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El
pasado 28 de abril, en ocasión del Día Internacional de
Salud y Seguridad en el Trabajo, la Rel-UITA organizó en la
ciudad de Montevideo, el primer Debate Nacional sobre Salud
y Seguridad en la Agricultura. La jornada contó con la
presencia de representantes del gobierno, parlamentarios,
trabajadores, empleadores y de ONGs ambientalistas.
Presentamos a continuación un resumen de las exposiciones
que realizaron algunos de los participantes.
Mari
Cárcamo,
representante de RAP-AL Uruguay, mostró las condiciones de
exposición a los agrotóxicos que sufren los trabajadores de
la forestación, así como el impacto nocivo para animales y
personas de los cócteles de agrotóxicos utilizados en los
monocultivos de soja transgénica.
Según los
datos recabados por Cárcamo en dos viveros forestales
certificados en Uruguay, las condiciones de salud y
seguridad son precarias. El fumigado de las plantas se
realiza con la presencia de trabajadoras dentro del
invernáculo y los testimonios de las personas que allí
trabajan coinciden en señalar malestares físicos como
náuseas, dolores de cabeza y comezón en el cuerpo.
Walter
Migliónico de la
Secretaría de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la
central de trabajadores PIT-CNT, resaltó que “el compromiso
de la Central es con los condenados de la Tierra, este
colectivo de trabajadores con más muertos y mutilados por
accidentes de trabajo a través de la Campaña Nacional por la
implementación del decreto 291/97, para que exista un
delegado de salud representante de los trabajadores y para
incentivar la creación de Comisiones de salud y seguridad
laboral en todos los gremios, sindicatos y colectivos de
base”
Miglionico
además destacó que “el Uruguay fue el segundo país en
las Américas que marcó un eje en términos de legislación
laboral, la ley 5032 del año 1914, obliga a los empresarios
a brindar las condiciones de seguridad para sus empleados o
sea que venimos con más de noventa años de atraso en esta
materia, en implementar la ley en la vía de los hechos”.
Héctor
Piedra Buena,
representante de los trabajadores rurales en la Comisión de
Reglamentación del Convenio 184, destacó que las 59
reuniones donde se discutieron los artículos del próximo
decreto reglamentario del convenio que refiere a Salud y
Seguridad en la Agricultura, fueron duras, pero se logró un
acuerdo plenamente satisfactorio para todas las partes. En
breve se estará llevando el contenido del decreto a un
manual para comenzar su difusión con los pequeños
productores y empleadores rurales para que conozcan las
próximas obligaciones que tendrán que cumplir y para que los
trabajadores conozcan los derechos que le asisten.
Por su parte
Graciela Patrone, inspectora de trabajo, que
participó en representación de su sindicato destacó que “uno
de los mayores problemas que enfrentan los trabajadores
rurales es que el trabajo en ese sector se plantea de forma
zafral. La inspección pretende incluir a los trabajadores en
el sector formal y de esa manera proteger sus derechos. La
falta de organización sindical en el sector rural juega en
contra de los trabajadores a la hora de defender sus
derechos fundamentales.”
Por su parte
Eduardo Ezcurra, inspector de trabajo, manifestó que la
falta de coordinación entre los organismos del Estado
dificulta la tarea de los inspectores, la falta de vehículos
adecuados para llegar a los lugares más inhóspitos como a
los montes forestales, reducen la cantidad de inspecciones
lo que se torna en una falencia por parte de la Inspección.
La inspectora
general de Trabajo, María Narducci, destacó que “Las
mejoras en las condiciones de salud y seguridad en el
trabajo no se pueden reducir únicamente al Estado, en este
proceso están incluidos los empresarios que son los que
determinan el proceso de producción y también están los
trabajadores quienes muchas veces se ven afectados en su
condición de salud. Actualmente se está trabajando un nuevo
proyecto de decreto que va a controlar la exposición a
riesgo de sustancias químicas que hasta la fecha no existía
en el país. Este decreto y la reglamentación del Convenio
184 abren un nuevo marco legal que permitirá certeza a las
inspecciones de trabajo”.
Según el Doctor Luis Heuhs, del
Centro de Información
y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), “los
principales mecanismos de acción tóxica involucrada fueron
la irritación cutánea y mucosa respiratoria, y la inhibición
de las colinesterasa*. Un 15 por ciento de las consultas
involucran a dos o más plaguicidas utilizados en las
últimas 48 horas. Generalmente la principal causa de que
las consultas se cataloguen de “indefinidas” es porque el
trabajador solo conocía el producto por su aptitud, no por
su nombre.
Germán
González,
secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y
Afines del Sur del País (UTRASURPA) manifestó que,
“es siempre el movimiento sindical y los trabajadores
quienes impulsan los debates sobre salud y seguridad en el
sector rural, contemplando a todos los actores involucrados,
la cámara empresarial ha realizado reuniones sobre el tema
pero excluye a los trabajadores, que en general somos los
más afectados”.
El dirigente
sindical finalizó diciendo que “este será el primero de
muchos debates que convocaremos, nuestro principal objetivo
es llevar la información a los trabajadores rurales de todo
el país.”
Cerró la
jornada de debate, Enildo Iglesias, representante de
la Rel-UITA quien puso énfasis en el caso del joven
uruguayo Simón Santana, el rabajador de la
transnacional BIMBO que falleció mientras realizaba
tareas de limpieza de una máquina enfriadora en la planta
industrial. Este es un caso emblemático de una situación que
pudo haberse evitado con apenas 200 dólares” reflexionó
Iglesias. Recordó también a las trabajadoras del cacao
afectadas por el esfuerzo repetitivo (LER). Finalizó
enviando un saludo a los ex trabajadores azucareros
afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en
Nicaragua debido al uso irresponsable y criminal del
Nemagón y remarcó la constante lucha internacional que los
trabajadores llevan adelante para mejorar las condiciones de
salud y seguridad.
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