Punto por punto, Carlos Blackaller, presidente de esa organización de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), respondió las ideas de la Sagarpa, y concluyó:

"La falta de argumentación jurídica, y hacer uso de la calumnia y la distorsión de la realidad, sólo demuestran que, más allá de esgrimir diferencias políticas, existe un mar de fondo, de intereses particulares que (el Ejecutivo) no se atreve a exponer."

Ante la afirmación de la Sagarpa de que la ley reinstala las aberraciones del Decreto Cañero (abrogado el 14 de enero), las cuales fueron responsables de la quiebra dos veces de los ingenios privados en los últimos 30 años, Blackaller señaló que las crisis de la industria siempre han estado vinculadas no al marco legal, sino a malos manejos administrativos de las fábricas.

"En la expropiación de 2001, el secretario de Hacienda se refirió a la administración por parte del sector industrial (no de los cañeros) como «ordeña de las finanzas de los ingenios»... Entonces los malosos eran los industriales. Ahora, en su sinrazón, el Ejecutivo justifica sus oscuros intereses culpando a los cañeros y sus organizaciones de todos los males del sector."

Incentivos

La Sagarpa dijo que sin considerar ni dar incentivos a la productividad, la ley establece la obligatoriedad del Estado y los contribuyentes de cubrir los altibajos del sector, y que la sobrerregulación devalúa los activos de las empresas y afecta su viabilidad.

Blackaller Ayala respondió que el marco legal ha permitido a la agroindustria dar autosuficiencia azucarera al país (con casi 5.8 millones de toneladas este año); los indicadores de producción y productividad han evolucionado positivamente en los últimos diez años, a tal grado que México ocupa el tercero o cuarto lugar entre los principales países cañeros, y todas estas naciones "tienen algún esquema de regulación o proteccionismo".

Asimismo, "en ninguno de sus artículos la Ley Cañera obliga al Estado o a los contribuyentes a cubrir cantidad alguna. Si el Estado ha intervenido, es porque así corresponde a su función, o ¿cómo justificaría la expropiación de 2001?"

En sus 12 puntos, la Sagarpa afirmó que la ley engaña a los campesinos al hacerlos creer que la garantía de un ingreso es suficiente para obtener ganancias.

A esto, la contestación de la UNC es que la ley por sí misma no garantiza un ingreso, pero sí una forma de pago justa (de vinculación del precio de la caña al valor del azúcar), y este mecanismo ocurre "en prácticamente todos los países productores".

En Brasil, 60 por ciento del precio del azúcar se traslada a la caña, y en Australia es 75 por ciento. En México, según el Decreto Cañero abrogado y la ley, es 57 por ciento.

Carlos Blackaller mostró con cifras quiénes son los que verdaderamente ganan con el dulce en México.

"Hoy el cañero recibe 3.28 pesos por kilo de azúcar y el industrial la vende en promedio a 5.90 pesos; el ama de casa la adquiere a diez pesos por kilo, y los refrescos se han encarecido más que el azúcar y más que la inflación."

Asimismo negó las acusaciones de la Sagarpa de que las agrupaciones cañeras dan créditos a sus agremiados a tasas de 12 por ciento mensual.

"Si alguien está cobrando esas tasas y el gobierno federal lo sabe, entonces que deje de ser cómplice y lo denuncie, pues a todas luces sería un delito."

El dirigente también negó las afirmaciones de la Sagarpa de que las organizaciones de cañeros merman el ingreso de los campesinos.

"No es posible que quienes son responsables del sector agropecuario sean tan pueriles y crean que producir la caña no implica costos, como fertilizantes, agroquímicos, mano de obra, labores de tractos, gastos de cosecha, entre otros."

Lourdes Edith Rudiño

El Financiero

19 de julio de 2005