Hace 20 años,
profesionistas
residentes en Cancún alertaron sobre la urgencia de consolidar ese polo
turístico y mejorar las condiciones en que vivían miles de personas que
dependían de esa actividad. Era un error, decían, dejar que el libre mercado
expandiera desordenadamente la ciudad. Los ignoraron. Y es que a Cancún
llegaban cada vez más inmigrantes en busca de empleo y una vida mejor.
Muchos hicieron realidad sus sueños, pero muchísimos otros engrosaron las
colonias marginales, la cara oscura de la lujosa zona hotelera. Cancún
crecía como ninguna otra ciudad del país; sus hoteles y servicios saturaron
más de 20 kilómetros de franja costera, pero se olvidó proteger de la
contaminación y la eutroficación a sus lagunas Bohórquez y Nichupté,
mientras crecía el número de pobres. Al proyecto ejemplar planteado hace 40
años, se impuso la ganancia rápida, la falta de un plan rector de
crecimiento urbano, la corrupción oficial y de grupos privados.
Ni siquiera el huracán Gilberto sirvió para enmendar
los errores. Por el contrario, se echó a caminar otro frente turístico en
los 120 kilómetros que corren de Cancún a Tulum: la Riviera Maya. Pronto
llegaron aquí las inversiones, en especial de origen español, y los
visitantes que dejan divisas y rechazan el estilo mayakitsch de
Cancún. "Vienen por todo" los españoles y su paquete todo incluido,
me dijo una conocedora de la región, y lo están logrando gracias a las
facilidades que les dan las instancias oficiales y a la falta de una
política para hacer cumplir la normatividad ambiental, el uso del suelo y
los recursos litorales.
También en la Riviera creció la pobreza y la desigualdad.
Muchas fortunas de políticos, funcionarios y nuevos empresarios, el lavado
de dinero y el narco, se deben a esta forma de ocupar el espacio
costero, a la corrupción. Algo que también ha sucedido en España de
la mano de funcionarios pertenecientes al partido cuyo ideólogo es el señor
Aznar. Con la diferencia de que allá unos cuantos implicados están en
la cárcel.
Algunos planes oficiales anunciados para evitar que siguiera
la ocupación salvaje del Caribe no se cumplieron. La obra pública, los
permisos y todas las facilidades se dirigen a garantizar las inversiones de
los nuevos conquistadores. Un ex funcionario federal de alto nivel me
explicó su imposibilidad de hacer cumplir la ley ambiental, la desidia
oficial: era más poderosa la corrupción oficial y privada, unida a la
necesidad de dar empleo a miles de familias indígenas de Yucatán, Campeche,
Chiapas y otros estados con pobreza extrema, a fin de evitar el descontento
y los apoyos a grupos radicales. La pobreza que se oculta al turista
extranjero y a visitantes distinguidos cambió de paisaje.
Los huracanes Wilma y Emily de hace dos años
fueron otra llamada de atención, no escuchada, sobre la necesidad de cambiar
de rumbo para evitar seguir creciendo así. Hoy la erosión y el calentamiento
global dejan sin playas a los hoteles. Pero los inversionistas quieren más:
durante la reciente visita del mandatario español a Cancún los empresarios
de allende el mar se quejaron de los problemas que enfrentan por falta de
vialidades adecuadas y aeropuerto en la Riviera Maya, así como por los
innumerables trámites y permisos que deben obtener para realizar sus
negocios. Exigieron. Y el mandatario de aquí y el de allá, felices por la
creación de empleos y las inversiones. El de aquí ofreció atender sus
demandas. Ni una respuesta a las denuncias de las agrupaciones sociales y
ambientales sobre la corrupción y la ocupación salvaje del Caribe mexicano
por parte de los grupos empresariales. Ninguna reflexión sobre la pobreza y
la desigualdad creadas por un modelo de crecimiento turístico obsoleto.
En el colmo, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales acepta que conoce las denuncias sobre el deterioro
ecológico que han causado las empresas españolas. Sabe, pero no actúa, como
el resto del aparato gubernamental. Sí, quieren todo pagado, como los all
inclusive, como la idea benemérita de que no le deben nada al gobierno,
y si éste quiere que le den las gracias, debe pagarles por anticipado.
Iván Restrepo
La Jornada
24 de julio de 2007
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