas del gobierno de Lula, especialmente en lo que tiene que ver con su política internacional. También comprendemos los problemas y las presiones que debe enfrentar. Pero, ¿por qué no aclaró personalmente los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión? ¿Por qué prefirió eludir el tema transfiriéndoselo al presidente en ejercicio? Esto no puede justificarse en la urgencia, pues la siembra de la actual zafra comenzará en las primeras semanas del presente mes.

Con su actitud, Lula dejó mal parados a algunos prestigiosos y leales miembros de su gabinete. Ese es el caso de Marina Silva, ministra de Medio Ambiente. Marina, junto al mártir de los seringueiros Chico Mendes, fundó en 1984 la CUT de Acre, su estado natal y en 1994 fue electa senadora por el PT, convirtiéndose en la senadora más joven en la historia de Brasil. La posición de Marina sobre los transgénicos es clara: “Sólo quiero tener seguridad. No se trata de un preconcepto político, ideológico o fundamentalista. Lo que puedo decir es que todavía no tengo esa seguridad”. Y sabe de lo que habla, pues acaba de superar una dolencia neurológica causada por la contaminación de metales pesados. Por eso lloró cuando Alencar firmó la medida provisoria y se negó a estampar su firma al pie de la misma. La mayoría de los analistas políticos coinciden en que se trató de una victoria del ministro de agricultura, Roberto Rodrigues -vinculado desde siempre al agro business y no integrante del PT- sobre lo que defiende Marina junto a otros ministros (por ejemplo el de cultura, Gilberto Gil) y varios parlamentarios del propio PT. Veremos que pasa.

Ahora, el compromiso del gobierno es que presentará un proyecto de ley al Congreso para reglamentar, según Rodrigues, “la cuestión de la biotecnología para siempre en el Brasil”. Pasando por alto el exceso de una ley para siempre, Rodrigues y el gobierno de Lula deberían formularse algunas preguntas y tomar en cuenta aspectos fundamentales. Solamente me referiré a dos: 

1- ¿Por qué son necesarios lo transgénicos? Los agricultores que están sembrando soja en los estados de Santa Catarina y Paraná, que igual que RS son fronterizos con Argentina, provienen en su enorme mayoría de RS. Sin embargo el plantío de soja transgénica en esos dos estados es prácticamente inexistente. Y según un reciente estudio del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Paraná lidera el ranking de productividad con 3.026 kilos de soja cosechados por hectárea, mientras la productividad en RS -donde la mayoría del cultivo es transgénico- es de 2.667 kilos, 13,5% menos.

2- La soberanía alimentaria y el programa “Fome Zero”. En la futura ley, que esperamos resuelva la contradicción transgénicos si - transgénicos no, está en juego nada más y nada menos que la soberanía alimentaria (que merece un análisis más extenso que nos comprometemos a realizar) y ligado a ella, el programa “Fome Zero”. Si el gobierno se inclina a favor de los transgénicos y de Monsanto, estará beneficiando un modelo de producción que entre otras aberraciones se caracteriza por su ineficiencia. Según un estudio reciente, el volumen de granos desperdiciados por la agricultura en cada zafra, equivale a la cantidad de alimento necesario para satisfacer a todas las personas que padecen hambre en Brasil. “10% de los granos producidos son desperdiciados durante la cosecha, transporte y almacenamiento. Si el país produce 120 millones de toneladas, 12 millones de toneladas se pierden”, concluye el informe. En lo que tiene que ver con la soja, las pérdidas están en el entorno de 6%, lo cual significa que en la última zafra el equivalente a 36 millones de bolsas quedó en el suelo, rutas y depósitos. En el caso del maíz la situación es peor, las pérdidas trepan casi a 15% del total de la zafra.

Por todo ello aguardamos el proyecto de ley y su tratamiento en el parlamento, esperando no tener que repetir la pregunta del título.

Enildo Iglesias

Convenio Siete sobre siete – Rel-UITA

6 de octubre de 2003