FLORICULTURA│DERECHOS HUMANOS

Con María Victoria Quiñones 

Las espinas

de las flores colombianas

 

Durante la realización del Foro Binacional sobre la Floricultura celebrado del 21 al 22 de abril, la abogada María Victoria Quiñonez aportó una comprometida intervención que resumimos a continuación.

 

Colombia y Ecuador se encuentran entre los primeros lugares en la producción y exportación de flores a nivel mundial. Sus trabajadoras y trabajadores, sin embargo, están hundidos en la más absoluta desprotección y miseria.

 

María Victoria tiene una experiencia de diez años de trabajo en la principal región productora de flores de Colombia: la Sabana de Bogotá. Su intervención en el Foro comenzó abordando las condiciones de trabajo y salud en el sector.

 

“Hace algún tiempo -relató- la edad máxima para ingresar a la actividad era los 40 años. Ahora las empresas buscan a personas que no superen los 30 años porque saben muy bien que la gente con más edad no aguanta el rigor e intensidad del trabajo.

 

Uno de los problemas más comunes que vemos tiene que ver con el Síndrome del Túnel Carpiano y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS). En este último caso, si se hace un relevamiento de la época con mayor incidencia de estas enfermedades se verá que coincide con las fumigaciones que se aplican cuando inician las temporadas altas: San Valentín, el Día de la Madre.

“Si se hace un relevamiento de la época con mayor incidencia de estas enfermedades respiratorias, se verá que coincide con las fumigaciones que se aplican cuando inician las temporadas altas: San Valentín, el Día de la Madre”

 

Pero las empresas nunca van a reconocer esta situación -advierte María Victoria-, y aducen que es un problema de las lluvias intensas, o del cambio climático, o cualquier otra cosa menos reconocer una enfermedad profesional”.

 

Mano de obra descartable

 

En Colombia operan las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), especializadas en negar derechos y servicios a los trabajadores accidentados o enfermos ya que sus utilidades se incrementan en la medida en que no se reconozca el origen profesional de una patología.

 

Según María Victoria, “Cuando hay mucho personal con su capacidad de trabajo reducida por enfermedad, las empresas cambian de ARP y así los trabajadores pasan de un lado para otro. ¿Qué hace la nueva ARP? Sencillamente se lava las manos argumentando: ‘Cuando usted se accidentó, cuando usted se enfermó, no estaba cotizando conmigo’.

 

De esa manera hay una gran cantidad de personas sin la posibilidad de ganarse la vida porque han perdido capacidad para trabajar, pero tampoco tienen a quien acudir para recibir un tratamiento”.

 

Falta capacitación

 

Otra problemática consiste en que “el trabajador o la trabajadora no son capacitados. A veces se elaboran Panoramas de Factores de Riesgo, pero nadie los conoce, o se crean los Comité Paritarios de Salud Ocupacional (COPASOS), pero éstos nunca operan y en la mayoría de los casos a los representantes de esos Comité ni siquiera se los capacita para actuar cuando se presenta un accidente de trabajo.

 

No hace mucho un operario que estaba colocando plástico en un invernadero tuvo un accidente -relató María Victoria-. Un tensor se soltó cortándole el rostro y la gente no sabía qué hacer. Cuando al final lo pudieron atender surgió el otro problema que comentaba recién: el operario era afiliado a la ARP COLPATRIA, y como la empresa se había cambiado de ARP simplemente no le querían reconocer sus derechos.

“Hay una gran cantidad de personas sin la posibilidad de ganarse la vida porque han perdido capacidad para trabajar, pero tampoco tienen a quien acudir para recibir un tratamiento”

 

Afortunadamente pude acompañar al trabajador a COLPATRIA como si fuera un familiar y luego me identifiqué como abogada, por eso lo atendieron. Ese trabajador está ahora pensionado y lleva cinco cirugías, pero todavía se le continúa el tratamiento porque ese día yo andaba por ahí. Si no hubiera sido así –sentenció la abogada-, estaría como la mayoría de los trabajadores lesionados: total y absolutamente desprotegido y abandonado”. 

 

Luego María Victoria narró el caso del hijo de 20 años de una de sus amigas que en diciembre pasado se vinculó a una empresa para trabajar en temporada, pues necesitaba una computadora para sus estudios.

 

Pocos días después de que el joven comenzara a trabajar su amiga la llamó desesperada y le pidió que acudiera a su casa.

 

“Fui a ver al muchacho y lo encontré con la vista completamente irritada y dolorida. Me relató que ‘Estaba en el cuarto frío, me pusieron unas tinas con agua y me dijeron que echara cloro dentro. Yo veía que salía humo y allí fue que me empezaron a doler mucho los ojos’.

 

¡Por favor! -exclamó María Victoria- ¿Cuánto cuesta un par de gafas plásticas? Pudieron haber dejado ciego a un muchacho de 20 años por economizar menos de dos dólares.

 

Finalmente, quiero enfatizar que los derechos no se ruegan, no se suplican, se exigen porque son nuestros, y si no los exigimos como nos corresponde nos van a seguir avasallando”, concluyó.

 

 

Galería Fotográfica  

En Fucativá, Gerardo Iglesias

Rel-UITA

4 de mayo de 2012

 

 

 

 

Foto: Alexandra Muñox

 

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