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El Sindicato
Nacional de Obreros de la Unión de Cevecerías
Peruanas Backus y Johnston SAA, subsidiaria
de la británica SABMiller,
demanda el reconocimiento al esfuerzo diario que realizan los
trabajadores garantizando el incremento de la productividad de la
empresa. Después de 15 reuniones, el sindicato suspendió la negociación
directa
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Niltón
Flores |
El secretario
general del sindicato, Niltón Flores Peña, informó a Sirel
que luego de 15 reuniones de trato directo, dieron por concluida las
negociaciones ante la negativa de la comisión negociadora de programar
el pliego de reclamos por 12 meses.
“Nos hemos negado
porque las negociaciones colectivas se hacen a doce meses, y la
propuesta de tres años no satisfacía las expectativas de los
trabajadores. La empresa ofrecía un incremento diario de 4,50 nuevos
soles (1,5 dólares), propuesta que no tiene base en ningún índice
salarial, ni toma en cuenta la inflación”, explica Flores.
Para la empresa, el
mercado salarial es el que debe determinar los sueldos. Este criterio no
contempla el esfuerzo que realiza el trabajador de
la
mayor cervecería de Perú, cuyas ganancias crecieron un 53,5 por
ciento en el cuarto trimestre de 2007, en comparación con el mismo
periodo de 2006.
El irrespeto a los
derechos de los trabajadores peruanos es una realidad que contradice los
promocionados “principios de derechos humanos” del grupo Backus,
que recoge la posición de SABMiller, y que en el cuarto de los
doce puntos que comprende la política corporativa, sostiene que la
empresa buscará “continuamente opciones de solución a través de la
negociación colectiva”.
“No solamente es
producción, eficiencia y calidad, también está el factor humano, y lo
que queremos es un trato humano y equitativo y una retribución económica
justa y digna. La propuesta que nos está haciendo la empresa desmoraliza
el trabajo, porque incluso se excluye un reajuste por inflación acordado
con la directiva anterior”, explica Flores.
Los trabajadores
vienen realizando marchas de protesta, plantones frente a las oficinas
tanto en la planta de Lima, como en las de Motupe,
situada
en la región Lambayeque, 770 kilómetros al norte de Lima, y en la
de Trujillo, ubicada 561 kilómetros al norte
de la capital peruana.
“Los sindicatos
debemos hacer conocer a la opinión pública que Backus no reconoce
el esfuerzo de sus trabajadores que la ha convertido en una empresa de
gran nivel, considerada en su rubro la número uno en el Perú”,
afirma el dirigente sindical.
La
huelga en el horizonte
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Antonio
Silupú |
Ante la situación
que estamos viviendo, dice Antonio Silupú, secretario de
Defensa del Sindicato Nacional de Obreros de Unión de Cervecerías
Peruanas Backus y Johnston SAA, “la gente está decidida a ir a la
huelga, porque la empresa no se preocupa por el trabajador, ni por el
incremento de los precios de los alimentos, afectando la canasta
familiar. Cuando se cierran las puertas a la negociación, el único
recurso que tiene el trabajador es la huelga”.
Silupú
está convencido de que esta medida es inconveniente para ambas partes,
porque tanto el trabajador como la empresa pierden en una huelga, “pero
es la única forma en que podemos mostrar nuestro descontento. La empresa
no está poniendo nada de su parte para resolver el pliego y dar un
aumento justo”, explica el secretario de Defensa.
Utilizando un
derecho que le otorga la ley, el sindicato le ha solicitado a la empresa
el informe financiero, pero hasta el momento no se ha atendido su
pedido. Esta actitud fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo que
multó a Backus con 1.200 dólares.
“La empresa oculta
las planillas de los funcionarios, cuánto están ganando los gerentes y
no quiere que se conozca cuánto representa la masa productiva. Ha
preferido pagar la multa a dar esta información”, afirma el secretario
general Flores.
Al respecto,
Silupú agrega que “La empresa esta burlándose de las leyes peruanas
y no le importa pagar la multa porque simplemente el monto no le afecta.
Me pregunto cómo una transnacional que tiene sus códigos de conducta y
dice que respeta las legislaciones de aquellos países en los cuales
invierte, no cumple con la legislación peruana. No quiere mostrar su
informe económico pese a que la ley así lo establece”.
El
sindicato de empleados, por su parte, no se encuentra en mejores
condiciones. Según Flores, desde hace tres años viene tramitando
un pliego de reclamos que hasta el momento no ha sido atendido por los
gerentes del Grupo Backus.
“Como
sindicato de obreros nos solidarizamos con el de empleados que ha
presentado tres pliegos de reclamos y aún no logra nada concreto. La
empresa no presta atención a la demanda, no reconoce los derechos de los
empleados”, agrega Flores.
El Sindicato
Nacional de Obreros de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston
SAA está citado el próximo miércoles 18 para iniciar las reuniones de
conciliación.
Utilidades recortadas
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Saúl
García |
Por otro lado,
Saúl García, asesor legal del sindicato, explicó que otro de los
malestares de los trabajadores está referido a cómo se han repartido las
utilidades de 2007, año en el cual la empresa tuvo una rentabilidad de
196 millones de dólares, de los cuales el 10 por ciento se debió
repartir, sin embargo, sólo se asignaron 12 millones.
De acuerdo a la
interpretación de la ley que regula el derecho de los trabajadores a
participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades
generadoras de rentas de tercera categoría -Decreto Supremo 892-,
dictado durante el gobierno de Alberto Fujimori, las empresas
pueden diferir el pago de utilidades.
“Las normas
laborales en las cuales nos toca navegar en estos momentos no han sido
modificadas sustancialmente por ningún gobierno posterior a Fujimori.
Hubo una modificación que autoriza a las empresas a aplicar las pérdidas
de ejercicios obtenidos en años anteriores a las utilidades. La ley de
Impuesto a la Renta permite a las empresas adicionar algunos conceptos a
la renta disponible o deducirlos”, explica García.
Backus
aplicó estas adiciones y deducciones todas juntas en 2007, y al mismo
tiempo difirió cerca de 4 millones de dólares de las utilidades, suma
que podrá retener hasta diez años afectando directamente el monto que
percibían normalmente cada año los obreros.
Ante las exigencias
de los sindicalizados, la Asamblea Nacional de trabajadores conformó una
comisión
ad-hoc
para que determine si la empresa actúo dentro del marco legal y evalúe
la posibilidad de establecer algún tipo de demanda judicial.
La unión hace la fuerza
Finalmente, los
dirigentes sindicales agradecieron la labor que realiza la UITA y
solicitaron su apoyo para que sirva de nexo con otros sindicatos de
obreros que trabajan en empresas de la transnacional
SABMiller.
“Queremos reforzar
la red de sindicatos cerveceros y constituirla en una red viva de
trabajadores que nos permita compartir experiencias y estrategias”,
afirmó Niltón Flores Peña.
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