Un mes y medio después de publicada la Ley Cañera, el Poder Ejecutivo pone trabas que postergan su implementación. A esto se suma un fallo emitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) que obliga a la anulación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) obligando a los pequeños productores de caña de azúcar a librar una doble batalla. El diputado y líder de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) diálogo con SIREL en los siguientes términos.

-El pasado 22 de agosto se publicó finalmente la Ley Cañera por parte del Poder Ejecutivo. Hoy, ya instalada la nueva legislatura, ¿cómo avanza su implementación?

-Al día siguiente de su publicación, conforme a las leyes mexicanas, la Ley entró en vigor. Sin embargo su publicación fue parte de un acuerdo político que contemplaba que, una vez publicada, se le realizarían modificaciones para satisfacer las expectativas del gobierno federal y que no lesionaban los intereses de los productores de caña.

Ese proceso de acuerdo político se llevó a cabo tanto por los cañeros como por los diputados y por el mismo gobierno federal publicando la Ley, pero se nos complicó en el Senado de la República donde hubo una situación de distanciamiento con la Secretaría de Agricultura que, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), presentó un recurso llamado “acción de inconstitucionalidad” contra 13 artículos de la Ley que versan sobre temas distintos a los que se planteaban en las modificaciones; quiere decir que, aun y cuando completáramos el acuerdo político con las modificaciones propuestas que no cumplió el Senado, la denuncia de la PGR ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la Nación no se anula porque versan sobre distintos temas.

El pasado miércoles 28 iniciamos la búsqueda de un mecanismo ágil para lograr la implementación de la Ley, y a la vez un camino jurídico que nos ayude a efectuarle alguna modificación para dejar sin materia la inconstitucionalidad que plantea la PGR. Se establecieron dos mesas de trabajo, una en el área jurídica y otra en la parte operativa de implementación de la Ley. Allí hay representantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la CNPR, de los senadores y diputados. Sabemos que la Ley está bien hecha, que es congruente con lo que deseamos para un mejor desarrollo de la actividad, pero no es tranquilizador estar en un proceso en la SCJ.

-¿Esta situación tiene relación con la intención del Ejecutivo de vetar la ley y con las trabas interpuestas por la Secretaría de Agricultura?

-En México tenemos un dicho: “Piensa mal y acertarás”. Ha sido una trampa urdida para generar molestia en el Senado para que éste no cumpla el acuerdo político y así tener fundamentos para justificar la presentación de la acción de inconstitucionalidad. Mantenemos la esperanza de que estos meses de trabajo puedan  traernos una buena solución.

-En agosto pasado la OMC emitió un fallo contra la aplicación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). ¿Qué daños puede ocasionar a la economía mexicana y a la agroindustria azucarera la eliminación de este impuesto?

-La consecuencia sería que la fructuosa sustituiría nuevamente importantísimos volúmenes de azúcar mexicano en nuestro mercado, generándonos excedentes y un gran desorden en el mercado nacional que, poco a poco, hoy se va consolidando. Por otra parte, nos obligaría a que esos excedentes deban comercializarse en el mercado internacional, donde todos sabemos que los precios son inferiores a los costos de producción. Sería un daño gravísimo, porque alrededor de 700 mil toneladas de azúcar no encontrarían mercado interno, y la pérdida sería de 250 millones de dólares por lo menos.

-¿Cómo van a enfrentar este fallo?

-En teoría nuestro gobierno, que acaba de cambiar al secretario de Economía, debe enfrentarse apelando el fallo de la OMC y buscar por todos los mecanismos la defensa del mercado mexicano del azúcar. Aún no hay algo concreto, pero los diputados queremos encontrar algún mecanismo que permita un desarrollo armónico de ambas industrias con base en la caña mexicana y el maíz mexicano.

-¿Notas voluntad política del Poder Ejecutivo de enfrentar este fallo?

-La verdad, lo veo muy tibio. Como mexicano da pena reconocerlo.

-Y esta inacción por parte del gobierno, ¿cómo la toman los cañeros y pequeños productores?

-Estamos en una situación donde no paran las tormentas respecto a toda esta problemática. Por momentos este tema de la OMC y la fructuosa se nos olvida un poquito frente al tamaño problema que significaría que viéramos amenazado el mecanismo de determinación del precio de la caña, y el de representación de los productores de caña. La caña de azúcar en nuestro país genera de forma global 2.000 millones de dólares al año; no contar con el mecanismo de determinación de precio interno y equipararlo con el internacional significaría llevar el precio de la caña a la mitad, es decir, una pérdida del orden de los 1.000 millones de dólares. Por su parte, la aceptación del IEPS y la fructuosa representaría una pérdida de apenas 250 millones de dólares, una cuarta parte de lo que es la otra amenaza.

-Por lo que están trabajando a dos frentes...

-Diría que estamos trabajando en tres frentes: en el campo, produciendo, ese es el bueno, en el frente de la OMC y en el frente interno en la guerra que tenemos entre los productores de caña y el Ejecutivo federal.

© Rel-UITA

4 de octubre de 2005

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