México debe apelar
el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
que le ordena eliminar el pago de impuestos a las
importaciones de fructosa procedente de Estados
Unidos, y procurar el
"entendimiento"
entre los dos países.
Además, buscar el equilibrio del mercado de azúcar y
la fructosa para que las dos industrias puedan
desarrollarse, pero siempre privilegiando la
agricultura en cuanto a la caña de azúcar y el maíz,
declaró Carlos Blackaller Ayala, diputado federal y
líder de la Confederación Nacional de Propietarios
Rurales (CNPR).
En entrevista dijo que de no apelarse el fallo, los
productores perderían ingresos del orden de 2 mil
500 a 3 mil millones de pesos y automáticamente
fuentes de empleo y efectos negativos para la
economía nacional. También unas 600 mil toneladas de
azúcar serían desplazadas del mercado nacional por
otros edulcorantes, en una primera etapa, con un
costo "tremendo" para toda la cadena productiva
(campo, fábricas, ingenios, etcétera).
El pasado 8 de agosto, la OMC emitió un fallo
definitivo en contra de México en la disputa que
sostiene con Estados Unidos por el IEPS a las
bebidas elaboradas con jarabe de maíz de alta
fructosa. Empero, la Secretaría de Economía todavía
no comunica a la industria de dicha medida.
No obstante, adelantó que el gobierno mexicano
estudia la posibilidad de apelar el fallo, aunque
reconoció que hay pocas posibilidades de "éxito".
El tema del azúcar que mantienen en disputa Estados
Unidos y México data desde la entrada en vigor del
TLCAN, por el incumplimiento de parte de los
estadounidenses de adquirir los excedentes del dulce
mexicano, como se firmó, y que luego se discutió
entre 1995 y 2001 a través de las llamadas cartas
paralelas.
Eso generó que en México se decidiera aplicar el
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS)
a los usuarios de dulce distinto al azúcar, en enero
de 2002, y que fue cuestionado y llevado a la
Organización Mundial de Comercio (OMC), por EU.
Blackaller dijo que en la presente semana acudirá al
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, de la
Cámara de Diputados, para realizar consultas
jurídicas sobre qué es posible llevar adelante,
porque "es inconcebible que los países ricos puedan
proteger a sus productores y a su mercado, mientras
que los pobres tengan que sujetarse a la apertura
comercial, cediendo todo a cambio de nada".
Explicó que en la Unión Europea, integrante de la
OMC con diversos cultivos, la frutosa tiene un tope
establecido para su uso. "Si ellos pueden, ¿por qué
México no? Se debe buscar un esquema que nos permita
lograr la convivencia de ambas industrias (azúcar y
fructosa)", argumentó.
Datos de la CNPR precisan que de la producción de
caña como actividad agrícola dependen 600 mil
personas; como actividad industrial 2.5 millones de
empleos directos e indirectos.
La zafra 2004-2005 registró cifras récord al
producir 5.8 millones de toneladas, resultado de
procesar 51 millones de toneladas de caña. El récord
anterior fue en 1998 con 5.2 millones.
Comentó que propondrán a la Secretaría de
Agricultura que se incluya el tema de la caña de
azúcar en el programa que formulará en la ley
respectiva, a través de una estrategia amplia que
tome en cuenta factores como la red de acuerdos que
tiene México con 43 países.
Guadalupe Hernández
El
Universal
15
de agosto de 2005
