La situación de la Salud en Nicaragua ha alcanzado niveles de profunda desesperación. Desde aproximadamente 11 días, la Federación Médica y la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), han entrado a una huelga indefinida para conseguir aumentos salariales y mejorías en las condiciones higiénico-sanitarias y en el abastecimiento de medicinas en los hospitales y en los Centros de Salud del país.

Desafortunadamente, los dos sectores se han dividido en las demandas presentadas al Gobierno, rompiendo una unidad que ha complicado aún más la negociación.

El sector de los médicos ha solicitado un aumento del 140 por ciento de sus salarios, mientras que Fetsalud, que representa también a los otros trabajadores y trabajadoras del sector y no sólo a los médicos, ha solicitado el aumento del 100 por ciento e intervenciones inmediatas para abastecer las estructuras sanitarias con medicamentos y accesorios.

En la Nicaragua de hoy, sólo los que tienen un trabajo con contrato y tienen la suerte de trabajar por una empresa que paga las cotizaciones al Seguro Social (Inss), pueden esperar tener la asistencia sanitaria y los medicamentos de forma gratuita. Pero también en este caso, el tipo de asistencia sanitaria abarca sólo una cantidad y tipologías de análisis, intervenciones quirúrgicas y fármacos muy limitados que son definidos por el Inss y las Empresas Médicas Provisionales. Estamos hablando en todo caso de unas 350 mil personas sobre una población de casi 6 millones de habitantes. Además, sólo en los últimos meses, las pocas personas que tienen este privilegio han tenido la oportunidad de ver incluidos en la asistencia sanitaria a sus propios hijos hasta la edad de 12 años, y las mujeres el acceso a los tratamientos de cáncer de seno y útero. 

La inmensa mayoría de los nicara-güenses quedan al desamparo y están obligados a elegir entre gastar cantidades exorbitantes de dinero para poderse curar (cosa que al final resulta accesible sólo a las pocas personas que forman parte de la elite de la sociedad nicaragüense y que, muy a menudo, prefieren ir a curarse en Miami) o morir por enfermedades perfectamente curables.

Cada día, en los periódicos locales, en la radio o en la televisión, aparecen anuncios desesperados de personas que recurren al buen corazón de la ciudadanía para poder conseguir los medicamentos que necesitan o el dinero para una operación quirúrgica. Una humillación como último recurso para tener la posibilidad de sobrevivir.

Los Centros de Salud se han transformado en lugares dónde largas filas de personas se presentan desde las primeras horas de la mañana para acceder a una consulta, para luego salir con una receta en la mano y con la desesperación de saber que nunca tendrán el dinero para comprar esos medicamentos. Las condiciones de los hospitales públicos han alcanzado niveles vergonzosos, dónde casi siempre se les pide a los pacientes que traigan lo que se necesita para una medicación o aún peor, una operación. No es una excepción, sino la regla más común, ver a los parientes de los enfermos llegar afanados con en mano jeringas, vendas, bisturí, agujas e hilos de sutura que servirán para la atención sanitaria.

En Nicaragua, por lo tanto, no se muere por una "salud mala", sino por una salud que no existe para millones de personas y la situación se pone aún más dramática en la zona rural, dónde los centros de atención sanitaria quedan muy lejos de las comarcas y la gente tiene que recorrer muchos kilómetros caminando o a caballo. En estas zonas, los índices de mortalidad materno-infantil, de enfermedades de transmisión sexual y de mortalidad por enfermedades fácilmente curables, tocan niveles impresionantes, que difícilmente aparecen como tales en las diferentes estadísticas redactadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

En medio se este auténtico desastre, el personal médico y sanitario se debate para tratar de sobrevivir. Actualmente el sueldo mínimo garantizado por el Gobierno oscila entre los 80 - 100 dólares para el personal sanitario y 200 dólares para un médico especialista, que luchan a diario para poder garantizar una atención digna y que muy pocas veces logran hacerlo.

La protesta y la demanda de aumentos salariales de estos días, que han llevado al paro casi total de las actividades en los hospitales y en los Centros de Salud, han sido consideradas por el Gobierno y por algunos medios oficialistas, como un atentado contra la población y la Ministra de Salud, Margarita Gurdián, ha pedido al Ministerio del Trabajo que declare la huelga ilegal, para poder despedir a los principales inspiradores de la protesta. Por el momento, el Ministro del Trabajo no a dado paso a la solicitud y se ha preferido dar lugar a una negociación para acercar posiciones.

En medio de todo eso hay que analizar también cual es el punto más importante de la problemática, es decir la aprobación del Presupuesto de la República, que será el resultado de una imposición más por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). En su nuevo Plan Estructural para Nicaragua, que le dará acceso a nuevos préstamos y a nuevas colosales deudas. El FMI ha impuesto la prohibición de aumentos salariales superiores al 9 por ciento y la prohibición absoluta de superar el techo de gasto ya convenido (aproximadamente de unos 25 mil millones de cordobas - 1.500 millones de dólares). Un porcentaje que resulta paradojícamente ridículo, puesto que el deslizamiento de la moneda local respecto al dólar absorbería el irrisorio aumento. En estos días, mientras los diputados de las diferentes bancadas parlamentarias y el gobierno están buscando un acuerdo para otorgar los aumentos salariales a sectores como la Educación, la Salud y el sector Judicial, sin descarrillarse del plan del Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Salud sigue negociando con los médicos y con Fetsalud, pero sin la posibilidad real de llegar a acuerdos ya que, de todos modos, será la Asamblea Nacional quien determinará el nuevo Presupuesto. Tampoco hay que olvidar que Nicaragua acaba de salir de unas de sus más profunda crisis políticas de los últimos años y que las respuestas que los partidos políticos y el mismo gobierno darán a los sectores demandantes, entre ellos lo de la Salud, dependerá también de la dinámica de relaciones entre ellos y del factor "elecciones presidenciales" que ya está invadiendo la vida del país.

El Frente Sandinista, con un ataque directo a las políticas del Fondo Monetario Internacional y a sus chantajes, ya declaró que presentará un dictámen de mayoría para la aprobación de un Presupuesto que incluya los aumentos salariales (para la Salud serían aproximadamente 400 millones de cordobas, incluyendo un aumento para salarios de todo el sector del 37-38 por ciento). Estos aumentos se garantizarían a través de la sobre recaudación proyectada de unos 980 millones de cordobas, que el Gobierno, en acuerdo con el FMI, tiene la costumbre de no declarar y no incluir en el Presupuesto (lo mismo sucedió el año pasado con una sobre recaudación fiscal de más 1.000 miliones de cordobas). De esa manera no se modificaría el techo presupuestario acordado con el FMI.

Un dictámen de minoría sería al contrario presentado por el Partido Liberal, quien vive una situación política muy difícil y que todavía resulta incapaz de decidirse entre el llamado, fuerte y determinado, de los Estados Unidos a la unidad de la derecha nicaraguense y el amarre con su caudillo y ex Presidente, Arnoldo Alemán. Ese dictámen apoyaría la propuesta del Gobierno de respetar el chantaje del Fondo Monetario y conceder aumentos mínimos a los sectores demandantes. Hasta el momento, las negociaciones entre el sector Salud y el Ministerio no han dado los resultados esperados (para el Gobierno sería posible sólo un aumento del 15 por ciento) y además no hallan la figura bajo la cual otorgar el incremento, ya que no sería posible utilizar la de "Salario", prohibida por el FMI.