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En Centroamérica el turismo
se ha convertido de forma acelerada en un importante eje de acumulación
económica, contribuyendo de forma decidida a una transformación económica
estructural en estos países. Pero a pesar del impacto devastador del gran
capital turístico la capacidad de movilización global aun es limitada, presentó
en su ponencia Ernest
Cañada,
coordinador de ALBA SUD y miembro del GIST.
Pese a la imagen positiva que
se le quiere dar a la inversión de las grandes cadenas turísticas, siguen
generándose diferentes escenarios de conflictividad y resistencia a un modelo
depredador, cuyos efectos aun no están siendo tomados suficientemente en cuenta
por el grueso del movimiento altermundista. Según el coordinador de ALBA SUD,
Ernest Cañada, es cada día más necesario estudiar, reconocer e identificar
una nueva conflictividad socio-ambiental, que se ha generado a raíz de la
expansión desmedida del turismo. “No son suficientes los enfoques que ponen el
acento en los impactos del turismo, sino que hay que estudiar y evaluar el nuevo
escenario de conflictividad socio-ambiental originado por este fenómeno”.
El desarrollo turístico
comporta agresiones y afectaciones a distintos sectores de las sociedades
centroamericanas, y resulta necesario entender de qué manera se están
produciendo, cómo están funcionando y cuáles son las reacciones, proponiendo una
discusión sobre las diferentes tipologías del conflicto turístico en esa área.
De acuerdo con el documento
presentado por Cañada en el marco del segundo Seminario sobre “Turismo y
desarrollo en Centroamérica, México y El Caribe”, existen cinco grandes ámbitos
de conflicto.
El primero tiene que ver con la
instalación de la actividad turística en zonas donde existen comunidades con
acceso a recursos naturales, y que están instaladas en un territorio que
reconocen como suyo. “La introducción de la actividad turística rompe esta
situación y genera la pérdida del acceso a los recursos naturales básicos
(tierra, agua, alimentación) y de la territorialidad. Esto comporta una
conflictividad ante el proceso de desposesión”, explicó Cañada.
Otro nivel de conflictividad
surge cuando se pone en marcha la actividad turística y se genera un impacto
destructivo desmesurado. “En ese caso, no solamente puede haber una reacción de
la comunidad desposeída, sino también de otros actores involucrados
(organizaciones sociales, vecinos y algunas autoridades locales) que tratan de
poner un freno, un mecanismo de regulación, ante los abusos que genera la
urbanización turística”, dijo el coordinador de ALBA SUD.
Declaración de Montelimar:
La política al servicio del gran capital
La presión impuesta por la
industria turística para desregular las legislaciones y las políticas
nacionales, representa un tercer escenario de conflicto. “Tiene que ver con la
legislación, con el cambio de política fiscal, el acceso a costas, entre otros.
Desde que en 1996 se dio la Declaración de Montelimar –continuó Cañada–,
hay una presión constante de la industria turística para imponer sus reglas”.
Con esta Declaración, los gobiernos centroamericanos acordaron que el turismo
era un sector estratégico e impulsaron la promoción intrarregional, la
comercialización de paquetes turísticos, la creación de legislación y políticas
e incentivos a la inversión extranjera y la cooperación con el sector privado.
Ante esta decisión, algunos sectores trataron de resistir generando un nuevo
escenario de conflictividad.
El cuarto ámbito de conflicto
tiene que ver con la deshomogeneidad del capital turístico. “No siempre tiene
los mismos intereses y se generan contradicciones internas. En este caso, la
explotación de la actividad turística conlleva puntos de contradicción
intraempresarial, generando el desplazamiento del pequeño y mediano empresario
frente al gran capital turístico nacional, regional o internacional.
Finalmente –recordó Cañada–,
las condiciones de precarización de la vida y del trabajo de las personas que se
involucran en la actividad turística, abre otro espacio de conflictividad. Se
trata de la reacción de los trabajadores ante la degradación de sus
condiciones”.
Una limitada movilización global
El impacto de la actividad
turística genera múltiples reacciones, cuya intensidad depende del contexto
histórico y político de cada país. Sin embargo, lo que se puede encontrar “es un
cierto ritmo común en la evolución del conflicto. Lo interesante como elemento
de análisis es ver cuándo tenemos o no tenemos conflicto, y en qué condiciones
se desarrolla, con qué características. A un mayor impacto no necesariamente
corresponde una mayor conflictividad, porque depende de la capacidad de
organización y resistencia de la gente”, explicó Cañada.
En el ámbito laboral, por
ejemplo, las organizaciones sindicales aun tienen una muy débil penetración en
el sector hotelero y turístico en general. En muchos casos depende de las
fuertes políticas antisindical impuestas por las grandes cadenas
transnacionales. Otro sector extremadamente vulnerable es el de la construcción.
Se trata de mano de obra migrante que vive en condiciones de ilegalidad,
explotación y vulnerabilidad.
Ante esta situación y al nuevo
fenómeno de consolidación de grupos económicos nacidos en la región, como por
ejemplo el Grupo Pellas, que ahora están buscando más acumulación de capital en
el sector turístico residencial, el desarrollo de un movimiento global de
resistencia y construcción de alternativas frente al modelo turístico dominante,
sigue débil.
Según el coordinador de ALBA
SUD, uno de los principales obstáculos es que el grueso del movimiento
altermundista aún no ha reconocido a la industria turística como una seria
amenaza. “Frente a este modelo de desarrollo turístico es necesaria una doble
actuación: fortalecer las resistencias y desarrollar y sostener otro modelo
turístico de carácter endógeno, basado en la economía popular, y construido
sobre la base de una alianza entre las iniciativas comunitarias y el pequeño y
mediano empresario local, y poderes públicos al servicio de la gran mayoría de
la población centroamericana”, concluyó.
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