La industria de jugos comenzó a desarrollarse en Brasil a
partir de la década del 70, cuando la dictadura militar decidió
impulsar varios programas que favorecían procesos de
industrialización de algunos rubros de la agricultura. Café, cacao y
naranja fueron los rubros seleccionados, aunque el éxito se logró
casi exclusivamente con los cítricos.
A ese éxito contribuyeron varios años de heladas que soportó
la zona de Florida en Estados Unidos, principal productora de
naranjas en uno de los mayores mercados consumidores.
Actores esenciales de ese éxito fueron empresas como
Cutrale, Citrovita, Citrosuco y Coimbra
(propiedad del grupo francés Louis Dreyfuss), que han disfrutado de
los excelentes márgenes de rentabilidad de su producto que rondan el
15%.
Pero no fueron solamente los subsidios otorgados por el
gobierno militar o las heladas en Estados Unidos lo que cimentó ese
éxito. La inflexibilidad en las negociaciones con los productores y
el incumplimiento de las leyes laborales son los otros dos pilares
sobre los que fue construido ese gigante.
Como se establece en el Libro de los récord de Brasil1 “El principal secreto del negocio consiste en adquirir fruta
a un precio bajo –precio de banana, bromean los proveedores–
procesarla al menor costo posible y vender el jugo a un valor
elevado”.
Para lograr comprar la fruta al menor precio posible resulta
muy conveniente que el mercado esté controlado sólo por cinco
empresas, las que acuerdan entre sí el precio a pagar por la caja de
naranja y evitan que la competencia haga decrecer sus ganancias. En
voz baja, para evitar las represalias, muchos productores se quejan
de las presiones a las que se ven sometidos para aceptar esos
precios. Un grupo que intentó una acción legal contra Cutrale
se quejaba de que “Es muy difícil conseguir un buen acuerdo con
alguien que puede decir no hasta que nuestra naranja se pudra”.
En 1994, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE)
dio curso a una serie de denuncias contra Cutrale y otras
empresas, acusadas de formar un cártel para formar los precios en
perjuicio de los plantadores. El proceso concluyó con un acuerdo por
el cual las empresas se comprometieron a no reunirse para fijar los
precios.
En cuanto a los trabajadores, las empresas se han aprovechado
hasta el límite de las debilidades de la legislación laboral para
actuar al margen de ella. Uno de los mecanismos más utilizados son
las supuestas cooperativas de trabajadores –“coopergatos”, como las
denominan los trabajadores haciendo referencia a su condición de
irregulares– que son las que figuran como contratantes de la mano de
obra, y resultan casi imposibles de rastrear en el momento en que un
trabajador pretende reclamar lo que le corresponde.
La actuación de estas “cooperativas” es absolutamente
irregular. En primer lugar, no son cooperativas sino que un
contratista particular concierta con la empresa y luego subcontrata
a los trabajadores para que realicen la tarea, lo que constituye un
mecanismo de tercerización no previsto en la legislación brasileña.
Por si esto fuera poco, aprovechando las dificultades para su
fiscalización estas “cooperativas” no pagan a los trabajadores los
salarios que corresponden, muchas veces remuneran por debajo del
mínimo nacional y tampoco respetan los demás derechos de los
trabajadores.
Así se cierra el ciclo del gran secreto del negocio, se
compra barato cartelizando la compra de materia prima, se procesa al
menor costo posible con tercerizaciones irregulares, y se evitan las
denuncias por dumping al poder presentar costos de producción
muy por debajo de sus competidores de otras regiones del mundo.
El procurador Ricardo García, asesor de la Federación de
Empleados Rurales del Estado de San Pablo (FERAESP),
consultado por SIREL dijo que: “Hace más de diez años las
empresas productoras de jugo montaron un esquema para desconocer los
derechos de los trabajadores utilizando falsas cooperativas de
trabajadores; crearon una gran confusión en la cadena productiva de
la naranja perjudicando a los trabajadores y a los productores. Hoy,
buena parte de la población dedicada al cultivo de naranjas se
encuentra en la pobreza, mientras las empresas acumulan ganancias
espectaculares”.
El 26 de enero de este año Globo Rural daba cuenta de que la
Secretaría de Derecho Económico del Ministerio de Justicia había
ejecutado la “Operación Fanta”, secuestrando más de 30 bolsas de
documentos de varias de estas empresas. Junto a la documentación
también fue decomisada una ametralladora Uzi en el escritorio de uno
de los directores de Cutrale.
El procedimiento fue consecuencia de las denuncias que la
FERAESP venía presentando desde el año pasado para obligar a las
empresas a establecer una negociación seria. Ante el cúmulo de
presiones, Cutrale solicitó que las negociaciones fueran
retomadas. Consultado por SIREL, Elio Neves, presidente de la
FERAESP, afirmó: “El Ministerio Público, retomando
nuestros reclamos, estableció que la empresa tenía que cambiar de
posición, porque si venía a negociar sin propuestas no había nada
que hacer, y tenía que participar en la mesa de negociaciones
alguien que pudiese tomar decisiones. La empresa delegó al Director
Financiero, quien planteó que los intereses del mercado están
exigiendo una nueva postura de la empresa”.
Al cabo de una extensa reunión celebrada el miércoles 1 de
febrero, la empresa se comprometió a no tercerizar los trabajos en
las plantaciones de su propiedad y a continuar negociando un nuevo
modelo de contrato con los plantadores. Sobre esto último, Neves
comentó a SIREL que ”Lo que plantean los productores es
que la cosecha sea responsabilidad directa de la empresa, porque en
realidad es Cutrale la que controla la cosecha, pero
transfiere el conflicto a productores y trabajadores. La empresa
manda y nosotros nos enfrentamos con los productores. En realidad es
Cutrale quien nos manda a los dos. Lo que reivindicamos los
productores y el sindicato es que el fruticultor sólo cultive las
naranjas, para que cuando Cutrale compre la producción y
asuma la cosecha los trabajadores deban ser contratados directamente
por ella. Esa es la lucha que queda por delante.”
Para el 7 de febrero quedó citada una nueva reunión en la que
cada una de las partes debe presentar su propuesta de contrato. La
eliminación de las tercerizaciones es un paso adelante que marca una
voluntad de cambio cuyo alcance se confirmará a partir de la próxima
reunión.
