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La
Procuraduría General de la República (PGR) decidió ejecutar un secuestro
preventivo del complejo turístico Barceló Montelimar, propiedad del Grupo
Barceló, por una deuda que la transnacional española vendría arrastrando desde
que, en 1993, el Estado le vendió lo que se conocía como Complejo Turístico
Montelimar.
Después de la derrota electoral del Frente Sandinista en
1990, que terminó con el período del gobierno revolucionario que había tomado el
poder en 1979 derrotando por medio de la lucha armada a la dinastía de los
Somoza, comenzó un rápido, y a veces poco claro, proceso de privatización de
las más de 350 empresas estatales que existían en el país.
Con el Acuerdo Presidencial No 102-93 del 5 de
mayo de 1993, la entonces Presidenta de la República, Violeta Barrios de
Chamorro, acogió la propuesta presentada por la Junta General de
Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP), dictando la
autorización para negociar y ejecutar la privatización del Complejo Turístico
Montelimar, que en aquel entonces estaba bajo el control y administración
del Estado por medio de la Empresa Hoteles Internacionales SA (HOTELINSA).
Ese complejo turístico está asentado en un lote de terreno de
209 hectáreas que fue desmembrado del fondo principal, constituido por una finca
de 4.983 hectáreas que se encuentra en el municipio de San Rafael del Sur, en la
costa sobre el Pacífico, a 65 kilómetros de Managua, y que estaba bajo
dominio y posesión del Estado por medio de la confiscación de todos los bienes,
los derechos y acciones de la Sociedad Empresa Azucarera Montelimar SA,
propiedad de la familia Somoza.
Negocio claro,
cuentas turbias
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Conferencia de Prensa,
Grupo Barceló |
El 18 de mayo de 1993, el Estado nicaragüense vendió ese
lote, con todos los bienes muebles e inmuebles existentes, a Auxiliar SA
o Grupo Barceló, por la exigua cantidad de 3 millones de dólares, al
mismo tiempo que la empresa española reconocía “tener un saldo del precio de
venta a favor del vendedor HOTELINSA, el que se compromete a pagar en
diez cuotas anuales consecutivas (…), que se determinarán en función del
porcentaje de ocupación de las instalaciones existentes a la fecha de este
contrato”, cita textualmente la escritura de compraventa.
Según lo acordado en la escritura, el Grupo Barceló
iba a gozar de tres años de gracia, comenzando a pagar sus cuotas a partir del
cuarto año desde la firma del contrato y por diez años consecutivos, terminando
sus pagos eventuales en 2006.
El pago de cada cuota dependía del porcentaje de ocupación
alcanzado, estableciendo un mínimo del 65 por ciento para el primero y segundo
año y del 60 por ciento para los restantes ocho.
El valor de las cuotas variaban según el porcentaje
alcanzado, e iban desde un mínimo de 50 mil dólares a un máximo de 250 mil, y
ese porcentaje de ocupación debía ser verificado cada año por una firma de
auditores internacionalmente reconocida y registrada en Nicaragua, a
opción de Auxiliar SA. La escritura preveía también que por cada retraso en el
pago, la compañía española iba a ser penalizada con un 10 por ciento anual de
mora “desde la fecha de incumplimiento y hasta el total y efectivo pago”, como
refleja la escritura misma. Auxiliar SA se comprometía también a invertir
en el sector turístico del país por lo menos 5 millones de dólares, y en caso de
no cumplir esta cláusula, el Estado podía pedir la rescisión inmediata del
contrato.
No hay mejor
defensa…
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Tomás Delaney |
Según declaraciones del Procurador General, Hernán Estrada,
a El Nuevo Diario, el Grupo Barceló no habría cumplido con la cancelación
de la deuda, cuya última cuota venció en 2006 durante el gobierno de Enrique
Bolaños.
Tomás Delaney
es actualmente representante legal de Barceló Montelimar, y, ¡vaya
coincidencia!, en 1993, al momento de la venta del Complejo
Turístico Montelimar al Grupo Barceló, se desempeñaba como
¡director de Asuntos Legales de la Presidencia de la República! El pasado 20
de noviembre de 2006 Delaney envió una carta a CORNAP pidiendo un
documento de liberación definitiva de la obligación, pero ese finiquito nunca
fue entregado.
Durante una conferencia de prensa brindada la semana pasada,
los representantes del Grupo Barceló rechazaron el embargo preventivo
contra el complejo turístico, ya que las auditorías realizadas por Price
Waterhouse a lo largo de diez años mostraron que nunca se alcanzaron los
niveles ocupacionales mínimos necesarios para exigirle el pago de las cuotas.
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Tomás Delaney |
Presentaron también una auditoria que comprueba inversiones
por un monto superior a los 5 millones de dólares, cumpliendo de esta manera
otra cláusula del contrato.
Para Tomás Delaney “no hay nada que negociar porque el
Grupo Barceló demostró a lo largo de los años que no le debe nada al
Estado de Nicaragua. Todavía no hemos logrado reunirnos con el Procurador
y no sabemos exactamente por qué dictó el secuestro preventivo”, detalló el
representante legal de la empresa transnacional española.
Estas declaraciones contrastan con una carta fechada el 13 de
diciembre de 2007 enviada por el procurador Estrada a Tomás Delaney,
referente a la “solicitud de finiquito de compra venta relacionada con la
Sociedad Auxiliar SA del complejo turístico Montelimar (Grupo
Barceló)”. En esa carta el Procurador aclara que “siendo que CORNAP
me ha pedido que intervenga en esta evidente lesión al patrimonio del Estado, le
informo que mientras la deuda no sea cancelada el referido instrumento está en
pleno vigor, por lo que lo insto a cancelar la deuda pendiente favor del
Estado”.
Madre patrona
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Hernán Estrada |
El conflicto con el Grupo Barceló, al que se suman las
difíciles relaciones que el actual gobierno está teniendo con otra empresa
española, Unión Fenosa, que controla en régimen de monopolio la
distribución de energía eléctrica en el país, ha trascendido a nivel de
relaciones entre gobiernos. En las semanas pasadas, el ministro de Asuntos
Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, saliendo en cerrada
defensa del capital español en el extranjero, aprovechó la visita a la península
ibérica de su homólogo nicaragüense Samuel Santos, para solicitarle al
gobierno de Nicaragua “seguridad jurídica de las inversiones españolas”.
Mucho más fuertes han sido las declaraciones de José Escalante Alvarado,
presidente de la Cámara de Comercio Española en Nicaragua, quien advirtió
al gobierno de Daniel Ortega de “no jugar con el fuego, porque parece que
últimamente las empresas españolas están como de moda en el país, y estamos
sintiendo algo muy parecido al acoso”.
Hasta la fecha la Procuraduría General de la República (PGR)
no ha respondido de manera formal a los argumentos expuestos por el Grupo
Barceló en conferencia de prensa, pero a través de algunas declaraciones del
procurador Estrada se supo que se estaría demandando un pago de 1,4
millones de dólares por la deuda existente, y que se considera que lo que se
pagó en 1993 (3 millones de dólares) resulta ser un “precio vil” por un terreno
de 209 hectáreas, más todos los muebles e inmuebles del complejo turístico.
Además, esta cotización fue hecha por la misma compañía auditora que, años más
tarde, fue llamada por el mismo Grupo Barceló a auditar los niveles de
ocupación de los cuales dependía el pago de las cuotas anuales a pagar al
Estado.
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