A partir de la desincorporación de los ingenios del sector público, iniciada en 1988, la agroindustria azucarera, administrada en su mayor parte por el estado, inició el difícil tránsito hacia su incorporación a una economía de mercado. Las desapariciones primero de UNPASA, el monopolio estatal comercializador del azúcar y, una vez vendidos los ingenios paraestatales de Azúcar, S.A., aunadas a la emisión de un nuevo decreto cañero en 1991, resultaron ser el detonante que transformó esta actividad de una agroindustria regulada a una cambiante y dinámica.

 

El pago de la caña a partir del azúcar recuperable (KARBE), consecuencia del Decreto de 1991, separó la calidad de la caña de la eficiencia en la operación de fábrica, obligando a una parte a aportar materia prima de mejor calidad y a la otra a mejorar su proceso fabril y disminuir sus pérdidas. Tanto la producción como la productividad, en fábrica como en campo, iniciaron una curva ascendente que ha superado una y otra vez los precedentes hasta culminar con la recién terminada zafra, en la que se molieron 51 millones de toneladas de caña y se produjeron 5.8 millones de toneladas de azúcar. El incremento continuado de la producción de azúcar gradualmente volvió innecesaria la importación.

 

Pero el tránsito a la autosuficiencia no estuvo exento de sinsabores: la importación desmedida e incontrolada de azúcar en cantidades varias veces superiores al déficit nacional, la entrada, desde Estados Unidos, de volúmenes nunca aclarados de jarabe de maíz de alta fructosa y de maíz amarillo para producirlo en el país, ambos subsidiados en su país de origen y por el nuestro en su importación, las ventas de azúcar a precios quebrados por algunos grupos industriales que, curiosamente, jamás se reflejaron en el precio al consumidor, el incumplimiento por algunos industriales de sus compromisos de exportación y muchos mas. A esto debemos añadir el incumplimiento, por parte de los Estados Unidos, de los términos pactados en el TLCAN en el sentido de permitir la exportación a ese país de los excedentes de azúcar mexicana.

 

Consecuencias de lo anterior fueron, por una parte, el cierre de la Financiera Nacional Azucarera (FINASA) el banco especializado para el sector y, consecuentemente, la desaparición casi total del crédito al campo cañero, ante la negativa de FIRA y las instituciones bancarias a financiar una actividad que catalogaron de riesgosa y, por la otra, los conflictos recurrentes por la falta de pago de la materia prima que desembocaron en la expropiación de 27 ingenios.

 

El decreto cañero de 1991 establecía los mecanismos para una ordenada relación entre ingenio y abastecedores, regulando entre otras cosas la calidad de la caña como materia prima, los sistemas de determinación de su contenido de azúcar, la fijación de un precio de la caña ligado a su contenido de azúcar y a un precio de mercado del azúcar regulado por la oferta y la demanda, así como un procedimiento de pago de la materia prima con plazos basados en los tiempos agrícolas propios de la caña.

 

Toda la certidumbre que este sistema dio a la agroindustria desapareció por virtud de la visceral decisión del ejecutivo federal de abrogar, en un albazo, el decreto cañero sin substituirlo por algún otro mecanismo que normara la relación entre dos partes asimétricas, dejando a una a merced de la otra. Esto ha originado ya diversos conflictos con industriales que buscan aprovecharse desde ahora del vacío legal en que quedó la agroindustria.

 

Buscando revertir los efectos nocivos de la abrogación, el Poder Legislativo ha aprobado una Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Con esta Ley se devolverán normatividad y certidumbre a la agroindustria, a la vez que se sientan las bases para impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Por virtud de esta ley se devuelve a los cañeros su condición de ser partes en su actividad y se conserva el incentivo de aumentar su productividad, condición indispensable para un crecimiento que garantice la autosuficiencia nacional.

 

Ignorar, como hoy pretende SAGARPA, que las condiciones que nos hicieron crecer y nos volvieron autosuficientes en apenas 5 años, se dieron precisamente por las disposiciones del Decreto Cañero y su normatividad, evidencian una escasa capacidad de análisis o una perversa intención de dañar oculta tras una cortina de humo de mentiras y una campaña de desinformación. La mentira no puede subsistir en presencia de la evidencia. Las estadísticas existen y éstas demuestran la coincidencia entre el Decreto de 1991 y sus lineamientos con los incrementos en producción y productividad que nos llevaron a la autosuficiencia.

 

A pesar de que el Ejecutivo Federal ha tratado de desviar la atención hacia una aparente lucha por la membresía en las organizaciones cañeras, situación por cierto resuelta por la Ley, en la cual se garantiza la libre asociación dentro de condiciones que demuestren la representatividad, la realidad es que el verdadero embate se encamina a privar a los cañeros de elementos para defenderse frente al sector industrial y de dar a éste ventajas indebidas, buscando aumentar las utilidades de los ingenios sin necesidad de corregir su ineficiencia, lastre que arrastran por la falta de inversiones y que hoy se oculta tras los buenos precios en el mercado nacional.

 

Si la intención de alterar la relación cañero-industria se orienta a aumentar las utilidades de los ingenios administrados por el sector público o para hacerlos más atractivos para su venta, es algo que no debe importarnos. La relación ingenio-cañeros y los porcentajes de participación de los abastecedores en la producción de azúcar y del precio de la misma no están alejados de los criterios con que se paga la caña en otros países. No somos voraces ni pretendemos adueñarnos de algo que no nos corresponda en detrimento de la contraparte. Por el contrario percibimos, en sus actitudes y declaraciones, una intervención del gobierno para que lo opuesto suceda.

 

Hoy estamos en pie de lucha y no claudicaremos hasta lograr que nuestro derecho se respete. Damos prioridad al diálogo como vía para llegar a resultados satisfactorios pero lucharemos con todos los elementos a nuestro alcance para preservar lo que es nuestro y que hoy, indebidamente, se pretende arrebatarnos.

 

Frente a una administración pública sorda y cerrada al diálogo y a la negociación, habremos de utilizar los medios a nuestro alcance para defender nuestro derecho. Este es, las evidencias lo demuestran, el único camino que se nos ha dejado.