La agroindustria azucarera requiere de una política de Estado que permita la integración del mercado de endulzantes. Si el gobierno continúa ''montado en su caballo'' de vetar la Ley de Desarrollo Sustentable para la Caña de Azúcar podría provocar que la producción se reduzca a 4 millones de toneladas -volumen que se tenía antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte- y el déficit se cubra con jarabe de maíz de alta fructosa, advirtió José Cruz Romero, especialista en el tema.

El veto presidencial a la Ley de Desarrollo Sustentable para la Caña de Azúcar lleva consigo ese riesgo, con altos costos sociales y económicos. ''Habría desinversión, desempleo, migración, crecimiento de los problema de seguridad nacional y falta de desarrollo en 227 municipios de 15 estados donde se lleva a cabo la actividad. El problema suscitado por el veto

presidencial es muy serio y así debe entenderse", asentó.

La inconformidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) es por la participación de 57 por ciento del productor cañero en el precio de referencia. Pero no menciona que una de las propuestas de la dependencia fue otorgar subsidios por 6 mil millones de pesos para hacer competitivo al sector, particularmente a los industriales, a los que iba dirigido ese apoyo; retiró la sugerencia porque la Secretaría de Hacienda se negó a entregar dicho subsidio.

Sagarpa cambió el planteamiento y, sustentando su propuesta en la reducción del precio de la caña de azúcar, diseñó su estrategia de "hacer más eficiente al sector" y, por ello, empezó a promover la firma de convenios entre particulares, en los cuales se establece que el pago por la fibra de la caña se hará promediando las tres últimas zafras, mientras en la ley vetada se establece que el precio se fijará de acuerdo con la fórmula de la zafra en turno.

De esa forma, Sagarpa reduce el precio de la caña, pero no cambia el parámetro de eficiencia de fábrica, ni promueve la calidad ni la competitividad; lo que hace, abundó el especialista, es "crear condiciones para que México sea menos competitivo".

Consideró que la ley aprobada el 21 de junio por la legislatura actual, después de consultar a los sectores involucrados, resuelve el ordenamiento jurídico entre abastecedores e industriales, ya que estipula y promueve acciones de fomento para el desarrollo de una política estructural sustentada en la diversificación productiva. Pero, acotó, "si no hay voluntad y disposición del Ejecutivo Federal para hacerlo, la ley podría ser letra muerta".

Con la derogación del decreto, la caña de azúcar dejó de ser considerada por el gobierno un producto de interés público y con la ley cañera pasó al estrato de básico y estratégico. La producción de caña representa 13.5 por ciento de la producción agrícola; el azúcar, 3.5 por ciento de la rama de alimentos, bebidas y tabaco, y 0.5 por ciento del PIB.

Además, el azúcar está entre los cuatro productos más importantes de la dieta de la población, ya que se tiene un consumo anual per cápita de 50 kilogramos; la agroindustria azucarera genera 440 mil empleos y de ella viven directa e indirectamente 12 millones de personas.

Gisela Espinosa Damián, docente en la maestría en Desarrollo Rural de la UAM, observó que ni con el decreto ni ahora con la ley cañera ''hay garantía de que los ingenios sobrevivan", y se pregunta si la expropiación de 27 ingenios, en 2001, "fue sólo un tentempié que pospuso el temido ajuste", pues ahora la agroindustria cañera ya no es de interés público.

No descartó que el futuro de esa actividad esté en riesgo, ya que aunque el gobierno "salve recurrentemente al empresario azucarero, sus alianzas estratégicas parecen más cerca de las multinacionales fructoseras y, por tanto, se lleve una tajada del mercado del azúcar".

Agregó que desde hace 25 años la explotación comercial del jarabe de maíz de alta fructosa se ha expandido vigorosamente en Estados Unidos y ahora los productores de maíz están muy interesados en derribar las barreras comerciales de jarabes. En ese país hay 12 compañías productoras, las más grandes son ADM Corn Processing, Cargill, A.E. Stanley y CPC; mientras en México hay dos: Arancia y Almidones Mexicanos.

Matilde Pérez

La Jornada

25 de julio de 2005