Si
bien la amenaza presidencial de vetar la Ley de
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar fue
"superada", para la Confederación Nacional de
Productores Rurales la agroindustria azucarera está
amenazada por la orden de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) para invalidar el impuesto especial
al uso de endulzantes no derivados de la gramínea y
las cuotas a la importación de dulce.
El presidente de la asociación de cañeros de dicha central,
Carlos Blackaller Ayala, acusó a la Secretaría de
Economía de permitir el ingreso de azúcar extranjero
en perjuicio de los productores nacionales. Estimó
que en 2004, el fisco mexicano dejó de percibir más
de 270 millones de pesos por la introducción de
dulce por medio de amparos judiciales y el
contrabando en la frontera sur.
Blackaller Ayala tipificó como un triunfo campesino la
decisión de la Presidencia de la República para
publicar en el Diario Oficial de la Federación la
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar,
tras varios días de movilización de miles de
agricultores en el Distrito Federal y 15 estados
más.
Recordó que el compromiso del gobierno federal es emitir
dicha publicación a más tardar el 22 de agosto y
ello exorcizará parte de la incertidumbre en la
agroindustria azucarera.
No obstante, señaló que quedan dos puntos de preocupación
para los productores azucareros y de la gramínea en
México: la primera es la posible eliminación del
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (ISPS)
que se aplica a la utilización de edulcorantes no
derivados de la caña de azúcar para las bebidas y
alimentos. La segunda, añadió, es la importación de
dulce extranjero y el contrabando técnico del mismo.
En el primer caso, expuso que el gobierno federal deberá
impugnar el fallo emitido por la OMC para eliminar
el gravamen especial que tiende a proteger a la
industria azucarera nacional; mientras que en el
segundo se deberá combatir con más dureza los
ilícitos.
Andres T. Morales
La
Jornada
19
de agosto de 2005
